Juan Lobato.
El juez que investiga al fiscal general cita a Lobato por la presunta filtración de datos del novio de Ayuso por Moncloa
- El magistrado Hurtado rechaza suspender cautelarmente de funciones a García Ortiz, en contra de lo que pidieron las acusaciones populares.
- Más información: Lobato llevó al notario mensajes de la jefa de gabinete de Óscar López instándole a divulgar los mails del novio de Ayuso
El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado por la presunta revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha acordado este lunes la citación como testigo del secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato.
La comparecencia será el próximo viernes 29 de noviembre a las 10 de la mañana. Será la primera declaración que se produzca en la causa abierta por el alto tribunal el 16 de octubre y hasta ahora dirigida solo contra Álvaro García Ortiz y una de sus subordinadas, Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
El instructor explica en una resolución dictada hoy que acuerda esta citación a la vista de una información publicada en Abc "en relación con los hechos delictivos que se investigan en las presentes actuaciones y la posible aportación que, de cara a su esclarecimiento, pudiera aportar".
En la resolución, Hurtado indica que Lobato deberá aportar copia del acta de manifestaciones notariales que ha realizado en relación con la filtración de mensajes intercambiados entre la defensa de la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, y la Fiscalía de Delitos Económicos. En uno de esos mensajes se reconocía que "ciertamente" González Amador había cometido dos delitos fiscales.
Según la información publicada, Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del actual ministro Óscar López, remitió ese correo incriminatorio el pasado 13 de marzo por WhatsApp a Juan Lobato.
La mano derecha de Óscar López (que entonces era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la Moncloa) habría intentado así que Lobato difundieran en un Pleno de la Asamblea de Madrid las comunicaciones confidenciales intercambiadas entre el abogado de González Amador y la Fiscalía.
Lobato se negó y decidió depositar estos mensajes en una notaría de Madrid el pasado mes de octubre, como prevención para evitar que la causa abierta al fiscal general le salpique.
Lobato difundió ayer domingo un comunicado que el que negaba que la documentación que le remitió la jefa de gabinete de Óscar López procediera de la Fiscalía.
"Los bulos y la desinformación que sufrimos necesitan respuestas claras y acreditadas", ha indicado Lobato. "Por esa razón acredité ante notario que ni los socialistas madrileños ni Moncloa habíamos recibido de la Fiscalía ninguna información en absoluto relativa al novio de la Sra. Ayuso. Al revés, queda acreditado que toda la información vino de medios de comunicación".
Filtradores múltiples
La filtración de información reservada de la pareja de la presidenta madrileña podría, por tanto, escalar desde la Fiscalía a la Presidencia del Gobierno.
Además, la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, pidió el pasado día 12 a Hurtado que llame a declarar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, ya que la primera información sobre los correos filtrados citaba "fuentes de la defensa" de González Amador.
En coincidencia con esa filtración, en la noche del 13 de marzo, el jefe de gabinete de Ayuso publicó en X un mensaje en el que manifestaba: "Resumen de la locura de hoy: la fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes 'de arriba' para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio”.
El magistrado Hurtado aún no ha resuelto esta petición.
Rechaza suspender de funciones a fiscal
Por otro lado, el instructor ha dictado un auto en el que rechaza acordar la suspensión cautelar y/o provisional de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y de María Pilar Rodríguez como fiscal jefe provincial de Madrid, que fue interesada por las acusaciones de Manos Limpias y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Esta última había señalado que García Ortiz es el superior jerárquico del fiscal encargado del caso, "en virtud de lo cual podría impartirle órdenes".
El instructor del Supremo rechaza ese planteamiento porque "hay que partir de la base de que, si así llegara a ser, no debería obviarse que una actuación de tal tipo habría que contar con que la consintiera el fiscal encargado del caso".
Además, García Ortiz ha firmado un decreto por el que se abstiene de intervenir de cualquier modo en esta causa,
"Ese compromiso de abstención que viene de la Fiscalía, como institución, que es algo que no cabe obviar, me inclinan a no acceder a la suspensión provisional", concluye.