La justicia frente a la utilidad política

Esta semana parece que las cifras económicas no han ido mal. A corto plazo, si miramos lo que pasa en el trimestre, los datos de crecimiento económico y de inflación se comportan adecuadamente. Buenas noticias. A corto plazo, claro. Ojalá mejoren y todos vivamos mejor. Sin embargo, con quitarnos las anteojeras cortoplacistas las cosas cambian. ¿Por qué mantener la mirada en el corto plazo? Porque es conveniente, es útil. Y esa es una característica de nuestro gobierno y, en general, de los políticos actuales: son expertos en políticas "útiles". 

Sin ir más lejos, el martes pasado, la ministra portavoz del gobierno afirmaba que el preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña es "el triunfo de la política útil". Hay que recordar que el primer párrafo de dicho acuerdo, que confiere plena autonomía fiscal a Cataluña, comienza: "Las formaciones firmantes nos reclamamos herederas del catalanismo popular, que tiene como principios esenciales el reconocimiento de Cataluña como nación…". 

Es un asalto a la Constitución Española en toda regla y, además, ataca la famosa solidaridad interregional y discrimina entre las autonomías privilegiadas fiscalmente y las demás, en especial, a la Comunidad de Madrid, contra las que se han desatado todo tipo de críticas y acusaciones debido a su política de control de los impuestos y fomento del emprendimiento.

El criterio de utlidad es problemático. Solo es útil para el sostenimiento en el poder de Pedro Sánchez. 

Aludir al criterio de utilidad es problemático. Porque, ¿para quién es útil esa política? Obviamente, no para la paz y la convivencia social, no para la antaño aclamada "solidaridad" entre las regiones, no para el fortalecimiento de un mercado único donde los agentes económicos compiten entre sí en igualdad ante la ley. 

Es útil para el sostenimiento en el poder de Pedro Sánchez, para la presidencia de Salvador Illa, para los independentistas, que logran imponer ese "principio esencial" según el cual Cataluña es una nación. Reconocer ese punto es sancionar la independencia de Cataluña, es dar otro paso más tras la vergonzosa e inconstitucional amnistía. Pero no lo es para España y los españoles. 

Así que, mientras los economistas más afines al régimen blanquean la política económica del gobierno, se está perpetrando un atentado contra la democracia. No solamente porque anuncian un preacuerdo del que se congratulan, que puede no firmarse, finalmente, sino porque con estos intentos tratan de normalizar aberraciones políticas contrarias a nuestra democracia y nuestra Constitución, que ellos mismos denostaron hace apenas meses, como ya hicieron con la amnistía a los golpistas.

El utilitarismo en política tiene una historia. Fue Jeremy Bentham quien abogaba por poner el foco en las consecuencias futuras. En general, trata de lograr determinados fines para el mañana, y no tanto compensar las injusticias del ayer. Es decir, es una visión racional de las leyes para que persigan un bien moral y un beneficio para todos. Sonar, suena muy bien.

Mientras los economistas más afines al régimen blanquean la política económica del gobierno, se está perpetrando un atentado contra la democracia. 

No obstante, el utilitarismo y el "cálculo felicísimo", que intenta buscar la máxima felicidad para el mayor número de personas cuantitativamente, tiene sus problemas. 

Por ejemplo, al ser conscuencialista puede entrar en conflicto con la justicia. Es decir, si transgredir las leyes tiene como resultado más personas felices, pues se transgrede. Asimismo, en ese cálculo que consiste en sumar placeres y restar dolores, no se tiene en cuanta qué produce el dolor o el placer, ni la subjetividad en la percepción de ambos.

Pero, hay otro problema. Para el benthamismo, el Estado tiene una importancia fundamental, porque  niega que pueda haber derechos fuera de él. Es decir, para Bentham, el ser humano no tiene derechos inherentes a su condición humana, de manera que esos derechos han de ser establecidos de acuerdo con criterios externos a su naturaleza. ¿Por quién? Por los gobernantes, los iluminados que fijan derechos y obligaciones. Una aberración que salió de la misma mente que el "panóptico", una cárcel cuyas celdas estaban dispuestas de manera que se pudiera vigilar desde un punto central. El colmo de la eficiencia vigilante. Aterrador.

Recuerda un poco a la maraña de regulaciones y controles que nuestros gobernantes han desplegado mientras mirábamos a otro sitio. El dinero en efectivo es sospechoso. Las personas que piensan diferentes son denostadas. Quienes nos quejamos de los impuestos somos tachados de potenciales defraudadores e insolidarios. Los hombres son sospechosos de violencia y culpables de nacimiento, como las mujeres con valores tradicionales. Porque no existen más valores que los del gobierno, o los de los socios necesarios. Porque, si esos socios son útiles, no importa qué valores defiendan.

Y de ahí, el aplauso a las "políticas útiles", sin importar si son inmorales, si han afirmado que nunca sucedería o si va en contra de lo que la mayoría de la gente quiere. El cálculo felicísimo ahora se limita al poder de su partido.

Las "políticas útiles" se suman a la propaganda del "voto útil" que ya ha dado la victoria a unos y a otros. Un voto útil, más que expresar la voluntad popular, es una medida del miedo del pueblo. Gobernar a un pueblo atemorizado solamente puede ser el sueño de un gobernante con aspiraciones de tirano. Sea el que sea. Porque el miedo es el recurso de los débiles y, como dice la canción Jorge Drexler, “el odio es el lazarillo de los cobardes”.

Por eso, el único remedio es, desde mi punto de vista: el pensamiento propio, la rebeldía y, por supuesto, la gallardía.