Nos encontramos, por lo tanto, con el reto de equilibrar los desequilibrios y, al mismo tiempo, fortalecer nuestras ventajas y potenciar aquellos sectores y actores con un rendimiento menor, tanto en los ámbitos de la Administración Pública como en la economía y la sociedad.

Por ello, con esta finalidad de equilibrar las situaciones anteriormente descritas, cabe destacar la recepción de los primeros 9.000 millones de euros para financiar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) por parte de la Comisión Europea. Esta cantidad equivale al 13% del total de las transferencias que nuestro país va a recibir hasta el año 2026 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el marco del programa Next Generation UE.

Asimismo, en el mes de septiembre, la misma institución publicaba el Itinerario de la Década Digital para lograr la transformación digital de Europa de aquí a 2030. Esta iniciativa refuerza el concepto de una Administración Pública que desarrolle plenamente las tres dimensiones sobre los que se agrupa el despliegue de los componentes del PRTR, englobados en una “Administración Pública digital, diligente y directa”.

En particular, estas tres dimensiones se despliegan a través del Componente 11 de Modernización de las Administraciones Públicas del PRTR del siguiente modo. En primer lugar, se impulsa un Gobierno Digital que transite hacia modelos de transformación digital, sostenibles e inclusivos que pongan en el centro de todas las actuaciones la digitalización como dimensión tractora que impacte a todos los ámbitos de la Administración Pública, economía y sociedad. Es, por tanto, una dimensión estratégica en la que se deben articular todos los proyectos, apoyándose en la digitalización como una palanca que impacta en todo el ecosistema.

En segundo término, se ha de contar con una Administración Pública diligente en el despliegue de los proyectos del PRTR, atendiendo a los grandes ámbitos de actuación que forman parte del ecosistema digital de los servicios públicos, valiéndose de la tecnología (Big Data, Analítica Avanzada, Inteligencia Artificial, Automatización de procesos, etc.) y ejecutando en tiempo y forma de acuerdo a los compromisos pactados con las instituciones europeas y que sirvan para articular una Hoja de Ruta en la que las colaboraciones público-privadas para el despliegue de los proyectos, estén ordenadas de acuerdo a un calendario de ejecución.

Es, por tanto, una dimensión táctica, en la que deben primar los criterios de eficiencia del gasto público, poniendo en valor el papel directivo público como un agente necesario para el despliegue de los proyectos del PRTR, orientando las actuaciones de los empleados hacia tareas de alto valor añadido y valiéndose tanto de la tecnología como del conocimiento especializado de los expertos del Sector.

Por último, se ha de acometer un despliegue de proyectos que tengan un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Los servicios públicos deben concebirse como una mejora de las relaciones entre la ciudadanía y las empresas con las Administraciones Públicas en las que se ponga en el centro los conceptos de facilidad, rapidez, simpleza, usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, y movilidad como objetivos a desarrollar. Así, se trataría de una dimensión operativa, en la que se deben articular todos los proyectos mejorando los servicios públicos digitales hacia nuevos modelos de atención a la ciudadanía personalizados, proactivos y de carácter omnicanal, que permitan, aumentar la variedad de canales (asistentes virtuales, redes sociales, correo, etc.) y la puesta en marcha de servicios digitales que aporten valor añadido para cada uno de ellos.

Estas dimensiones se engloban en lo que podemos denominar una “Administración Pública del siglo XXI”, en la que deben articularse modelos de gobernanza que garanticen la buena ejecución y gestión de las actuaciones del PRTR y que integren en todos los niveles administrativos todas las Administraciones Públicas, independientemente de su localización y población. En último término, se trata de generar outputs alienados con la Hoja de Ruta de la Comisión Europea, dotándose de capacidades digitales y profesionales del sector digital, contando con infraestructuras digitales sostenibles, seguras y eficaces, así como digitalizando de manera disruptiva los servicios públicos.

En cualquier caso, estas dimensiones están directamente relacionadas con el despliegue de los fondos europeos. Por lo que, si tuviésemos que responder de un modo directo a la pregunta, ¿Cómo se puede valorar de forma exitosa un programa europeo?, la respuesta desde nuestro punto de vista es clara. El mejor fondo europeo es el que se ejecuta. Actualmente, se cuenta con una Estrategia digital transformadora, construida de manera conjunta con distintas Administraciones Públicas y que cuenta con el apoyo de la propia Comisión Europea.

Esta Estrategia pretende destinar un total de 4.315 millones de euros para que la Administración Pública actúe como motor de los cambios tecnológicos. En todo caso, todo esto se debe acompañar de un modelo de despliegue que agilice tiempos y forma, ya que, como si se tratara de una contrarreloj, en este momento, los tiempos cuentan, y mucho. Hay que ser consciente de que cuanto antes iniciemos los procesos de modernización en nuestras Administraciones Públicas, más fácil será consolidar el tan deseado proceso de transformación al que nos enfrentamos.

Estamos, por tanto, ante una oportunidad única para equilibrar los desequilibrios desplegando las actuaciones que definirán la relación entre la ciudadanía y sus Administraciones Públicas para la próxima década.