Imagen de la plantación desmantelada por la Guardia Civil
Endesa aboga por equiparar las penas por fraude eléctrico a países de Europa para evitar los cortes de luz
La empresa asegura que la media de inversión por cliente en los barrios afectados es de 133 euros/año, frente a los 24 euros/año en otras zonas.
22 julio, 2023 03:10La situación de más de un millar de vecinos de casi una veintena de barrios de Sevilla, como Polígono Sur, Torreblanca, Palmete, Padre Pío o La plata, afectados por los cortes de luz, no tiene una fácil solución a priori.
La postura de la compañía Endesa es inamovible respecto a las posibles causas que los provocan. Insisten en que se deben al sabotaje con fines delictivos al que están sometidas las redes, en muchas de estas ocasiones para cultivo de plantaciones de marihuana indoor.
De ahí que crean que la solución pasa por un cambio en la legislación para endurecer las penas por fraude eléctrico y equipararlas a las impuestas en otros países europeos como Alemania, Francia o Italia.
Desde la empresa lamentan la situación de estos vecinos agrupados en la plataforma 'Barrios Hartos', que cifran en unos 1.200 de los 300.000 que viven en esas zonas. Insisten en que son los primeros interesados en darles un buen servicio.
Como ejemplo, explican desde Endesa a EL ESPAÑOL-Invertia, cada uno de estos invernaderos demanda una potencia que equivale al consumo de 80 viviendas y las instalaciones de la zona, principalmente de uso doméstico, no están preparadas.
Como muestra, hace unos días salió ardiendo como consecuencia de una sobrecarga un centro de transformación de la compañía instalado hace tan solo un mes en el barrio de Torreblanca con la última tecnología.
Para evitar los incendios, esta infraestructura eléctrica dispone de protecciones, como los fusibles, que absorben la sobretensión y evitan males mayores. Sin embargo, en estas zonas se han registrado picos de 10 fusibles fundidos al día por centro de transformación.
El cambio de legislación
De ahí que la única solución que contemple la compañía pase por la colaboración de todas las administraciones competentes, así como las entidades sociales y la sociedad en su conjunto para erradicar estos cultivos, y por una reforma legal.
Es decir, endurecer las penas y evitar las reincidencias equiparándolas a otros países de Europa como Francia, Alemania o Italia. Al respecto la legislación española es muy laxa, lo que ha propiciado una expansión de este problema.
En la actualidad el artículo 255 del Código Penal recoge que el delito de fraude eléctrico supone una pena de multa que va de tres a doce meses. Si la cuantía de lo defraudado no excede los 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.
Si no es posible conocer la cifra defraudada, la ley establece que la cantidad a facturar corresponderá al 100 % de la potencia eléctrica contratada durante seis horas al día en el último año.
Sin embargo, las penas por esta misma causa en Europa son muy superiores y tienen un carácter disuasorio. Por ejemplo, en Alemania su Código Penal establece una pena de cárcel de hasta cinco años.
En Italia se equipara con el delito de hurto, con una pena de seis meses a tres años de prisión y en Francia se asimila la defraudación de energía eléctrica al robo con una pena privativa de libertad de tres años y una multa de 45.000 euros.
Con esta propuesta, el objetivo es atajar el robo de electricidad, cuyo impacto económico en España ronda los 150 millones de euros anuales y que soportan los demás clientes que tienen contrato. En ningún caso la empresa.
Muy localizado el problema
Endesa explica la situación de estos vecinos con las cifras en la mano y tiene muy localizado el problema. Del total de centros de transformación de Sevilla capital, unos 3.200, esta circunstancia se registra en solo 39, y generan el 57 % de las incidencias.
Esta sobrecarga no tiene ninguna justificación técnica, ya que la capacidad de las instalaciones es muy superior a la que teóricamente se necesitaría. Incluso, aseguran, si los usuarios en situación legal, con contrato en vigor e instalaciones interiores conforme a la normativa, utilizasen todos sus suministros a la máxima potencia.
En esa situación aun habría capacidad para suministrar 1,8 veces más clientes en las mismas condiciones. Esta circunstancia da una idea del volumen de enganches ilegales y de la cantidad de energía que demandan. No obstante, desde Endesa tampoco pueden ofrecer más potencia porque, según sostienen, podrían duplicarse los cultivos como ha ocurrido en otras zonas de Almería y Granada.
Vecinos se quejan en una manifestación de los cortes de luz en barrios de Sevilla.
Mientras, la plataforma 'Barrios Hartos' ha vuelto a manifestarse después de que la Fiscalía archivara las diligencias de investigación penal contra Endesa a raíz de la citada denuncia ciudadana. Esta vez han vuelto a presentar un escrito en los juzgados en el que recogen "la situación crítica" que están viviendo.
Desde la compañía advierten otro hándicap: los graves problemas de seguridad que acarrea el fraude eléctrico. Tanto de las personas que manipulan las instalaciones y de las que fortuitamente pueden tener acceso, que pueden sufrir electrocuciones, como de las propias instalaciones que pueden salir ardiendo.
A esto hay que sumar la integridad de los operarios de Endesa, que no pueden ir libremente a hacer su trabajo ordinario. Desde la compañía lamentan que estos reciben amenazas de los que intentan impedir que se corten los enganches ilegales. Por ello, las reparaciones en la red se tienen que hacer bajo el auxilio de la Policía Nacional y/o Policía Local y con el rostro tapado.
Inversiones de la empresa
Del mismo modo, desde la empresa destacan las inversiones realizadas en esos barrios, que oscilan desde los 2,5 millones en el Polígono Sur a los 1,7 en Cerro Amate-Palmete durante 2022.
También que la media por cliente destinada es de 133 euros/año en esas zonas, en contraposición con la destinada en barrios más acomodados de la ciudad como Los Remedios o Nervión, que es 24 euros/año.
De igual modo, aseguran que está presente en todas las mesas de trabajo convocadas por la Junta, la Subdelegación del Gobierno, el Comisionado de Polígono Sur y el Ayuntamiento para intentar paliar la problemática de los cortes de suministro. También para buscar soluciones conjuntas priorizando los casos más críticos.
