Archivado el caso contra la bodega asturiana a la que el Seprona acusó de vender vino caducado
El Juzgado recuerda que la compañía debe recibir una sanción administrativa, pero que "no toda controversia exige una respuesta penal".
14 septiembre, 2023 02:59El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo (Asturias) ha archivado la causa judicial contra los responsables de la bodega a la que la Guardia Civil acusó de vender vino "caducado".
En un auto fechado el pasado día 11 de septiembre, la juez Simonet Quelle Coto señala que los hechos no deben sancionarse por la vía penal, sino por la administrativa. Es decir, con una multa. Hasta ahora, tres personas figuraban como investigadas en esta causa por un presunto delito contra la salud pública.
Según recoge el auto, "no se ha podido probar que el vino fuera nocivo para la salud". "Ni tampoco que todo o parte de dicho producto (...) se haya ofrecido al mercado", añade. Por ello, la Justicia, en sintonía con la Fiscalía, descarta el delito contra la salud pública.
Para que éste se produzca debe darse, como requisito, "la efectiva nocividad del producto", señala la magistrada. "La aplicación del Derecho Penal ha de exigir la constatación de un riesgo subjetivo ex ante y ex post para la vida o salud", añade.
Ahora bien, la resolución admite que las conductas de los investigados —uno de ellos, defendido por el despacho madrileño Ospina Abogados, especializado en Penal— sí pueden ser sancionadas administrativamente. Concretamente, las relativas al estado de las instalaciones en las que almacenaban los caldos o los procesos a los que eran sometidos allí.
De hecho, la sociedad, Grupo Campo Robles SL, que se dedicaba al envasado de caldos y se declaró el concurso voluntario el pasado 8 de noviembre, ya ha sido multada por 200 euros por las "deficientes condiciones higiénicas" de sus naves.
También, con 5.001 euros, por "infracción grave por la presencia de seis garrafas de cuatro litros de vermú sin etiquetado y de origen desconocido".
A su vez, la empresa recibió una sanción por "la presencia de 900 litros de mosto a temperatura ambiente" y "por no presentar la documentación necesaria que acreditara la destrucción de los productos desinmovilizados para su destrucción voluntaria".
La juez recuerda en su auto que "no toda controversia exige una respuesta penal". De hecho, el Derecho Penal debe utilizarse como "última ratio" y "no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos no penales para restablecer el orden".
El caso se inició después de que el Seprona [el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil] recibiese una denuncia anónima y registrase las instalaciones de la empresa vinera.
En varios atestados, incluidos en el sumario del caso y a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los agentes que inspeccionaron la zona señalaron que ésta "presentaba un estado lamentable".
Los guardias civiles que acudieron a las naves industriales señalaron que estaban "impregnadas, de forma persistente, por un olor a vinagre y pudrición que es difícil de describir". "Lo cual indica que en algún lugar hay vino en mal estado", concluyó el Seprona, que alertó en su atestado de que las paredes tenían "moho negro", lo que suponía un evidente "riesgo sanitario". "No es posible conocer los clientes a los que ha sido vendido el producto", señalaba el documento, fechado el 1 de agosto de 2022.
En otra visita posterior, la Guardia Civil detectó, tal y como hizo constar en otro atestado, "lo que parece ser mosto en estado de descomposición". "El producto se encontraría caducado", concluyeron los agentes, que se quejaron de que el sistema interno de trazabilidad que la empresa usaba era "farragoso".
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Tras las tres inspecciones oculares que el Seprona realizó, atribuyó a los responsables de la empresa el "almacenamiento de productos en condiciones insalubres y sin garantía sanitaria", la "puesta en el mercado de productos caducados, como vermú blanco y vino dulce" y la "ocultación de productos destinados a su destrucción". A dos de estas inspecciones acudieron también funcionarios del departamento de Salud Pública del Principado de Asturias.
Actualmente, la empresa se encuentra en liquidación. Su objeto social era el de "elaboración y embotellado de toda clase de vinos, así como el comercio al por mayor y al por menor de toda clase de bebidas".