Ione Belarra responderá ante el Supremo por llamar al juez García-Castellón "corrupto": la Sala Civil acepta la demanda

El alto tribunal ha emplazado a Belarra a que se persona, con asistencia de abogado, en un plazo de 20 días.

García-Castellón, exjuez instructor de la Audiencia Nacional hasta el pasado septiembre, reclama a Belarra una indemnización de 120.000 euros . 

La demanda se basa en un tuit de Belarra en X publicado el pasado 2 de septiembre: "Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, éste y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas, sin sanción alguna, gracias al PSOE. Vergüenza". 

La demanda se tramitará ante el Supremo debido a que Ione Belarra está aforada ante este tribunal, debido a su condición de diputada en el Congreso.

A juicio de García-Castellón, las palabras que la exministra tuiteó "exceden el umbral de protección de la libertad de expresión, pues no se limitan a una crítica legítima, sino que constituyen un ataque directo y personal a la integridad y reputación".

De acuerdo con la demanda, las expresiones que Belarra escribió van más allá de la legítima crítica y "son desproporcionadas e innecesarias para transmitir cualquier finalidad informativa".

"No cabe duda de que las expresiones empleadas por Belarra carecen de interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas", expone la demanda de quien fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que subraya también que, como refleja la jurisprudencia, la Constitución no reconoce ni ampara ningún "derecho al insulto".

Esta no es la primera vez que miembros de la cúpula de Podemos atacan a García-Castellón, el juez que, por ejemplo, trató de que el Tribunal Supremo imputase a Pablo Iglesias en el llamado caso Dina e investigó la supuesta financiación chavista del partido en base a los testimonios del exmilitar venezolano Hugo Armando El Pollo Carvajal. A petición de la Fiscalía, la instancia superior al Juzgado, la Sala de lo Penal, le ordenó archivar dicha causa en junio de 2022. García-Castellón también abrió una causa por un supuesto delito de blanqueo contra uno de los cofundadores del partido, Juan Carlos Monedero.