Archivado el caso sobre el uso de test de ADN caducados en el 17-A y que dio alas a la tesis de Junts

Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, fechada a finales de 2023, pero que no había trascendido hasta ahora.

Precisamente, el partido independentista Junts aludía a esta investigación judicial —desvelada en exclusiva por EL ESPAÑOL— en el escrito en el que recogía su plan de trabajo de cara a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre los atentados del 17-A.

Esta masacre islamista se produjo en 2017, fecha que está incluida en el intervalo (2015-2020) analizado durante la instrucción.

La formación señalaba que los análisis de ADN en los que se basó la conclusión de la investigación policial "no cumplen los estándares europeos". La tesis de Junts se basa en deslizar que el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, el cerebro que coordinaba la célula yihadista, podía, por tanto, estar vivo.

De hecho, el partido político se basó también en las palabras del excomisario José Manuel Villarejo, que sostiene que el atentado, en realidad, se debió a un "error" del CNI para dar un "susto" a Cataluña, mediante la creación de un "comando ficticio" para "dar la apariencia de riesgo", de modo que la comunidad autónoma "sintiera la necesidad de protección del Estado".

No obstante, conviene recordar la manifiesta enemistad del excomisario con el entonces jefe del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán. Éste es, precisamente, uno de los nombres que Junts pretende que asistan a la comisión de investigación del Congreso sobre el 17-A.

Ya el 15 de marzo de 2023, la Generalitat de Cataluña solicitó el archivo del caso para un agente de la Policía autonómica investigado. Por su parte, el pasado 28 de julio, la Fiscalía lo pidió para Esperanza Cartiel (subdirectora general de Recursos Humanos de la Dirección General de los Mossos) y Alejandro Barros (jefe de la Unidad Central del Laboratorio Biológico de los Mossos).

En respuesta, la juez Patricia Brotons opta por archivar la causa para Cartiel, ya que se había dictado el sobreseimiento para ella en julio de 2023, sin que ninguna de las partes lo hubiera recurrido. Por ello, aquella decisión se convirtió en firme. Lo mismo sucede con Jaume Domingo Coll, otro de los investigados para quien la causa fue archivada en esa fecha. Este último fue, hasta agosto de 2021, jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General del Departament de Interior de la Generalitat catalana.

La magistrada, además, archiva la causa para el agente que ejercía como jefe del Laboratorio Biológico de los Mossos d'Esquadra cuando sucedieron los hechos investigados. Brotons descarta, tras analizar su actuación, el delito de prevaricación, ya que, simplemente, se limitó a ordenar la destrucción de los reactivos caducados. Pese a ello, también descarta que haya cometido malversación. Sí es achacable una "mala previsión", pero su actuación no fue una "deliberada decisión errónea" ni causó un "concreto perjuicio a la Administración".

"Expuestos tales argumentos", concluye la juez, "no puede llegarse a otra conclusión que acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al agente". "Unido al de los otros dos investigados, supone el archivo de la presente instrucción", finaliza. No obstante, el denunciante de esta causa ha recurrido ya esta decisión ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

Fue, precisamente, este tribunal el que revocó una decisión anterior de la juez de cerrar el caso en 2021 y le obligó, ya en 2022, a reabrirlo.