La Audiencia se inclina por respaldar que continúe la investigación a Begoña Gómez, concretando el objeto

La Audiencia ha solventado con rapidez —en una semana— el error de la oficina del Juzgado, que no tramitó el recurso que la defensa interpuso el pasado 8 de julio.

Cuando los magistrados fueron a examinar el asunto el pasado 30 de septiembre, se dieron cuenta de que ese recurso no había llegado a la Sección ni constaba en el testimonio íntegro de la causa que solicitaron el 12 de septiembre, por lo que pidieron explicaciones al letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Peinado. La correcta tramitación de los recursos depende de la oficina judicial a cargo del LAJ, no del juez.

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Los recurrentes no coinciden en sus peticiones, pero sí en una queja de fondo: Peinado no ha concretado con la necesaria precisión qué es lo que está investigando. Ello es relevante porque esa indeterminación vulnera, afirman los recursos, el derecho de defensa.

El fiscal pide que se concrete el objeto de la investigación, mientras que el defensor, Antonio Camacho, reclama el archivo del proceso porque, sostiene, en cinco meses de diligencias no ha surgido indicio alguno de ningún delito.

Fuentes de la Audiencia descartan que la Sección 23 vaya a dar 'carpetazo' a la investigación de las actividades empresariales de Begoña Gómez.

Según las mismas fuentes, los magistrados sí están valorando la necesidad de una determinación precisa del objeto del procedimiento, para asegurar el derecho de defensa y no comprometer la validez de la investigación. 

"Todas las conductas"

Los dos recursos se dirigen contra la resolución que dictó el juez instructor el pasado 2 de julio en respuesta a una petición del defensor para que le concretara qué se está investigando en las diligencias abiertas a finales del pasado abril por una denuncia del sindicato Manos Limpias.

La contestación del juez fue que se investigan "todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial".

Una parte de la denuncia de Manos Limpias ya fue descartada como objeto de investigación por la Audiencia el pasado 29 de mayo, en contestación a un temprano recurso del fiscal. Esa parte recogía una noticia falsa sobre el cobro de una subvención por la mujer del presidente del Gobierno, subvención que realmente había percibido una empresaria cántabra también llamada Begoña Gómez.

Otra parte de la denuncia se refería a dos cartas de recomendación que la esposa de Pedro Sánchez firmó en apoyo a los proyectos presentados a dos concursos de Red.es por una compañía ligada al empresario Carlos Barrabés, que fue profesor del máster que la mujer de Pedro Sánchez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid sobre transformación social competitiva.

En esta parte, la Sección 23 sí vio una "base probatoria suficiente" para investigar a Gómez. Pero el juez Peinado se inhibió el pasado 7 de junio en favor de la Fiscalía Europea respecto a la investigación de esos contratos, al estar financiados con fondos de la UE.

La tercera parte de la denuncia versaba sobre el rescate de la aerolínea Air Europa tras la pandemia de la Covid-19. La compañía pertenece a Globalia y la denuncia de Manos Limpias reseñaba vínculos de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, ex-CEO del grupo empresarial.

La defensa sostiene que la Audiencia ya excluyó en mayo del procedimiento el rescate de Air Europa porque, ciertamente, los magistrados afirmaron que la relación de Gómez con esa decisión del Gobierno era una "simple conjetura".

Sin embargo, la resolución de los magistrados añadía una mención a las "llamativas coincidencias temporales y personales [entre Gómez e Hidalgo] que, en su momento, puedan deparar nuevos datos", lo que no corroboraría esa exclusión. Y así lo ha entendido Peinado, que encargó a la Intervención General del Estado un informe sobre ese expediente de rescate.

Ampliación de las pesquisas

Más allá de la denuncia inicial, el instructor está practicando diligencias sobre variadas cuestiones: desde otros seis contratos adjudicados a Barrabés ("en los que no existe ningún elemento que vincule a Begoña Gómez con los mismos", sostiene la defensa) hasta la actividad de la empresaria en el IE Africa Center, su contratación por la UCM o el funcionamiento del máster y la cátedra extraordinaria que Gómez ha codirigido en esa universidad.

Recientemente, además, la Sección Tercera de la Audiencia madrileña ha considerado correcto el envío a Peinado de una denuncia recaída en otro Juzgado sobre la supuesta apropiación por Gómez de un software de la Universidad Complutense.

A juicio del defensor, todo ello pone de manifiesto que el instructor "pretende extender la investigación más allá de lo que falló la Audiencia Provincial", abriendo "una investigación prospectiva" e "indagando en la vida y obra" de la investigada.

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La actuación de la Sección 23 no abona, sin embargo, la tesis de un cierre de la investigación en este momento incipiente de las pesquisas. 

El pasado mayo, los magistrados desestimaron con rotundidad la petición del fiscal de archivar las diligencias y consideraron improcedente su "pretensión de impedir toda investigación" en el "delicado campo" de los delitos de tráfico de influencias.

Indicaron que no investigar los indicios existentes "podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva donde la delimitación del comportamiento penalmente relevante no siempre es fácil de establecer y donde la obtención de fuentes de prueba es compleja".

El fiscal no reclama ahora el archivo de la investigación, sino que se queja de que su objeto "está resultando genérico y carente de concreción", por lo que "puede parecer una causa general".

"No existan resoluciones judiciales que dirijan ni concreten el procedimiento", afirma el recurso del Ministerio Público.

A su juicio, "se está pretendiendo ampliar la instrucción a tiempos y escenarios amplísimos, cuya relación con la finalidad que se perseguía no acabamos de comprender".

Por ello, solicita a la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid que "delimite la causa"; excluya de la misma "los hechos relativos a Globalia", en los que no aprecia ningún indicio delictivo, y "determine" qué hechos puede seguir indagando el juez y cuáles no.

E.E.

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Las fuentes consultadas consideran que, aunque sea un factor extraprocesal, los ataques que se están dirigiendo al instructor —particularmente los que provienen del PSOE y los propios miembros del Gobierno— generan un sentimiento de solidaridad con él y "alejan la posibilidad de un varapalo", afirman.

Señalan, a este respecto, que en amplios sectores de la Audiencia Provincial se considera "desproporcionada" la reacción del Gobierno a la investigación sobre la mujer del presidente, hasta el punto de que éste se ha querellado contra Peinado.