El empresario Álvaro Romillo y el eurodiputado Alvise Pérez.
El juez confisca los coches de lujo del empresario que pagó 100.000€ a Alvise y que está investigado por estafa
Calama considera que "los vehículos de las mercantiles vinculados a la trama investigada tienen origen en las cantidades objeto de defraudación".
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado incautar todos los coches registrados a nombre de las compañías que conforman el conglomerado Madeira Invest Club (MIC).
El dueño del mismo es el cripto-empresario Álvaro Romillo, quien fue denunciado por decenas de personas que invirtieron en el MIC y ahora está investigado por esta supuesta estafa.
Romillo, además, admitió haber pagado en efectivo 100.000 euros a Alvise Pérez para financiar su campaña a las elecciones europeas, a cambio de que el político y agitador promocionase sus negocios y empresas desde Bruselas.
En una resolución fechada este viernes, Calama ordena "el decomiso cautelar de todos los vehículos" de los que sean titulares las empresas del grupo MIC. Entre otras, EluLegal España SL, Selvatic Fest SL, Dos Huevos Fritos SL, Málaga Forum SL y Negro Carbón SL.
No todas estas empresas se dedican a la inversión en criptoactivos. EluLegal SL sí se enfoca a la elusión fiscal, pero de Selvatic Fest SL depende un famoso festival musical, con conciertos de artistas de primer nivel, y el Grupo Negro Carbón posee varios restaurantes.
Según recuerda el juez, los denunciantes relataron en sus escritos que, tras confiar en el MIC, recibían boletines periódicos que mostraban las inversiones realizadas por la plataforma. Una de estas áreas era la de los vehículos de lujo.
En estas newsletters, de forma habitual, aparecían coches de altísima gama. Sin poder atribuir exactamente a qué empresa o particular pertenecen, el magistrado cita varios modelos, como un Jaguar E-Type, un Ferrari F355 Berlinetta, un Porsche Cayenne, un Range Rover azul o un Maserati.
"Tales hechos constituyen indicios racionales suficientes en orden a entender que los vehículos de las mercantiles vinculados a la trama investigada tienen origen en las cantidades objeto de defraudación", concluye el juez. Por ello, ordena el decomiso de los coches —en su mayoría, de lujo— propiedad de un total de 20 empresas.
La decisión, no obstante, no es firme y puede ser recurrida en el plazo de tres días. Cuando lo sea, si no se revoca, la Policía Judicial deberá acudir a los distintos Registros de Bienes Muebles para comunicarles dicho decomiso cautelar. Por tanto, tampoco podrán, mientras siga vigente esta medida, ser vendidos.
