Francisco Marín, presidente en funciones de la Sala Civil del Tribunal Supremo; Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal; Pablo Lucas, presidente en funciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo; Antonio Sempere, presidente en funciones de la Sala de lo Social; Jacobo López Barja de Quiroga, presidente de la Sala de lo Militar.
El CGPJ nombrará por primera vez altos cargos judiciales con 'criterio de género': ningún sexo superará el 60%
- El miércoles está previsto que convoque las presidencias de 4 de las 5 Salas del Tribunal Supremo, todas ocupadas ahora por hombres / Calificación propone que en los procesos selectivos se pidan los antecedentes disciplinarios.
- Más información: Un informe aconseja reanudar los nombramientos para el TS iniciados por el anterior CGPJ, sin nuevos candidatos
El Consejo General del Poder Judicial aplicará, por primera vez, a los procesos de nombramiento de altos cargos judiciales la regla del 60-40: ningún sexo superará el 60% de los puestos ni tendrá menos del 40%.
Así figura en la propuesta de la Comisión de Calificación sobre las nuevas bases para cubrir plazas judiciales discrecionales, que son las de presidentes y magistrados del Tribunal Supremo; presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y de las Audiencias Provinciales; presidentes de Salas de los TSJ y de la AN y los magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ que proponen los Parlamentos autonómicos.
La propuesta de la Comisión de Calificación, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, será debatida el próximo miércoles por el Pleno del CGPJ, que también tiene previsto aprobar la convocatoria de las cuatro primeras plazas que cubrirá en el Tribunal Supremo: las presidencias de las Salas Civil, Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
El alto tribunal ha sufrido con especial intensidad los efectos de la ley aprobada en marzo de 2021 que impidió al anterior CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras estuvo en prórroga de mandato.
Los efectos de esta controvertida ley -que fue avalada por el Tribunal Constitucional por 7 votos a 4 en octubre de 2023- se cifran en la existencia de 29 vacantes en el alto tribunal a fecha de 27 de septiembre pasado. El Tribunal Supremo tiene un total de 79 plazas, por lo que está funcionando con el 36,7% de su plantilla vacante.
De las cinco presidencias de Sala, tres de ellas (Civil, Contencioso-Administrativo y Social) se encuentran atendidas provisionalmente por los magistrados más antiguos.
Solo hay dos Salas cuyos presidentes tienen el mandato vigente, la de lo Militar y la Penal, pero el segundo, Manuel Marchena, lo acaba el próximo 5 de diciembre. Por ello, el CGPJ va a convocar la presidencia de la Sala Penal junto a las tres cuyas presidencias están vacantes desde hace meses.
El Tribunal Supremo, ahora presidido por una mujer, Isabel Perelló, nunca ha tenido a una magistrada como presidenta de Sala.
La Comisión de Calificación del CGPJ ha introducido en su propuesta varios cambios en las bases de los procesos selectivos de cargos judiciales discrecionales respecto a las que aplicó el anterior Consejo.
"Circunstancias de género"
El principal de ellos es que "en la ponderación de conjunto de los méritos" de los candidatos se tendrán en cuenta "circunstancias de género".
Hasta ahora, las bases aplicaban la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Añadían, sin embargo, que "con arreglo a la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo que ha interpretado esa exigencia, esas consideraciones [de igualdad efectiva de género] tendrán lugar dentro del respeto y presuponiendo las exigencias que imponen los principios de mérito y capacidad, pero podrán ser determinantes de la selección de una candidata en caso de que la ponderación de los méritos determine una igualdad sustancial entre dos o más personas que opten a la misma plaza".
La nueva Comisión de Calificación afirma que es preciso dar cumplimiento a la reciente Ley Orgánica 2/2024, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Por ello, plantea que "todo nombramiento o propuesta de nombramiento debe garantizar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento".
Este criterio figura ya en la propuesta de nuevas bases para las plazas de presidentes de las Salas Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social del Supremo.
Para estos puestos, los méritos a ponderar son similares a los que indicados en las bases aprobadas para procesos anteriores: aptitudes gubernativas expresadas en el programa de actuación, en la trayectoria profesional y en la comparecencia realizada ante el CGPJ; excelencia jurisdiccional; experiencia acumulada en el Tribunal Supremo y en el orden jurisdiccional correspondiente, especialmente en funciones gubernativas; y restantes actividades profesionales, docentes, discentes y de creación científica útiles en la actividad gubernativa.
Entrevista reducida
Otro cambio -que se aplicará, en caso de ser aprobado por el Pleno, a todos los próximos procesos selectivos de puestos discrecionales- se refiere al acortamiento de la entrevista que los candidatos celebran con los vocales del CGPJ.
La propuesta de la Comisión de Calificación destaca que ya son 111 las plazas de
cargos discrecionales jurisdiccionales y gubernativo-jurisdiccionales vacantes.
La "urgente necesidad" de comenzar los trámites para su cobertura llevan a la Comisión a proponer, "al menos por el momento", el sistema de convocatorias previa aprobación de un modelo de bases por parte del Pleno, "sin perjuicio de que se pueda ir estudiando otra fórmula alternativa con mayor vocación de continuidad, como sería la reforma y adaptación del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales".
Las bases, no obstante, necesitan una "actualización" motivada, entre otros motivos, por la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente desde agosto, que ha aumentado de 15 a 20 los años de servicio activo en la carrera judicial para poder aspirar a ser juez del Supremo. Además, ahora se exige el requisito haber prestado servicio efectivo en un órgano colegiado del orden jurisdiccional correspondiente a la plaza.
En cuanto a la entrevista, la Comisión de Calificación considera que esa comparecencia "no constituye un mérito en sí mismo, sino un medio de acreditación de los méritos".
"Teniendo en cuenta que todos los méritos se aportan al procedimiento en formato de documento digital, y sin ocultar la necesidad de agilizar la tramitación de los procedimientos de provisión de estas plazas, se propone que la comparecencia ante la Comisión de Calificación se ciña a una exposición de méritos", sin incluir, como hasta ahora, otros aspectos como la exposición del currículum y del programa de actuación o la explicación de resoluciones judiciales de especial relevancia que el candidato haya dictado. De acuerdo con la propuesta de Calificación, tampoco habrá preguntas de los vocales.
Con ello se busca reducir el tiempo dedicado a la comparecencia de los aspirantes, que pasaría de ser una hora a solo 10 minutos.
Otras reformas
Otras reformas afectan a los medios de apreciación de la excelencia jurisdiccional. Se añade el criterio de la valoración de las resoluciones jurisdiccionales dictadas por el candidato a través de su consideración y relevancia en los buscadores de resoluciones más reconocidos en la comunidad jurídica y el resultado y aportación del planteamiento de cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad.
Para la elaboración de las ternas por la Comisión de Calificación, se ha suprimido que haya que establecer un orden de prioridad de los candidatos preseleccionados.
El CGPJ va a actualizar el sistema de presentación de instancias, que se hará de forma telemática.
