La gestión de la Covid-19 ha tenido unas connotaciones marcadamente políticas. Estados de alarma impuestos a Comunidades Autónomas, vacunas que no se pinchaban a cuerpos de seguridad del estado por una administración particular, tribunales de justicia que deslegitimaban decisiones sanitarias… Una imagen que ha ensombrecido el trabajo de los gestores políticos y que, a juicio de los mismos, no habría ocurrido si hubiera una "ley de Salud Pública española".

Así lo han defendido durante la mesa redonda, Lecciones de la Covid-19, ¿qué ha aprendido la política sanitaria?, los exsecretarios generales de Salud Pública, José Martínez Olmos y Javier Castrodeza, y el viceconsejero del Gobierno de Madrid, Antonio Zapatero.

Acompañados de Frédéric Valletoux, presidente de la Federación Hospitalaria de Francia, los políticos y médicos de Salud Pública españoles han confrontado las carencias y beneficios de la gestión sanitaria única y centralizada del modelo francés frente al sistema español. 

Durante la celebración del 'II Simposio Observatorio de la Sanidad: Las Lecciones de la Covid-19', organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública en el Gobierno de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, y Javier Castrodeza, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y exsecretario general de Sanidad y Consumo con el Gobierno de Mariano Rajoy, han coincidido en la necesidad de un marco legal que no quite libertades a los españoles pero coordine respuestas.

"No tiene sentido que un juez tenga que decidir sobre una pandemia médica", ha reivindicado Zapatero. Castrodeza ha ido más allá y ha hablado de una "revisión" del ordenamiento jurídico de España que, a su parecer, "debería de contemplar dimensiones de este calado para que nuestro funcionamiento fuera otro".

Idea con la que ha coincidido José Martínez Olmos, profesor de Salud Pública y exsecretario general de Sanidad con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, aunque ha lamentado que, tal y como está el panorama político, "es difícil de conseguir".

"Las decisiones que hay que tomar en relación con las vacunas deben de tener evidencia científica. Tenemos que ser consientes de que es bueno que la política sanitaria tenga el valor de la buena política y nuestro objetivo sea el consenso", ha defendido.

Javier Castrodeza, exsecretario general de Sanidad. Esteban Palazuelos / Jesús Umbría

Así las cosas, el que fuera senador por el PSOE y gestor de Salud Pública durante la crisis de la gripe A ha recordado que el mismo marco jurídico que hay ahora estaba cuando esa crisis sanitaria y, en ese momento, sí se llegó al consenso.

"El marco jurídico se puede mejorar, pero no es el determinante", ha añadido reconociendo, a su vez, la importancia de cambiar el marco jurídico para que las decisiones del Ministerio sean únicas. Algo que, a su parecer, requiere de un acuerdo político que "no es tangible en este momento".

José Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad. Esteban Palazuelos / Jesús Umbría

Precisamente fue Castrodeza quien, en su etapa en el Ministerio de Dolors Montserrat intentó cambiar el 'poder' del Interterritorial para darle un valor legislativo a sus decisiones. "Intentamos darle otro enfoque, pero ha pasado la pandemia y todavía no se ha modificado su reglamento que data del 2003", ha lamentado.

Uno de los ponentes que ha 'sufrido' más la falta de un marco legislativo ha sido Antonio Zapatero. Desde la gestión de la pandemia en el Comunidad de Madrid, el facultativo ha asegurado que, a falta de una ley, España ha visto como los jueces tomaban decisiones sanitarias.

Precisamente esa perspectiva de medidas únicas y reguladas es la que sí han vivido en Francia. Frédéric Valletoux ha apostado por la utilidad del centralismo cuando se tiene que movilizar profesionales sanitarios o "fletar aviones para transferir pacientes". Aun así, también ha señalado carencias como la imposibilidad que tuvo el Gobierno francés de adquirir mascarillas durante la primera ola y a la que no se enfrentaron los grandes municipios.

Pasaporte Covid-19

Con un porcentaje de vacunación que supera el 70%, los ponentes también han querido debatir sobre el uso del pasaporte Covid-19 para acceder a recintos, como ocurre en Francia. El representante de los hospitales franceses ha defendido esa medida asegurando que pretenden seguir usando esa "herramienta flexible" para dar repuesta a futuras crisis sanitarias.

Antonio Zapatero. Esteban Palazuelos / Jesús Umbría

Por el contrario, los gestores españoles han puesto su utilidad en entredicho y lo han vinculado al futuro de la pandemia. Es decir, la efectividad de las vacunas y sus futuras mutaciones. Martínez Olmos ha insistido en que el objetivo de usar este pasaporte Covid para que la gente se vacune más "sale del marco legal" por el que se puso en marcha.

Defendiendo que la gestión no puede eliminar libertades, los tres médicos y expertos españoles han coincidido en la necesidad de ligar las decisiones políticas (como el uso obligatorio del pasaporte Covid en interiores o la vacunación) a los beneficios que tenga para la ciudadanía.

"Si una decisión determinada puede tener algún papel determinante en la gestión de la pandemia, hay que legislarlo. Tenemos que tomar decisiones si repercuten en un beneficio para la salud", ha finalizado Antonio Zapatero.

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