La Fiscalía no recurrirá el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al etarra que mató al fiscal Luis Portero

Así lo ha podido saber EL ESPAÑOL. Este martes se conoció que la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, en manos de la socialista María Jesús San José, concedía la semilibertad a este preso.

Y el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García Berro ha optado por no impugnar esta decisión política. De haberlo hecho, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, cuyo titular es el juez José Luis Castro, habría tenido la última palabra sobre el tercer grado concedido a Iragi.

Tal y como estableció una sentencia del Supremo del año 2022, desde entonces, la mera presentación de un recurso, por parte de la Fiscalía, en contra de la progresión de grado en favor de un etarra, paraliza inmediatamente su semilibertad. Hasta esa fecha, no sucedía así.

Según avanzan a EL ESPAÑOL fuentes jurídicas, los motivos de la Fiscalía para no impugnar la semilibertad son varios: que el preso ha cumplido las tres cuartas partes de su condena, que ha firmado una carta de perdón con mención expresa a sus víctimas, que tiene un bajo pronóstico de reincidencia, que se ha desvinculado de ETA y que ha mantenido un buen comportamiento en los últimos años.

Uno de los fiscales del 11-M, del 'caso Faisán' y que frenó terceros grados a etarras ficha por un bufete

Las mismas fuentes detallan a este diario que la decisión de no recurrir este tercer grado es también compartida por el anterior responsable de estos asuntos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista. No obstante, este último acaba de fichar por un bufete y le ha sustituido García Berro.

Trayectoria criminal

Harriet Iragi mató en el año 2000 al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Le disparó por la espalda en la puerta de su casa. El etarra fue condenado por estos hechos en el año 2002.

También, por otros dos asesinatos: el del concejal del PP de Málaga José Martín Carpena y el del médico y coronel del Ejército del Aire Antonio Emilio Muñoz Cariñanos.

Desde finales del 2022, Iragi cumplía su pena en la prisión de Basauri, a la que fue trasladado en esa fecha por parte del Gobierno central. Desde ese mismo año, es el Gobierno vasco el que tiene las competencias en materia penitenciaria, por lo que es el Ejecutivo autonómico el que concede los terceros grados.

Iragi, como parte del comando Erraia, cometió los tres asesinatos en Andalucía y en el mismo año, el 2000.

Portero, a Marlaska: "Miente"

En declaraciones a EL ESPAÑOL, Daniel Portero, presidente de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, ha criticado la concesión del tercer grado al asesino de su padre.

Asimismo, ha criticado las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha asegurado que la semilibertad de Iragi venía "avalada por un juez".

Como marca la Ley General Penitenciaria en su artículo 76, el juez de Vigilancia interviene para resolver los recursos, si los hubiese, contra una progresión o regresión de grado.

"Es falso que la decisión del paso a tercer grado haya sido avalada por un juez. Es una decisión política", se queja, en conversación con este periódico, Daniel Portero, que también es diputado del PP en la Asamblea de Madrid. "Lo que estamos viviendo en política penitenciaria no lo habíamos vivido nunca. El Gobierno está secuestrado por ETA-Bildu y sus votos de sangre", lamenta.

A través de su Twitter, Portero insistía en criticar a Marlaska: "Mientes como un bellaco… Esto es falso. El juez no ha avalado nada… Es una decisión del PSOE, de la consejera vuestra en el País Vasco. ¡Vendidos por votos de sangre! ¡A mi padre no lo utilices!

No obstante, fuentes de Interior trasladan a EL ESPAÑOL que el hecho de que la Fiscalía no haya recurrido encaja en su particular concepto de aval judicial expresado por el ministro. "Si no se ha recurrido, es porque la Fiscalía está de acuerdo y eso es control judicial", defienden las citadas fuentes. "El Ministerio Fiscal es una autoridad extrapenitenciaria que controla a la Administración", concluyen.

Sin embargo, en todo el proceso de concesión del tercer grado a Iragi no ha tenido participación el juez de Vigilancia, que sólo actúa, en casos como éste, para resolver los recursos en contra de este beneficio penitenciario.

Por su parte, la asociación Covite, presidida por Consuelo Ordóñez, ha reclamado a la Fiscalía que recurra el tercer grado de Iragi, lo que no ocurrirá. A juicio de la hermana de Gregorio Ordóñez, en el caso de este etarra, no existe "arrepentimiento por sus crímenes".