El PP somete a García Ortiz al mayor asedio que jamás sufrió un fiscal general y él responde: "Yo no me puedo defender"

"Están en su derecho a hacer críticas durísimas. Pero yo no me puedo defender", les contestó el fiscal general. "Independientemente de mi imputación, no puedo bajar a la arena política porque, si lo hiciera, perdería la condición de neutralidad que hace que pueda realizar mi función", señaló.

García Ortiz, que comparecía en la Cámara Alta por primera vez tras la apertura de una causa contra él en el Tribunal Supremo, afrontó la tensa sesión aquejado de un evidente constipado que no le impidió contestar las severas recriminaciones que recibió de PP y Vox por "aferrarse" al cargo pese a su condición de investigado por un supuesto delito de revelación de datos reservados del empresario Alberto González Amador. Se trata de la pareja de la presidenta madrileña, contra el que se sigue un proceso por presuntos delitos fiscales, entre otros cargos.

Los dos portavoces del PP que intervinieron en la Comisión de Justicia, María José Pardo y Antonio Silván, reprocharon a fiscal general ser "el ministro 23" del Gobierno de Sánchez y actuar "con un único objetivo: destruir a una adversaria política".

También le acusaron de "borrar pruebas al más puro estilo de un vulgar delincuente", en referencia a la eliminación de los mensajes de su teléfono móvil y de su cuenta personal de Gmail.

"Borro porque es mi derecho a disponer de mi intimidad y porque cumplo con las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio", replicó García Ortiz, que añadió: "no se pueden ustedes imaginar los datos que tiene el fiscal general del Estado". 

"Piensen si tuviera algún dato de ustedes, de sus familiares o de alguien de sus partidos y eso se filtrara", dijo en otro momento.

Tras advertir de que PP y Vox "invierten las normas del Estado de Derecho" y eso supone una "deriva peligrosa", el responsable del Ministerio Público dijo que "no por ser fiscal general tengo menos derechos que los demás. No soy más, pero tampoco soy menos. Ningún ciudadano está obligado a probar su inocencia".

Aseguró que borró los mensajes de Whatsapp de su móvil en las fechas que ha revelado el análisis de sus dispositivos (en concreto, horas después de saberse que el Supremo le había abierto la causa) pero "el borrado fue hecho en esas fechas y con anterioridad, borro regularmente los datos, no borro siete meses después".

También explicó que eliminó su dirección correo electrónico no en coincidencia con el comienzo de la investigación sino a finales del pasado diciembre por el "acoso" que empezó a sufrir al hacerse pública en los informes policiales incorporados al proceso que tramita el Tribunal Supremo.

Dimitir, "una concesión a los delincuentes"

García Ortiz no quiso entrar en el procedimiento que instruye el magistrado de la Sala Penal Ángel Hurtado, pero sí explicó por qué no dimite. "La Fiscalía es muy fuerte", dijo, "tan fuerte que trascenderá a este fiscal general, como ha trascendido a los anteriores, y no perderá un ápice de credibilidad. Decir eso sería minimizar la labor de 2795 fiscales, excelentes juristas".

"Si dimitiera estaría haciendo una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas. Y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad y también a la persona que me sucediera", sostuvo.

"Y la Fiscalía tiene que mostrarse fuerte, muy fuerte. Porque los fenómenos delictivos que nos acosan (...) las redes criminales transnacionales -el narcotráfico, el terrorismo internacional- son fenómenos que, como vean un ápice de debilidad en quienes tenemos que perseguir el delito, no van a dudar en utilizarlos", advirtió.

Álvaro García Ortiz aseguró que "desde el punto de vista profesional, familiar y personal, para mí sería más cómodo marcharme. Pero creo en la institución que defiendo, hay que defender los valores y principios en los que uno ha creído toda su vida".

García Ortiz no estuvo solo. El portavoz del PSOE, José María Oleaga, animó al fiscal general asegurándole que al final "la Justicia va a reinar".

Oleaga abandonó la sesión tras llamar "fascista" a Silván ante la insistencia de éste en tildar de "presunto delincuente" a García Ortiz.

Juanjo Ferrer, del grupo parlamentario de Izquierda Confederal, y Joan Queralt de ERC, criticaron la causa abierta por el Tribunal Supremo.