Autónomos y fraude fiscal, claves para que España reciba el próximo tramo de fondos del Plan de Recuperación

Bruselas dio el pasado lunes su visto bueno al requerimiento por parte del Gobierno de acceder al tercer pago previsto en el calendario del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un paso clave para que, en las próximas semanas, lleguen a España 12.000 millones de euros que se sumarían a los 19.000 ya transferidos con la prefinanciación y el primero de los tramos de reformas pactadas entre el Gobierno y la Comisión Europea.

De esta forma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez superaba uno de los tramos más exigentes de su plan ya que incluía la reforma laboral. Un compromiso que, en el momento en el que se acordaron las condiciones para que España recibiera 70.000 millones a fondo perdido, se veía como el más complicado de todos los pactados con Bruselas.

[Bruselas aprueba el pago a España del tercer tramo de 12.000 millones de Next Generation]

Pese a ello, lejos de parar, los próximos meses también estarán cargados de requerimientos si el Gobierno quiere acceder al siguiente tramo de ayudas: 6.000 millones de euros que dependerán de 29 requerimientos que deberán estar listos antes de que termine 2022.

Autonómos y fraude fiscal

Sin lugar a dudas, la reforma de las cotizaciones de los autónomos se presenta como el compromiso clave para que Bruselas de luz verde a la llegada del nuevo tramo de Ayudas. El proyecto capitaneado por el ministro Escrivá enfila desde hace semanas su diseño final. 

Un pacto que parece cercano. El acuerdo final podría llegar en los próximas días, después de que el equipo de José Luis Escrivá les haya trasladado cómo quedaría el pago final de las cuotas. La última propuesta fija que el cambio de modelo para que los autónomos paguen a la Seguridad Social en función de sus ingresos se haría de forma escalable hasta el 2025. 

A la reforma de las cotizaciones se añaden otras 28 reformas entre las que destacan la mejora de la tasa de acceso al ingreso mínimo vital, la entrada en vigor de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal o la revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de vehículos.

A estos compromisos también se unirán en este tramo la revisión del actual sistema de pensiones complementarias y la puesta en marcha de la Ley del Sistema Integral de Formación Profesional. Proyectos que desde el Gobierno valoran como alcanzables en un semestre que será menos exigente que los tres anteriores.

Las pensiones, en 2023

Será en 2023 cuando el Gobierno tenga que poner sobre la mesa de la Comisión Europea reformas de más calado. En concreto, en el primer semestre del próximo año deberá estar listo el nuevo cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, así como la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional.

Dos compromisos que desde Bruselas ya se miran con lupa. No en vano, estos conceptos forman parte del requerimiento que más dudas despierta en la Comisión Europea como ya ha hecho saber al Gobierno. El diseño final y su aprobación se presentan como los grandes protagonistas del arranque de 2023.

Y es que son muchas las voces que señalan la primera mitad del próximo año como el momento en el que la actual coalición de Gobierno deberá poner rumbo a una nueva tanda de citas electorales. Todos los grandes acuerdos previstos para esta legislatura deberán estar listos antes de que España entre en el nuevo ciclo por el que saldrán elegidos, al menos, los próximos gobiernos autonómicos y locales.

Así las cosas, los próximos seis meses se presentan como el último periodo de relativa tranquilidad para el Gobierno en lo que se refiere al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un periodo que debería de terminar con 37.000 millones de euros en las arcas españolas, el 53% de los 70.000 millones en ayudas a fondo perdido comprometidas a falta de que se solicite la adenda de los otros 70.000 millones en prestamos.