Sánchez acusa al juez Peinado de prevaricar por el "abuso" de citarle con un "fin extraprocesal"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha querellado contra el juez que investiga a su mujer, Juan Carlos Peinado, por citarle a declarar presencialmente alterando el régimen previsto en la ley para las comparecencias testificales de las autoridades del Estado, sin motivacion alguna y buscando un "fin extraprocesal".

La querella, interpuesta por la Abogacía del Estado en representación del jefe del Ejecutivo, se conoció pocos minutos después de que Peinado abandonara el Palacio de la Moncloa, donde fue para interrogar a Pedro Sánchez en el marco de la investigacion que se sigue contra su esposa, Begoña Gómez, por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Peinado se fue de la sede del Gobierno con las manos vacías -Sánchez se acogió a la dispensa legal de no declarar contra su cónyuge- y con una insólita querella cuya admisión a trámite -o no- depende de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el mismo órgano que acaba de elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al fiscal general, Álvaro Garcia Ortiz, por una supuesta revelación de secretos del novio de la presidenta de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez se ha convertido, así, en el primer presidente del Gobierno en democracia que se querella contra un miembro del Poder Judicial.

"No es esta querella un ataque frente al Poder Judicial, desde luego", afirma el escrito. "Al contrario, es expresión en la confianza en el Poder Judicial, al entender que es el adecuado para resolver un abuso, en este caso judicial y atribuible a uno de los más de 5.000 jueces que ejercen su función en España".

"Es, además, el único medio de defensa que queda frente a un ataque absolutamente carente de justificación o motivación por parte de quien ejerce funciones jurisdiccionales", añade.

La querella, firmada por la jefa de la sección penal de la Abogacía del Estado, Zaida Fernández Toro, señala que la acción penal contra Peinado "se justifica en defensa del órgano cuyo particular régimen jurídico en materia de toma de declaraciones durante la instrucción de una causa ha resultado totalmente preterido".

Se refiere a las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regulan la declaración testifical del jefe del Gobierno, entre otras autoridades.

Peinado insistió en acudir personalmente a la Moncloa para interrogar a Sánchez bajo el régimen establecido en el artículo 413 de esa ley, al considerar que su declaración se refería a hechos de los que no ha tenido conocimiento por razón de su cargo.

Con un "fin extraprocesal"

El presidente del Gobierno considera que, investigándose un delito de tráfico de influencias, su citación debió someterse al régimen establecido en el artículo 412, que se refiere a la declaracion de los miembros del Gobierno por hechos conocidos por razón de sus cargos. Ese precepto permite contestar por escrito.

"Es evidente que es la forma, el curso que legalmente se prevé para la declaración [del presidente del Gobierno], la que es claramente violentada sin motivación posible -y sin motivación manifestada-, con una finalidad extraprocesal", afirma la querella.

"No se trata de que no quepa investigarse a alguien en nuestro sistema procesal: se trata de que la forma buscada para la investigación, en este caso concreto, está más orientada a otras finalidades, ajenas a las procesales, de manera que las decisiones no pretenden ser eficaces desde un punto de vista sumarial, sino aparatosas", sostiene.

La querella atribuye a Peinado una "clara contravención abierta de normas que pretenden ordenar la intervención en el proceso penal de los poderes e instituciones del Estado, siendo simplemente inaplicadas sin motivo alguno"

Recuerda que el ordenamiento jurídico contempla ciertas especialidades procesales que responden a la necesidad de "respetar las instituciones representativas de nuestro país".

"Indudablemente, el Poder Judicial merece el respeto propio de encarnar uno de los poderes del Estado", afirma, pero esto "es predicable respecto de las autoridades restantes del Estado".

"Se trata de impedir que el ejercicio del Poder Judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales", ya que "a nadie se le escapa la relevancia pública, también la eventual relevancia electoral, que pueden tener las resoluciones judiciales que afectan a los cargos del poder ejecutivo. Tampoco se le escapa a la acusación popular que emite ruedas de prensa en torno al interrogatorio objeto de controversia", dice en referencia a Vox, que ejerce la acusación particular en este proceso.

Tras referirse a la "mesura" del Tribunal Supremo y de otros órganos judiciales, que evitan influir en procesos electorales, la querella señala que la forma de interrogar a una autoridad "tiene una repercusión a la que no es insensible el legislador, cuando distingue su realización escrita o verbal, en sede judicial o fuera de ella".

"Nada de esto ha sido respetado, ni siquiera tenido en consideración por el querellado, máxime respecto de una persona que no es parte del proceso que dirige -lo que le impide usar el sistema de recursos que ordinariamente depuran los errores judiciales- y máxime cuando la premura para la toma de decisiones parece estar escogida para evitar la eficacia de dicho control mediante recursos por aquellos que sí son parte".