¿Qué hace un gabacho diciéndole a España lo que debe hacer en materia tecnológica? La pregunta me la planteaba un colega de profesión al saber que Faÿçal Hafied, exdirector adjunto de la Oficina de Políticas Industriales y Economía del Conocimiento del gobierno francés, iba a presentar esta semana el nuevo documento de trabajo del Real Instituto Elcano: Una estrategia nacional de Deep Tech para España.
El experto en políticas de innovación asociado al Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) analiza en su estudio el estado de la innovación en España, compara las políticas de impulso de las deep tech en diversos países europeos y propone una serie de medidas para una estrategia nacional. El documento comienza por lo obvio: la necesidad de definir a qué nos referimos cuando hablamos de deep tech.
Las ‘tecnologías profundas’ pueden ser muchas: desde la inteligencia artificial o la robótica hasta la biotecnología o blockchain, pasando por la fotónica y la electrónica (cuando sus aplicaciones no se dirigen al consumidor final). Hafied las define como aquellas con altas barreras de desarrollo por su elevada intensidad de capital y por la incertidumbre sobre sus futuros rendimientos, lo que desalienta la inversión privada.
El autor arguye que, en un contexto de ascenso tecnológico de China y de tiras y afloja geopolíticos asociados al 5G o los semiconductores, las deep tech resultan cruciales para garantizar la soberanía tecnológica de los Estados y de la Unión Europea. También, cómo no, para impulsar el crecimiento económico.
Falta capital y talento
En este contexto, Hafied critica la ausencia de planes específicos para impulsar estas tecnologías, tanto en la Ley de Startups española como en la reforma de la Ley de la Ciencia aprobada este 2022. También señala las flaquezas de la innovación en España. Destaca el escaso rendimiento del gasto en I+D, “debido principalmente a la baja contribución del sector privado a la investigación”.
La afirmación no nos pilla de nuevas, y en D+I se ha repetido por activa y por pasiva, pero suena aún peor cuando es alguien foráneo quien nos saca las vergüenzas. Con los datos en la mano, la aportación de la I+D privada al total de la investigación fue de en torno al 0,7% durante la década 2009-2019. Es decir, la mitad de la media de la UE.
Otros aspectos problemáticos son las pocas ayudas directas a la innovación (en comparación con el resto del mundo) y la baja inversión de capital privado en deep tech: solo el 15% del total de las inversiones nacionales de capital riesgo. Entre 2015 y 2020, esto se tradujo en un total de 700 millones de euros, frente a los 12.600 millones de euros invertidos por Reino Unidos o los 5.000 millones de euros de la vecina Francia.
España tiene una oportunidad para colocarse a la vanguardia de las 'deep tech'.
Tampoco es que haya una ebullición de empresas deep tech españolas, que además de enfrentarse a las altas trabas burocráticas a la innovación que afectan a todos los emprendedores, tienen unas barreras de entrada aún mayores por encontrarse en la “frontera tecnológica”. Son rompedoras, y es eso lo que precisamente las hace más relevantes, “que permiten un avance en el estado del conocimiento y la aparición de nuevos productos en mercados emergentes o aún inexistentes”, como apunta el autor del informe.
Otras barreras son culturales, como las que impiden a muchos investigadores dar el paso de la universidad a la empresa, de investigar a emprender. A ello se une la escasez de talento CTIM o STEM (siglas para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), y más aún si hablamos de especialización en áreas como la inteligencia artificial, la ciencia de datos o la ciberseguridad.
A ello se añade la brecha de género tecnológica: en los últimos años hemos pasado de un 30% de egresadas en informática a un 12%, y algo similar ha ocurrido en otras carreras como la de Telecomunicaciones o la de Física, destaca el documento publicado por el Real Instituto Elcano.
Al rescate, papá Estado
Hafied recoge el testigo de Mariana Mazzucato en The Entrepreneurial State y sostiene que las barreras de entrada de las deep tech “implican la necesidad de una intervención estatal correctiva”. De hecho, Mazzucato pone en su libro múltiples ejemplos de innovaciones de vanguardia proceden de programas de I+D militares que después han desembocado en productos con aplicaciones civiles, como el iPhone.
El investigador francés asegura que “sin el apoyo y los incentivos del Estado, poco capital privado se arriesgaría a invertir en innovación rompedora y en apoyar nuevas empresas biotecnológicas innovadoras”. Para este y otros retos que plantea el impulso de las deep tech como palanca clave de crecimiento y soberanía nacional, Hafied tiene soluciones. O, al menos, propuestas: 24 en concreto.
La primera es crear un Consejo Estratégico Nacional de Deep Tech con personalidades independientes provenientes de grupos industriales, investigadores, inversores profesionales, parques científicos y organismos públicos, con la misión de presentar un informe documentado al presidente del Gobierno sobre las tecnologías emergentes prioritarias.
Esa es precisamente la segunda propuesta: seleccionar esas 10 tecnologías prioritarias para un plan de inversión gubernamental con medidas de intervención específicas y planes separados (hidrógeno verde, biotecnologías, aeroespacial, vehículos híbridos, etc.). La tercera medida sería enmarcar qué define a una empresa deep tech y organizar una red de prescriptores -por ejemplo, parques tecnológicos, OTRI, organismos públicos de investigación y universidades- encargados de otorgar la etiqueta.
Les siguen medidas dirigidas a impulsar las patentes y la actividad emprendedora por parte de investigadores en entornos académicos. Entre estas, están ampliar la exención de las tasas de registro de patentes a todos los organismos públicos de investigación; fomentar (más) la movilidad intersectorial de los investigadores o permitir la concesión de derechos de propiedad intelectual a los investigadores por las investigaciones realizadas fuera de su organismo de adscripción.
Hafied también sugiere ampliar el límite de cinco años de autorización para participar en la actividad de investigación privada, crear programas de tutoría de investigadores enfocados en métodos de gestión empresarial y flexibilizar las normas de incompatibilidad del personal administrativo, que dificultan la formación de nuevas empresas innovadoras a partir de la investigación pública.
Un ARPA made in Spain
En el ámbito de la transferencia de tecnología, el autor plantea racionalizar el número de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (las OTRI), que son más de 200 en España frente a las 13 de Francia. También propone crear una plataforma nacional de transferencia de tecnología, y entre siete y 11 empresas de transferencia de tecnología de titularidad pública que cubran todo el país y con autonomía de gestión mediante una convocatoria de proyectos.
En cuanto a la financiación y a la fiscalidad de las deep tech, se trataría de aprovechar el fondo Next Tech para fomentar la aparición de empresas de inversión en este tipo de tecnologías y empresas. También de establecer un régimen fiscal específico para estas, con más incentivos fiscales voluntarios que los previstos para el resto de start-ups.
Por otra parte, Hafied propone algo que tampoco sonará nuevo: crear una ARPA española asociada a uno de los 10 sectores estratégicos identificados, que sea suficientemente sinérgico con las especialidades industriales de España.
A nivel Europeo, el experto sugiere que sería conveniente dar al Consejo Europeo de Innovación (EIC) un papel en la coordinación de los planes nacionales de tecnologías profundas, en función de los fallos de mercado y las especializaciones industriales observadas en cada país. Otra propuesta es la de crear un programa europeo de postgrado para la investigación básica para promover a 300 investigadores al año en la UE que, al finalizar el programa, puedan crear una spin-off con una subvención europea.
Por último, el experto incluye la necesidad de crear mecanismos armonizados de transferencia de tecnología dentro de la UE y establecer una ‘Ley Europea de la Pequeña Empresa’ (Small Business Act) para reservar la preferencia en la contratación pública a las empresas europeas de nueva creación con alto contenido tecnológico.
Solucionismo tecnológico
No se le puede negar al investigador francés el gran trabajo de aglutinación, síntesis y estructuración de toda una serie de demandas y reivindicaciones que llevan haciéndose desde hace años desde los ámbitos de la investigación, el emprendimiento y el capital riesgo. También aporta nuevas ideas valiosas, y una perspectiva foránea geoestratégica que resulta enriquecedora.
Eso es precisamente lo que le movió a analizar la realidad deep tech española: contribuir al debate y dar una opinión útil sobre cómo se han hecho las cosas en otros países, y en específico en Francia (no en vano, el documento está plagado de referencias a medidas tomadas en su país).
Hafied reconoce estar “muy apegado a la idea europea”, y cree que ser ciudadano europeo significa contribuir a la construcción de Europa mediante acciones concretas y cotidianas en el ámbito de la propia competencia. “Además, la Unión Europea tendrá que federarse en materia de innovación para alcanzar una masa crítica y afrontar eficazmente los nuevos retos de nuestro siglo (clima, pandemias, seguridad alimentaria, abastecimiento energético, etc.), y esto empieza por el intercambio de información entre individuos”, afirma.
Cuando le pregunto: ¿por qué las deep tech? Responde que estas son de primer orden en la actualidad económica y política, y que el temor de entrar en un periodo de estancamiento secular y el auge de las teorías del decrecimiento están dando lugar a la necesidad urgente de un salto tecnológico, que está cristalizando en torno a las tecnologías profundas.
Sin embargo, su planteamiento centrado en la tecnología peca de solucionismo tecnológico. Lo importante no son las deep tech, sino los problemas y retos locales y globales a los que debemos hacer frente. Las soluciones vendrán desde múltiples ámbitos, no solo del tecnológico. Con políticas abstractas centradas en la tecnología -y, por tanto, difíciles de contextualizar en su complejidad- no se solucionan problemas sociales ni medioambientales.
Parafraseando a la filósofa del derecho Lorena Jaume-Palasí, fundadora de Ethical Tech Society: necesitamos estrategias que se basen en identificar los conflictos y desafíos a abordar -y los valores que se quieren proteger- que abarquen tanto la parte técnica como la social. No es posible dar respuesta a problemas sociotécnicos con planes únicamente basados en aspectos tecnológicos. Por tanto, sí a impulsar las deep tech, pero como medio -no como objetivo final- y con la guía de un propósito.
