En la vida hay veces que se suceden las casualidades y las circunstancias, hasta el punto de que situaciones muy parejas lleguen a coincidir en el tiempo. Pero que transcurran en paralelo y partan de una base común no implica que sus detalles y mucho menos su desenlace sean equivalentes.
Nos ponemos en la piel de los entes anticompetencia y, por encima de todo, en el mercado al que han de proteger. Estos organismos enfrentan decenas de casos relevantes al año, en multitud de verticales distintos, y cada uno de ellos tiene sus particularidades y vicisitudes. Pero en algunos de ellos es imposible no caer en la tentación de establecer comparaciones y dejar valoraciones al juicio del buen lector.
Vayamos al grano: Microsoft anunció en enero de 2022 la compra de Activision Blizzard y King por 68.700 millones de dólares; una cantidad extraordinaria por los estudios de videojuegos como 'Call of Duty' y 'World of Warcraft'. La adquisición viene a fortalecer el ya ingente catálogo de títulos de XBOX y su servicio de suscripción Game Pass. Pero, por encima de todo, servía de acicate para atraer las miradas de los consumidores hacia esta marca, en clara desventaja frente a su rival SONY y su PlayStation.
Y fueron los nipones los que no tardaron en poner el grito en el cielo, oponiéndose frontalmente a esta operación. No en vano, 'Call of Duty' es uno de los videojuegos estrella del momento y cualquier movimiento que pudiera implicar que dejara de estar disponible para sus usuarios sería catastrófico para este lado de la ecuación. Reclamaciones que fueron escuchadas por los reguladores, poniendo trabas y dilatando el proceso a la espera de recabar más información.
¿Qué hizo Microsoft? Responder con datos ("En Europa, por ejemplo, Sony PlayStation tiene el 80% del mercado de consolas de alta gama, mientras que Xbox solo tiene el 20%", me decía Brad Smith, presidente de la casa en entrevista exclusiva) y sellando alianzas con los otros rivales del sector (Nintendo o Nvidia) para comprometerse por escrito a mantener el juego en cuestión accesible a todos los contendientes. Un pacto de caballeros vinculante que también fue ofrecido a SONY, aunque les fue cerrada de par en par la puerta sin atenerse a ninguna razón específica. Son estos últimos los que están mostrando sus costuras y temores, mientras que el Respetable se ha puesto del lado de la lógica, esto es, del de Redmond.
Pongamos ahora otro caso, el de la compra de VMware por parte de Broadcom por 61.000 millones de dólares. Se trata de una operación de similar montante, en este caso centrada en una capa como la de la virtualización y la tecnología empresarial, que tampoco ha gustado a muchos reguladores.
El último en pronunciarse ha sido la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido, que ha expresado sus preocupaciones no sólo por el temor a que pueda subir los precios del hardware que comercializa la adquiriente, sino también a que la entidad resultante pueda restringir la compatibilidad a sus competidores (hasta ahora socios de VMware) a este software de virtualización de servidores. Y con un detalle adicional: también podría producirse el acceso a datos confidenciales de sus antaño aliados o dejar a sus clientes con menos actualizaciones o funciones peores para inclinarles hacia su entorno cerrado.
[Red Hat le lee la cartilla a VMware en la guerra de los contenedores]
No es sólo Reino Unido, también la Comisión Europea está estudiando el caso. Y mientras tanto, analistas y CIO reconocen, desde hace meses, en privado y en corrillos, que la situación está lejos de lo deseable. Broadcom tiene un largo historial de compras controvertidas que acabaron derivando en despidos masivos y rebajas notables en la inversión en innovación de las empresas adquiridas. Y lo que es menos halagüeño: de establecer tantas sinergias entre sus distintas marcas que se lleguen a rozar límites peligrosos de cara a los reguladores.
¿La respuesta de VMware, presidida en España por Maria José Talavera? Lejos de los pasos al frente y la transparencia del ejemplo antes mentado, la compañía norteamericana se ha limitado a emitir un comunicado en las islas británicas afirmando que espera que todo el proceso salga adelante y que están colaborando con las autoridades al respecto. Ni un sólo compromiso en firme con sus clientes, como así reconocen a D+I, de cara al futuro... ni mucho menos en público. Sólo contamos con los antecedentes de Broadcom, los miedos de los reguladores y un vaivén de cambio de carteras en VMware cuyas consecuencias son difíciles de descifrar aún a estas alturas de la película.