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Tribunales

Abogacía del Estado afea al TS obviar que la primera filtración de 'e-mails' del novio de Ayuso citaba "fuentes de la defensa"

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La Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo el archivo de la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por la supuesta revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Le reprocha la Abogacía del Estado al Alto Tribunal que obvie que las primeras noticias periodísticas que publicaron el contenido de los e-mails intercambiados entre el abogado del empresario y el fiscal que acusa a éste de fraude fiscal, Julián Salto, aludían, expresamente, a "fuentes cercanas a la defensa". Asimismo, incide en que Rodríguez tuvo acceso a dichos correos después de que aparecieran en la prensa, lo que descartaría su participación en las filtraciones.

González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, presentó el pasado abril una querella contra, entre otros, el fiscal general del Estado y la fiscal jefe de Madrid, por un presunto delito de revelación de secretos.

Lo hizo, además, después de que la Fiscalía Provincial de Madrid difundiese una nota de prensa que para contrarrestar, expresamente, una información falsa publicada por El Mundo daba detalles sobre esos correos y citaba extractos de los mismos.

El citado diario aseguraba que el fiscal Salto había ofrecido un acuerdo a la defensa de González Amador, pese a que el planteamiento fue al revés: el abogado defensor pretendía alcanzar un pacto con el Ministerio Público a cambio de que el empresario reconociese dos delitos de fraude fiscal.

Ahora bien, a mitad del pasado octubre, el Supremo inició una investigación contra García Ortiz y Pilar Rodríguez. El Alto Tribunal consideró inocua la nota oficial, pero sí se dispuso a investigar si alguno de ellos participó en la filtración de estos correos a la prensa.

Entre la publicación de la noticia falsa de El Mundo y la difusión de esa nota informativa oficial, otros medios ya habían publicado varios pantallazos de los citados e-mails. Y esos artículos también aludían a "fuentes cercanas a la defensa" de González Amador.

Por ello, ahora, la abogada del Estado Zaida Isabel Fernández Toro, en un recurso al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, reprocha que el Supremo haya obviado este detalle a la hora de abrir una investigación contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefe de Madrid. El escrito ha sido presentado en representación de esta última.

"Los primeros medios de comunicación que filtraron el contenido de los correos que mantuvieron el letrado de la defensa del señor González Amador y el fiscal Julián Salto, según se desprende del tenor literal de los artículos, obtienen la información de 'fuentes cercanas a la defensa'", expone el recurso.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, el pasado mes de mayo.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, el pasado mes de mayo. Europa Press

Es decir, reprocha que, pese a ello, el Supremo se disponga a investigar el supuesto papel de García Ortiz y de Rodríguez en la filtración de los correos electrónicos,  "omitiendo que, en realidad, de la investigación resulta que [el contenido de los correos] también era conocido por terceros, a los que 'fuentes de la defensa', entre otros, dieron información".

La Abogacía del Estado critica que la investigación se dirija contra la fiscal Rodríguez, "bajo la premisa de que el contenido del mismo [un correo fechado el 2 de febrero de 2024] era conocido" por ella.

"Evidente y manifiesto error"

A renglón seguido, el recurso recuerda que el e-mail enviado por el abogado de González Amador, en el que proponía un acuerdo al fiscal Salto, "fue remitido en su día a una cuenta genérica accesible a múltiple personal" de la Fiscalía.

En resumen, la Abogacía del Estado critica el "evidente y manifiesto error en la afirmación" de que tanto el fiscal general del Estado como la fiscal jefe de Madrid deban ser "sospechosos de filtrar correo alguno".

De hecho, el recurso subraya que la fiscal jefe de Madrid no recibió, de parte del fiscal Salto, el correo fechado el 2 de abril hasta unos minutos después de que su contenido hubiese sido ya transcrito por El Mundo, aunque este diario atribuyó la propuesta del acuerdo a la Fiscalía y no a la defensa de González Amador.

"Las confrontaciones políticas que justificaron que este asunto saltara a los medios de comunicación y la prensa ha sido ignorada al valorar los eventuales beneficiarios de esa difusión tergiversada, máxime cuando también está acreditado que parte de estas difusiones previas provenían del entorno de la defensa", resume el recurso.

Por todo ello, la Abogacía del Estado subraya que los indicios contra la fiscal jefe de Madrid, como supuesta autora de un delito de revelación de secretos, son "de mínimo poder incriminador".

"En realidad, los correos estaban en poder del afectado [González Amador], de su defensa, de [un correo genérico de] la Fiscalía [accesible para varias personas] y de múltiples medios de comunicación que dijeron ser informados por la defensa del querellante", concluye el recurso.