El alto cargo cesado por Puente no será defendido por la Abogacía del Estado en el 'caso Koldo'

De hecho, una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL recoge que Gómez García ya se ha buscado un abogado privado: Enrique Remón Peñalver.

El juez del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, permitió que la Abogacía del Estado defendiese a Gómez García cuando éste aún era subsecretario del Ministerio de Transportes. No obstante, el instructor concebía la posibilidad de que existiera, más adelante, un "conflicto de intereses". Unos días más tarde, fue cesado.

En el llamado caso Koldo se investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de varios contratos públicos adjudicados por, entre otras entidades, el Ministerio de Transportes. Todos ellos beneficiaron a la empresa central de la trama: Soluciones de Gestión SL.

Pero Moreno también trata de descubrir si, con el cobro de dichas mordidas, alguno de los investigados ha cometido un delito de fraude fiscal. De ser así, el Ministerio de Hacienda podría ser considerado perjudicado en esta instrucción y debería ser defendido por la Abogacía del Estado. He ahí el posible conflicto de intereses.

De hecho, dos de las acusaciones populares personadas en este caso, —la asociación Liberum presentó un recurso, al que se adhirió Vox—, ya se habían opuesto a que la Abogacía del Estado defendiera a Gómez García. Especialmente, después de que, con su dimisión, dejase de ser un alto cargo del Gobierno.

Por ello, el juez solicitó a la Abogacía del Estado que aportase una autorización firmada por la Dirección General de lo Contencioso-Administrativo que le facultase a seguir defendiendo a Gómez García, pese a que éste ya no sea un alto cargo del Ejecutivo.

"Toda vez que la Abogacía del Estado no lo ha aportado (...), se la tiene por apartada para asumir la defensa del investigado en el presente procedimiento", señala la resolución.

El juez interrogará próximamente al ex subsecretario de Transportes. En un inicio, su declaración estaba prevista para el próximo 9 de septiembre. No obstante, en el citado auto, fechado este miércoles, el juez pospone su citación al 23 de septiembre, a las 9.30 horas.

Hace algo menos de dos semanas, el ministro Óscar Puente anunció en el Senado el cese de Gómez García como número tres de Transportes. Lo hizo después de recibir el informe con las conclusiones de la auditoría que había encargado meses antes acerca de los contratos investigados por el juez.

Entre otras conclusiones, el dosier revela que quien era ministro cuando se firmaron las adjudicaciones bajo sospecha, José Luis Ábalos, ordenó duplicar uno de los pedidos a la empresa Soluciones de Gestión SL. En un inicio, Transportes pretendía comprar cuatro millones de mascarillas para combatir los efectos de la Covid-19. En tan sólo 38 minutos, Ábalos corrigió su decisión y ordenó que se comprasen el doble: ocho millones de cubrebocas.

Por ello, el informe de auditoría concluye que el Ministerio, aparentemente, ajustó el contrato a la oferta presentada por la compañía de la trama, que se había dirigido a Transportes para ofrecer, exactamente, ocho millones de mascarillas, por las que recibió 20 millones de euros.

El caso Koldo recibe este nombre por Koldo García Izaguirre, asesor de Ábalos y quien, según el documento, trasladó al escalafón de Transportes que la empresa Soluciones de Gestión SL "o suministraba ocho millones [de mascarillas] o nada".

De hecho, tal y como ha informado EL ESPAÑOL, otra de las acusaciones populares, el partido Iustitia Europa, ya ha pedido al juez Moreno que se dirija al Supremo para solicitar la imputación de Ábalos, que está aforado al seguir siendo diputado en el Congreso.