
Ábalos, a su llegada al Tribunal Supremo, este jueves.
Ábalos 'fichará' cada 15 días en el Supremo y no podrá salir del país: el juez impone al diputado las medidas que pidió el fiscal
El juez que le investiga, Leopoldo Puente, también le retira el pasaporte, tal y como solicitó Anticorrupción y apoyaron las demás acusaciones.
José Luis Ábalos ha declarado este jueves como investigado en el Supremo, tras haberlo hecho ya, de forma voluntaria, el pasado diciembre.
Al terminar su breve interrogatorio, de poco más de media hora, el juez Leopoldo Puente ha impuesto al exministro y diputado las medidas cautelares que pidió la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, la retirada de pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales ante la Justicia. Es decir, dos veces al mes, deberá acudir a fichar a la secretaría de la Sala Penal del Tribunal Supremo.
Durante su declaración, a preguntas del juez, Ábalos ha asegurado que no recuerda haber acudido a pisos "con señoritas", como sí le atribuye el empresario Víctor de Aldama, que presentó recientemente un escrito en el Supremo con documentos de pago de varios pisos de alquiler temporal.
En todo caso, el exministro ha señalado que no suele acudir a la zona del barrio madrileño de Salamanca, donde está ubicado uno de los pisos señalados por Aldama (en la calle Ayala). "No piso ese barrio", ha indicado ante el juez Leopoldo Puente. Al menos, hasta ahora, que sí lo hace, ya que su abogado tiene el despacho en esa área.
Después de su declaración, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se le retire el pasaporte, que se le prohíba salir de España y que deba comparecer cada 15 días en el Supremo. Las acusaciones populares del llamado caso Ábalos (el PP, Vox, Hazte Oír, Liberum, Adade, Manos Limpias y Iustitia Europa) se han adherido a esta petición. Todas ellas están agrupadas bajo la dirección del abogado del Partido Popular, Alberto Durán. Y, finalmente, así lo ha acordado el juez pasada la una de la tarde.
En su auto, el instructor descarta que exista riesgo de fuga. Ahora bien, señala que "persisten los indicios de la posible comisión" por parte de Ábalos de los supuestos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Por todo ello, señala que las medidas cautelares solicitadas no sólo no son las más graves, como lo sería el ingreso en prisión, sino que "resultan precisas, en atención a la particular gravedad de los hechos delictivos que se le atribuyen, con el fin de asegurar, en la medida razonablemente posible, que el investigado no pueda en lo porvenir sustraerse a la acción de la Justicia".
Leopoldo Puente, en su auto, hace un relato de los indicios que existen hasta el momento contra el exministro. Y relata que Aldama, "aprovechando la relación personal que le unía con el aforado [Ábalos] y con quien era entonces uno de sus asesores, Koldo García Izaguirre, podría haber obtenido información previa sobre las necesidades [de material sanitario que tenía el Ministerio de Transportes durante la pandemia de la Covid-19]".
De esta forma, se habría contratado irregularmente a la empresa Soluciones de Gestión SL, a cambio del cobro de supuestas comisiones ilegales.
"Igualmente, en este momento, aparece indiciariamente justificado que, al menos, don José Luis Ábalos pudiera haberse beneficiado económicamente con el pago, por parte del investigado Víctor de Aldama o de personas terceras por él interpuestas, de los alquileres de la vivienda en la que residía quien fuera entonces la pareja sentimental de aquél [Jésica Rodríguez]", apunta el juez.
Segunda declaración
El exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes ya declaró el pasado 12 de diciembre ante Alto Tribunal, aunque lo hizo forma voluntaria, antes de que el Supremo pidiera su suplicatorio al Congreso.
Su declaración de este jueves se produce después de que el magistrado Puente, entretanto, haya citado a declarar, como testigos, a su hijo mayor, Víctor Ábalos, y a la que fuera pareja del ministro, Jésica Rodríguez, a la que menciona el auto de medidas cautelares.
El instructor también ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que redactase, "a la mayor brevedad posible", un informe sobre el patrimonio del exministro.
La defensa del exministro se opuso a todas estas diligencias, pero el magistrado ha rechazado su recurso.
Preguntado, precisamente, sobre su patrimonio, Ábalos ha señalado este jueves en el Supremo que su único patrimonio lo constituye una casa en Valencia y un bajo en la misma zona. Ha insistido en que no tiene cuentas ni bienes en el extranjero, ni a su nombre ni al de ninguna otra persona.
El chalé en Perú que se le atribuye, según ha manifestado, pertenece "a una fundación" a la que no ha mencionado. Ahora bien, se refiere a la Fundación Fiadelso, dedicada al desarrollo local y social; principalmente, en zonas de Latinoamérica. Ábalos ha indicado que ese asunto, la propiedad de este inmueble por parte de Fiadelso, "se remonta a 1997".
Este jueves, Ábalos ha respondido a las preguntas del juez y de su propio abogado, José Aníbal Álvarez. No ha contestado a las acusaciones populares.
Álvarez se ha opuesto a que se impusieran medidas cautelares a su cliente. Tal y como ha explicado el letrado, la única finalidad de las mismas sería combatir "un riesgo de fuga que no existe".
El abogado defensor ha recalcado que Ábalos sigue siendo diputado en el Congreso y que acude todas las semanas a la Cámara Baja. El letrado también ha advertido que, de acordarse dichas medidas cautelares, sería la primera vez que se le imponen a un diputado.
Este dato, no obstante, no es del todo exacto. El juez Moner, instructor del caso Marey, impuso en enero de 1996 al entonces diputado del PSOE y exministro del Interior José Barrionuevo una fianza de 15 millones de pesetas, comparecencia quincenales en el Supremo, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte.
El viaje de Delcy
Este jueves, el juez Puente también ha preguntado a Ábalos por la visita de Delcy Rodríguez a España. Ocurrió el 20 de enero de 2020. La vicepresidenta venezolana, pese a tener prohibido pisar y sobrevolar la Unión Europea, aterrizó en el Aeropuerto de Barajas.
El exministro de Transportes ha asegurado que desconocía estas sanciones contra la dirigente chavista, pero ha reconocido que sí subió al avión oficial de Rodríguez, una vez tocó tierra en Madrid. En ningún caso ha mencionado haber accedido a la aeronave con Víctor de Aldama, quien sí estaba presente en Barajas y asegura que también subió al avión.