Boye, defensor de Puigdemont y negociador de la amnistía, en el banquillo acusado de blanquear fondos para Sito Miñanco

Boye fue procesado en diciembre de 2020 por la juez María Tardón por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental continuada cometidos en el seno de la organización de narcotraficantes liderada por Sito Miñanco, que fue cliente suyo.

Para el narcotraficante gallego, Antidroga solicita una pena de 31 años y medio de prisión por pretender introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína. La Policía seguía los pasos de la trama desde 2016 en la llamada operación Mito. 

A Boye no se le acusa por ese presunto delito contra la salud pública, sino por orquestar una maniobra con el objetivo de recuperar 889.620 euros que la Policía incautó el 6 de febrero de 2017 en el aeropuerto de Madrid Barajas a miembros de la organización de Sito Miñanco, entre ellos a Manuel Pedro González Rubio.

Esos 'correos humanos', que según el fiscal llevaban el dinero de la organización oculto en una maleta para sacarlo hacia Colombia y blanquearlo, fueron interceptados. Ello provocó, sostiene la acusación, que los narcos contactaran con Boye y con otro abogado, Jesús Morán, para que elaboraran unos documentos que aparentaran el origen legal del dinero.

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Según la Fiscalía, Boye asesoró a la trama para "confeccionar unos contratos de compraventa de unas letras de cambio", contratos que fueron presentados en el procedimiento administrativo abierto tras la intervención del dinero "a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico".

El juicio, que está previsto que se prolongue hasta el 30 de enero de 2025 y será presidido por el magistrado Alfonso Guevara, está pendiente de que el tribunal resuelva la petición de varios encausados de suspender la vista oral porque uno de ellos se encuentra detenido en Dakar (Senegal) por otra operación de narcotráfico. Consideran que este acusado debe asistir al juicio para no menoscabar su derecho de defensa y el de los demás.

No obstante, la Sección Penal Tercera ya ha dado luz verde a que los acusados declaren en el último momento, una vez que se hayan practicado todas las demás pruebas.

Registro a Boye

La vista empezaría, así, por las cuestiones previas. Y Boye ha preparado una batería de ellas, entre las que destaca la relativa a la vulneración del derecho a la intimidad, a la defensa y al secreto profesional por el registro que la juez Tardón autorizó en su vivienda y en su despacho el 21 de octubre de 2019, que reputa nulo.

Los investigadores inspeccionaron "absolutamente todo, sin discriminar aquellos datos que pudieran tener relación con la presente causa", señala el escrito de defensa del letrado. Examinaron sus dispositivos e incautaron todos los correos electrónicos emitidos y recibidos entre los años 2010 y 2019, así como la totalidad de los datos contenidos en su teléfono móvil.

Esta alegación de Boye coincide en el tiempo con el recurso que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha interpuesto contra el registro que sufrió el pasado 30 de octubre, en el que la UCO accedió al contenido de todos sus dispositivos electrónicos entre marzo y el día de la intervención, también sin discriminación alguna para ceñirlo a los datos relacionados con el presunto delito de revelación de secretos que investiga el Tribunal Supremo.

"Quiero ver qué dice ahora la Fiscalía sobre mi registro, porque acaba de alegar sobre el del fiscal general que no se puede acceder a todos sus correos y teléfonos porque es desproporcionado", ha manifestado Boye en una entrevista a Vilaweb publicada ayer.

El escrito de defensa sostiene que Boye ha sido implicado en este proceso por su actividad como abogado de Prado Bugallo y de González Rubio, y destaca que este último manifestó tras su detención que el dinero incautado en el aeropuerto era suyo y no de la organización.

No obstante, González Rubio cambió de versión en 2020. Admitió que el dinero era de Sito Miñanco y dijo que otro investigado, Manuel Andrés Puentes Saavedra, tenía el cometido de llevarlo a Colombia.

Antes que González Rubio, Puentes Saavedra había declarado el 24 de julio de 2019 que los 889.620 euros confiscados eran de Sito Miñanco y que Boye se encargó de falsificar documentos para tratar de recuperarlos.

Tras esa declaración, Puentes Saavedra fue puesto en libertad provisional.

Mensajes de 'WhatsApp'

El escrito de defensa de Boye asegura que ha tenido "varias conversaciones con el letrado Jesús Miguel Prieto Molina [exdefensor de Puentes Saavedra] en las que éste le reconoció por escrito y verbalmente que su cliente cambió su versión de los hechos mintiendo e incriminando al letrado Gonzalo Boye a cambio de ser puesto en libertad".

El escrito reproduce varios mensajes de WhatsApp intercambiados entre Boye y Jesús Prieto, en los que éste dice que "le han hecho algunas visitas [a su cliente] y parece que le prometieron algunas cosas".

Mensajes de 'whatsapp' aportados por Boye.

Recientemente, en un giro que puede beneficiar a Boye, González Rubio volvió a modificar su versión, regresando a la que hizo en 2019.

En un escrito dirigido al tribunal, este acusado, que se enfrenta a una petición de 43 años de cárcel, vuelve a afirmar que el dinero confiscado en el aeropuerto "era y es, en realidad, suyo" y no de la organización de Sito Miñanco.