Hace pocos días se aprobó de manera definitiva el real decreto por el que el Gobierno ha introducido modificaciones en el estatuto de los trabajadores, de tal forma que a los llamados riders se les debe aplicar la presunción de laboralidad. En ese mismo texto se plantea que los representantes de esos trabajadores deben tener acceso a información detallada del algoritmo de las plataformas sobre todo lo que les afecte. Tanto las plataformas más afectadas, como los trabajadores reunidos en torno a los sindicatos mayoritarios de riders han mostrado su enfado y su rechazo a esta norma, cuestión esta que debería ser motivo mínimo de reflexión para cualquier gobernante.
Considerar que un trabajador por cuenta propia, autónomo según nuestra nomenclatura, por sistema no goza de las mismos derechos y protecciones que un trabajador por cuenta ajena, supone considerar que los tres millones de autónomos del país son algo así como menores de edad que no saben lo que hacen y que son pobres siervos viviendo en niveles de subsistencia. Pensar por otro lado que si eres un trabajador precario y con sueldo mísero pero, eso sí, laboral, como le pasa a millones de trabajadores, sobre todo jóvenes, es lo más parecido al nirvana que uno pueda conocer es desde luego digno de una visión bien miope de nuestra realidad. Sin embargo, esos han sido los términos del debate, y no otros. Al menos para el Gobierno, que ha impulsado esta norma bajo estas premisas.
Partiendo de estas ideas, el Gobierno ni siquiera ha hecho un mínimo esfuerzo en tratar de entender una nueva realidad, compleja, es cierto, nada fácil, pero que exigía una mayor altitud de miras a la hora de legislar y regular. En mi opinión, y la de los mayores expertos en esta materia a los que solemos leer en sus artículos y libros, el objetivo perseguido debería haber sido cómo mejorar los derechos y la protección de estos trabajadores autónomos y, al mismo tiempo, no frenar, sino más bien al contrario, impulsar la innovación.
El mismo Gobierno que nos anuncia día sí y al otro también que está impulsando una Nación Emprendedora, no ha sido capaz de tener una mirada no ya emprendedora, sino tan siquiera de acompañamiento hacia las compañías y trabajadores que intentan hacer cosas de forma diferente. Atados al mástil de un modelo de relaciones laborales de la época industrial, han perdido, y con ellos toda la sociedad, la oportunidad de emprender una regulación ambiciosa e innovadora del conjunto del ecosistema productivo y laboral que conforman las plataformas y la economía digital.
Sin embargo, otros países de nuestro entorno como Francia, sí han hecho los deberes dando un salto cualitativo sobre este modelo. Huelga decir que Francia no es sospechosa de ser una sociedad y un Estado donde el mercado sea quien dicte las normas, pero en este territorio sí está demostrando tener más reflejos para actuar como un Estado emprendedor.
El Gobierno francés ha impulsado la nueva figura del auto-entrepreneur, un híbrido entre un trabajador por cuenta ajena y uno que lo es por cuenta propia, tratando de compaginar lo mejor de ambas situaciones, a saber: derechos y protección, con libertad y flexibilidad; han sido plenamente conscientes de que las nuevas formas y realidades del trabajo exigen una mirada diferente a la del siglo XX.
En otras legislaciones nacionales no se ha llegado tan lejos, pero sí se han explorado modelos flexibles, en los que al menos se reconoce la capacidad de poder elegir el régimen con el que quieres trabajar con una plataforma. El resumen de estas nuevas regulaciones en los países con mayor visión podría ser el siguiente: derechos y protección para los trabajadores de plataforma con flexibilidad para que las nuevas empresas puedan seguir innovando.
¿Por qué no se ha adoptado ese esquema aquí? ¿De verdad alguien considera que el modelo de fábrica fordista y todo lo que ella acarreaba en materia de condiciones de empleo y trabajo va a regresar en los próximos años? ¿Quiénes son las empresas y los sectores que están creando empleo y a mayor velocidad?
Hay encuestas y estudios que demuestran que la mayoría de los trabajadores de plataformas quieren seguir siendo autónomos, elegir la cantidad de horas que trabajan, las plataformas para las que trabajan, pero también quieren tener determinados derechos, medidas de seguridad y otras ventajas. No todos los trabajadores responden al mismo arquetipo que los de las fábricas del siglo pasado. No todo el mundo demanda trabajar ocho horas diarias de lunes a viernes, hay gente que sólo demanda trabajar por horas fines de semanas, o en días alternos, y estos trabajos para plataforma otorgan esa flexibilidad para quien la busca. Por tanto, si quieres poder atender sus demandas y sus problemas, deberías estar abierto a nuevos esquemas, abandonar el la disyuntiva “laboralidad y freelance” que atenaza buscar soluciones, y, en definitiva, innnovar también en la regulación laboral para afrontar los retos del presente y el futuro.
Además de aplicar una visión trasnochada fruto probablemente de un antifaz ideológico que no augura nada positivo para el futuro en estas materias, hemos conocido por boca de los propios afectados que ni las plataformas digitales más afectadas por la norma -¿desde cuándo se legisla en materia de derecho laboral ad hoc?- ni los sindicatos mayoritarios de riders han sido invitados a ese tipo de discusión con el Gobierno. ¿Alguien puede explicar el por qué de estas ausencias clamorosas?
Dejando esta cuestión de lado, el Gobierno también ha aprobado en el mismo real decreto otro artículo en el que ha abierto el melón en torno a los algoritmos. Y lo ha hecho con un desparpajo que limita con la osadía, anunciando algo así como que “nos ponemos al frente del mundo mundial en esta materia”. Quiero pensar que no todos los miembros del Gobierno son desconocedores del papel que juegan los algoritmos en la innovación de nuestros días, de lo que son y lo que significan, de cómo se desarrollan, de lo que cuesta construirlos desde la nada. El ministerio de Trabajo ha anunciado que persigue acabar con “los castigos laborales que promueven estas herramientas algorítmicas”. El argumento no puede ser más falaz: ¿Acaso se considera que una medida justa e injusta que tome un algoritmo es mejor o peor que si la hubiera tomado una persona?
Se han encendido muchas alarmas en el sector emprendedor y tecnológico porque el Gobierno parece querer resolver con un artículo en el estatuto de los trabajadores la regulación algorítmica, cuando en la Unión Europea se está discutiendo en sesudos documentos de cientos de páginas desde hace bastante tiempo.
Intuyo que los titulares del ministerio, conscientes del terreno resbaladizo que están pisando se han visto obligados a redactar el texto de un artículo con semántica de Proposición No de Ley, anunciando al unísono que su intención es extender esa forma inconcreta y confusa de transparencia de los algoritmos (en estos momentos nadie con quien he hablado de este asunto está seguro del alcance concreto del articulado) no sólo a las plataformas de la llamada gyg economy, sino al conjunto de plataformas digitales.
Cuando una startup o plataforma impulsa un nuevo modelo de negocio hace una gran inversión en la construcción de sus herramientas algorítmicas, es su I+D+i, si desde el principio tiene que estar sometido a escrutinio público, ¿cómo va a competir con sus competidores? ¿Hasta qué punto no hay que proteger a esos emprendedores que han invertido sus pocos ahorros en esa herramienta? ¿Cómo lanzar un proyecto de innovación utilizando algoritmos si no puedes proteger tu creatividad? ¿Cómo se va a garantizar el secreto empresarial que ya forma parte del acervo de derecho privado comunitario con este real decreto recién aprobado? Son preguntas todas ellas complejas de contestar, pero es que la realidad es demasiado compleja como para ventilar su respuesta de un plumazo en un párrafo de un real decreto.
Con todo, lo que más me llama la atención es que el Gobierno haya sacado pecho al respecto y poco menos que anuncia que estamos liderando a nivel mundial el debate y la acción política sobre esta cuestión -yo reconozco que ya me he perdido entre tantos debates que según nuestros gobernantes estamos liderando en Europa y en el mundo en materia tecnológica-, pero creo honestamente que el asunto merecía un poco más de prudencia a la hora de esgrimir determinadas afirmaciones, pues están en juego miles de puestos de trabajo y miles de proyectos de emprendimiento y de innovación en nuestro país.
Las instituciones (Gobierno, sindicatos y patronales no dejan de ser eso) y su buen diseño son la clave de bóveda de una sociedad dinámica que se impulsa hacia el futuro tomando decisiones racionales en función de los debates que se producen en el presente. Pero parece que algunas de esas instituciones tienen dificultades para navegar por los mares actuales y pretenden que todo se paralice porque no son capaces de innovar y evolucionar, como sin embargo se pide de manera permanente para los demás.
Puede que a los sindicatos tradicionales no les guste el modelo de trabajador de plataforma (por cierto no todos son riders, hay muchos trabajadores que antes se llamaban de “cuello blanco” que trabajan de manera independiente para sus clientes y no quieren ser asalariados laborales), entre otras cosas porque en esos ámbitos su modelo no goza de muchas simpatías, pero qué duda cabe que es un fenómeno en alza. La propia Unión Europea considera que en los próximos años los autonómos serán la fuerza laboral que más crezca, muchos de ellos vinculados a las actividades de plataformas. Puede que a las patronales tradicionales no les acaben de encajar los modelos de negocio y también de cultura organizativa de las startups y las plataformas digitales, pero es de los pocos sectores que está generando nueva actividad económica, empleo y riqueza, y también tienen impulsan una nueva cultura empresarial y de relación con su entorno social.
Mención expresa merece el tercer agente: el gubernamental. Cuando el Gobierno nació hace apenas año y medio, anunció a bombo y platillo que iba a impulsar la innovación, una ley de startups, que íbamos a liderar no sé cuántos aspectos en materia digital, que íbamos a ser la Nación Emprendedora que nos merecemos. De la mayoría de estas cuestiones apenas sabemos nada, de momento sólo vemos anuncios. Lo que sí sabemos es que en que cada partido que se juega entre la innovación y mantener el status quo vigente, siempre apuesta por esto último. Ha ocurrido con la ley de riders, pero también con la tasa digital, con la visión en torno a los grandes debates del mercado único digital como el Copyright o ahora está ocurriendo con los algoritmos.
El debate entre todas las partes es necesario, nadie tiene nunca toda la razón, las nuevas realidades son complejas, se han roto muchos esquemas en los mercados, en la sociedad, en las relaciones laborales, en las formas de relacionarnos. Las plataformas tecnológicas también deben dar pasos en la dirección de un mayor compromiso y capacidad e integración de otras propuestas y principios de actuación, y de hecho están en ello, en esta misma columna lo hemos dicho, pero en una democracia madura quien pone el tono y las reglas en el debate público siempre es el Gobierno. Quien puede liderar soluciones innovadores a los retos sociales escuchando a todas las partes es el Gobierno. De él depende que haya debates serios y profundos, para luego poder tomar las decisiones más acertadas. Pero hasta ahora su posición ha sido siempre la misma: a los que innovan, ni agua.
***Agustín Baeza es director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Startups y coordinador del Grupo de Economía Digital en APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales)
