La asociación mayoritaria de jueces sale en defensa de Peinado con una carta a Von der Leyen

La APM también ha instado una reacción del nuevo Consejo General del Poder Judicial para que, "cumpliendo su papel constitucional, defienda y ampare a los jueces en su independencia".

La asociación mayoritaria -con más de 1.400 asociados, la cuarta parte de la carrera judicial- señala que, aunque las resoluciones judiciales están sujetas a crítica, "lo que está sucediendo en las últimas semanas excede de lo asumible en una democracia plena, donde debe existir un respeto a la independencia judicial y a las actuaciones de los jueces".

Hoy mismo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha acusado a Peinado de "retorcer la ley" por su decisión de tomar declaración a Pedro Sánchez como testigo presencialmente en lugar de por escrito.

"Muchos operadores jurídicos piensan como yo que esta instrucción es un paradigma de lo que no debe ser una instrucción judicial porque es prospectiva y carente de objetivo de investigación”, ha dicho Marlaska, que proviene de la carrera judicial.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, que también ha sido magistrada, ha criticado igualmente a Peinado, al que ha acusado de no garantizar el derecho de defensa de Gómez y de actuar de forma "contraria a lo que hace la inmensa mayoría de los jueces de este país".

La propia portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aprovechó el pasado martes la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para decir que "este asunto es exactamente lo que parece. No es una causa judicial, es una causa política alimentada por la derecha y la ultraderecha con el objetivo de atacar al presidente y su familia y erosionar al Gobierno progresista".

En el mismo sentido se ha manifestado reiteradas veces el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

Para la Asociación Profesional de la Magistratura, los miembros del Ejecutivo y el Legislativo "deben evitar socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial".

"Así lo ha recordado la propia Comisión Europea en el informe sobre la situación de Estado de Derecho en nuestro país que conocimos la pasada semana", recuerda.

"Nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes para cuestionar las decisiones judiciales, pudiendo interponerse por quienes son parte en el procedimiento los recursos que estimen oportunos si entienden que una resolución no es ajustada a Derecho", añade.

"Lo que no cabe ni puede admitirse, en modo alguno, es el ataque personal al juez instructor -incluso a su familia-, las acusaciones veladas de prevaricación o el intento de darle instrucciones sobre qué decisiones debe adoptar en el procedimiento, indicando que procede el archivo o que 'aquí no hay nada de nada', etc.".

El escrito finaliza señalando que "esperamos que estos ataques injustificados y estas críticas furibundas cesen y confiamos en que el Consejo General del Poder Judicial que ahora comienza su andadura, cumpliendo su papel constitucional, defienda y ampare a los jueces en su independencia".