El PP avisa a Bolaños: "No habrá acuerdo si no se acepta que los jueces elijan el CGPJ, como pide la UE"

Pero los 'estándares europeos' no significan para el PP lo mismo que para el PSOE. Fuentes socialistas sostienen que en la UE no hay una única fórmula de nombramiento de los miembros de los Consejos Judiciales e interpretan que la Comisión Europea "no exige" que en España se retorne a la elección de los vocales judiciales por los jueces.

Se basan en que la elección por los jueces de una parte de los miembros del CGPJ "no aparece" en los informes de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho de 2022 y 2023, citados por Reynders como marco de las conversaciones a las que ha citado a los dos negociadores, el ministro Félix Bolaños y el dirigente del PP Esteban González Pons.

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En esos dos últimos informes, la Comisión propone "proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos".

Sin embargo, la recomendación de que, al menos, la mitad de los miembros del Consejo Judicial sean elegidos de forma directa por los propios jueces ha figurado expresamente en todos los informes anteriores elaborados por la Comisión sobre el Estado de derecho en España (por ejemplo, aquí y aquí).

La Comisión nunca ha modificado su postura respecto a esa recomendación y respecto a que esa recomendación es, precisamente, la que responde al estándar europeo.

La insistencia de Reynders

El propio comisario de Justicia se ha cansado de repetir en los últimos años, tanto en Madrid como en Bruselas, que los estándares europeos consisten en que los jueces deben poder elegir a los vocales judiciales del Consejo Judicial en aquellos países de la UE que cuentan con esta institución.

Así lo manifestó, entre otras ocasiones, en el Congreso de los Diputados el 29 de septiembre de 2022, cuando se reunió con la Comisión Mixta para la Unión Europea. 

"Los estándares europeos prevén que un Consejo del Poder Judicial se componga por una mayoría de jueces y que estos sean elegidos por sus pares, es decir, por otros jueces. Esto es lo que figura, de hecho, en una decisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 2010", explicó Reynders.

Reynders no ha improvisado que el estándar europeo es que los jueces puedan elegir a sus representantes en los consejos judiciales. La Recomendación CM/Rec (2010)12, aprobada por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, ya impuso hace 24 años ese criterio.

Texto de la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los Consejos de la Judicatura./ E.E.

Aunque la Recomendación no tiene carácter vinculante, no solo la Comisión Europea, sino también el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han asumido la necesidad de que los Estados miembros se ajusten a ese criterio.

Todo ello proporciona al PP una base sólida para vincular la renovación del CGPJ -en prórroga de mandato desde hace cinco años, una situación nunca vista en Democracia- con el cambio de la fórmula legal para elegir a los consejeros que deben proceder de la carrera judicial.

En este sentido, la eventual tentación de Moncloa de soslayar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión con argucias interpretativas sobre lo que son los 'estándares europeos' puede tener consecuencias fatales.

"Nosotros no tenemos ningún problema en levantarnos de la mesa si el Gobierno, que acepta pactar la amnistía con los separatistas, no acepta pactar el cambio de la ley para despolitizar el CGPJ en el sentido indicado por Europa", afirman en Génova.

"A ver cómo explican que no quieren cumplir los estándares europeos sobre el Estado de derecho", añaden. 

"Si no hay reforma legal para la elección judicial del CGPJ no va a haber acuerdo", insisten las fuentes consultadas, que no descartan un escenario en el que "todo fracase al poco de empezar".

"Desde cero"

Los populares insisten, de otro lado, en una segunda premisa: "no pactaremos el nombre del presidente del CGPJ".

Ésta ha sido otra perversión del sistema parlamentario de elección del Consejo General del Poder Judicial. En todas y cada una de las renovaciones, PSOE y PP no solo se han repartido las vocalías en función de la representación parlamentaria (justo lo que prohibió el Tribunal Constitucional), sino que han determinado por anticipado quién iba a ser el presidente del Poder Judicial.

Pese a que la elección corresponde a los propios vocales, éstos reciben la indicación de los partidos que les nombran sobre la persona que tienen que elegir como presidente.

De este modo, aunque en ocasiones los vocales debaten sobre distintos candidatos y alguno de ellos incluso recibe algún voto de cortesía, nunca se ha puesto en peligro el pacto político sobre la Presidencia del CGPJ, que conlleva también la Presidencia del Tribunal Supremo.

Las fuentes de Génova consultadas indican también que la negociación que se retoma este miércoles en Bruselas con la mediación del comisario de Justicia "empieza desde cero".

El PP no se considera vinculado por las conversaciones que mantuvo con el PSOE en octubre de 2022 y que saltaron por los aires cuando el Gobierno acabó admitiendo que iba a suprimir el delito de sedición y a suavizar la malversación de fondos públicos para favorecer a los encausados del 'procés'.

El negociador socialista, Félix Bolaños, había negado a González Pons que esa reforma penal se fuera a hacer, por lo que el PP se sintió engañado.

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En esa última negociación llegaron a estar cerrados los nombres de los 20 vocales, pero no se había llegado a un acuerdo final sobre qué hacer con el sistema de elección de los vocales judiciales.

Bolaños propuso encargar al nuevo CGPJ la redacción de una propuesta de reforma, pero esta salida quedó pendiente de una reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que no llegó a celebrarse.

En esa última negociación también se alcanzó un acuerdo sobre una proposición de ley conjunta para que no haya puertas giratorias entre la Judicatura y la política y para que personas que han ocupado cargos políticos no puedan ser nombradas para órganos jurisdiccionales.

"Y a los dos meses el Gobierno metió en el Tribunal Constitucional al exministro Campo y a la directora general de Presidencia Laura Díez", recuerdan en el PP.