Fotomontaje con la imagen de los rostros de Aldama, Ábalos y el chalé que disfrutó este último.

Fotomontaje con la imagen de los rostros de Aldama, Ábalos y el chalé que disfrutó este último.

Tribunales

El juez investiga por fraude la empresa que alquiló el chalet a Ábalos en la trama por la que ha sido detenido Aldama

7 octubre, 2024 20:02
Jorge Calabrés Brais Cedeira Javier Corbacho

La Audiencia Nacional investiga a la empresa Have Got Time SL como parte de una organización criminal, de la que Víctor de Aldama formaría parte y que habría cometido un fraude en el IVA por valor de más de 182 millones de euros en tan sólo dos años, a través de la venta de combustible.

Have Got Time SL es la compañía que alquiló un chalé al exministro José Luis Ábalos en junio de 2021, en una exclusiva urbanización en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción. Apenas un mes después, en julio de ese año, Ábalos fue cesado de su cargo de ministro de Transportes y como secretario de Organización del PSOE.

Tal y como desveló en exclusiva EL ESPAÑOL, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya investigaba esta empresa por posible blanqueo de dinero de origen ilícito, otro de los delitos que ahora se atribuyen a esta red.

Have Got Time SL facturó 140 millones con la compra y venta de combustible en los seis meses inmediatamente posteriores a que el exministro de Transportes rubricara el contrato para alquilarle el chalé. Sin embargo, la mercantil tuvo en ese ejercicio 165 millones de euros en gastos. Es decir, siempre vendió a pérdidas.

Y este lunes, por orden del juez Santiago Pedraz, la UCO detuvo a 14 personas, en el marco de una causa bajo secreto de sumario. Uno de los arrestados es el empresario Víctor de Aldama, antiguo dueño del Zamora CF y considerado el comisionista/intermediario del caso Koldo.

En esta causa judicial, otro magistrado de la Audiencia Nacional investiga una supuesta trama corrupta dedicada al cobro ilegal de comisiones en varios contratos concedidos por el Ministerio de Transportes cuando lo dirigía Ábalos. Y en ella también está imputado Víctor de Aldama.

Fuentes jurídicas confirman a EL ESPAÑOL que éste y el resto de detenidos pasarán este jueves a disposición del juez Pedraz, que decidirá entonces si les manda o no a prisión provisional. Este lunes, en el marco de dicha operación, la UCO registró su vivienda y una de sus oficinas.

A Aldama se le atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal y fraude contra la Hacienda Pública. Entre los arrestados figura también Claudio Rivas, un empresario del sector de los hidrocarburos vinculado a la compañía Villafuel, y su hermana, María Luisa Rivas.

Según revelan las fuentes consultadas, los dos emplearon las compañías investigadas para evitar pagar el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). Ambos, socios de Aldama, habrían utilizado testaferros como caras visibles de algunas de estas firmas, aunque eran realmente ellos tres que figuraban detrás de las compañías implicadas en el fraude.

600.000 euros

Víctor de Aldama cobró 600.000 euros de Have Got Time SL, según la documentación en poder de EL ESPAÑOL.

En las cuentas de una de las empresas de Aldama, Deluxe Fortune SL, también existe una transferencia superior a los 300.000 euros realizada por otra de las firmas también investigadas ahora por la Audiencia Nacional, Still Growing SL. Esta empresa es la propietaria de Villafuel, cuya administradora única era María Luisa Rivas, hermana de Claudio Rivas.

Have Got Time SL estaba administrada por Leonor González Pano, estrechamente relacionada con Víctor de Aldama. Su madre, María del Carmen Pano Sánchez, cuenta con numerosos antecedentes y detenciones por blanqueo de capitales, falsificación de documentos bancarios y receptación.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Leonor González, que afirma no tener "nada que ver" con esta operación de la UCO y la Audiencia Nacional. Y, en respuesta a este periódico, asegura que abandonó "el mundo de los hidrocarburos ya hace tiempo".

182 millones de fraude

En una nota de prensa difundida este lunes, la Fiscalía Anticorrupción ha confirmado su participación en esta operación. El Ministerio Público cifra en más de 182 millones de euros, en tan sólo dos años, el presunto fraude.

Por el momento, explica Anticorrupción, "se investigan una serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos".

La nota de prensa alerta de que, "a diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal que se está investigando conlleva una elevada complejidad (...), ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración".

Además de las 14 detenciones practicadas —la de Aldama y otras 13 personas—, la UCO ha registrado 11 domicilios y sedes de empresas en varias provincias españolas. Concretamente, Madrid, Salamanca y Cáceres. Fue una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción la que dio origen a esta operación.

Según revelan a EL ESPAÑOL fuentes próximas a la investigación, a Aldama se le atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal y fraude contra la Hacienda Pública.

Aldama y el 'caso Koldo'

Además de su supuesta implicación en esta organización criminal, Víctor Gonzalo de Aldama está investigado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el llamado caso Koldo.

Esta causa judicial gira en torno al supuesto cobro de comisiones ilegales a través de varios contratos adjudicados por, principalmente, el Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión SL para la entrega de mascarillas al inicio de la pandemia de la Covid-19, en 2020.

Aldama sería el intermediario de esta supuesta trama criminal, que toma el nombre de Koldo García Izaguirre, quien era el principal asesor —y hombre de total confianza— del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.