David Sánchez, en un evento musical de la Diputación de Badajoz./

David Sánchez, en un evento musical de la Diputación de Badajoz./ Diputación de Badajoz

Tribunales

Piden a la juez que impute al presidente de la Diputación de Badajoz y la mujer de David Sánchez

La acusación popular que ejerce Manos Limpias solicita la declaración del funcionario de la Agencia Tributaria que descarta indicios de delito fiscal en el hermano del presidente del Gobierno.

14 agosto, 2024 23:22

Las acusaciones populares que intervienen en la investigación abierta al hermano del presidente del Gobierno, el músico David Sánchez, por su contratación como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz han pedido a la jueza instructora que cite a declarar en calidad de investigados al presidente del organismo de gobierno provincial, el socialista Miguel Ángel Gallardo, y a la pareja de David Sánchez.

La juez de Badajoz Beatriz Biedma admitió a trámite el pasado 30 de mayo una denuncia del sindicato Manos Limpias en la que se afirmaba que David Sánchez Pérez-Castejón "percibe un sueldo público sin realizar las funciones esenciales del cargo para el que fue designado", que una de las tareas que "no ejerce" es la dirección de la orquesta sinfónica, que "no asiste a su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, salvo en contadas ocasiones" y que reside en Elvas (Portugal) "para ahorrarse el pago de los impuestos en España".

En un escrito presentado este miércoles por el abogado José María Bueno, el sindicato Manos Limpias, en quien la instructora ha unificado a todas las acusaciones populares, ha pedido que se llame a declarar a Gallardo, que fue quien resolvió en junio de 2017 contratar a David Sánchez.

También propone la citación como investigada de la pareja de este último, que Vox pretendía llamar como testigo. Para Manos Limpias, sin embargo, "es muy difícil que ella no supiera que su pareja, supuestamente, cobraba dinero público como supuesto empleado sin trabajar, y es posible que supiera que el patrimonio adquirido superaba con creces el salario" de David Sánchez.

"Por ello", añade, "para garantía de los derechos de esta señora, entendemos que su citación debe ser como investigada".

Las acusaciones populares también solicitan a la instructora que reciba ya declaración como investigado al propio David Sánchez y creen que también debe hacerlo en esa condición Alejandro Cardenal, jefe de servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos de la Diputación pacense.

Entre otras diligencias, el escrito pide que se llame a declarar como testigos a otros dos empleados públicos.

Uno es el funcionario de la Agencia Tributaria autor del informe en el que no se aprecian indicios de delito fiscal en David Sánchez.

De acuerdo con ese informe, el hermano de Pedro Sánchez es residente fiscal en Portugal y está al corriente de sus obligaciones tributarias en España.

"Con los datos que obran en poder de la Agencia Tributaria a la fecha de emisión de este informe, teniendo en cuenta las contingencias que pudieran existir si se reordenaran sus rendimientos y retenciones de la forma indicada, y siempre teniendo en cuenta que no se han llevado a cabo actuaciones de comprobación cerca del obligado tributario, no puede deducirse la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública, sino un posible saldo neto a favor del contribuyente si las contingencias y hechos analizados se confirmasen", concluyó el informe de la AEAT.

La segunda funcionaria a la que las acusaciones populares quieren interrogar es la empleada de la Diputación de Badajoz que, a requerimiento del Juzgado, ha informado de que el pasado 2 de mayo "y de forma verbal", el director del área de Cultura ordenó trasladar varios muebles para montar un despacho a David Sánchez Pérez-Castejón.

Éste fue uno de los indicios que llevó a la instructora a ordenar la intervención por la UCO de todos los mails relativos a la contratación de David Sánchez existentes en distintas cuentas de correo, entre ellas la de Gallardo.

"Llama la atención que personal de alta dirección", ha señalado la magistrada en referencia al contrato firmado por la Diputación y David Sánchez, "carezca de despacho propio durante un año y que se determine nueva ubicación del mismo justo en el mismo mes en que se interpone la denuncia" de Manos Limpias.