El culebrón de la compañía sevillana llega a un punto de no retorno: el pago de salarios a sus trabajadores en este mes de diciembre. La necesidad de liquidez se mantiene en torno a los 100 millones mensuales -según la banca- y de 150 millones -según la empresa- para aguantar hasta marzo. Fuentes próximas a la empresa señalan que el futuro de Abengoa está ligado al resultado del 20D y si se logra suficiente apoyo institucional público. “Se está haciendo lo indecible para salvar a la compañía y la semana que viene será clave para la empresa. Hay contactos institucionales de alto nivel para buscar mayor participación pública en la solución para Abengoa”, explican a EL ESPAÑOL.

Mientras tanto, se masca la mayor suspensión de pagos de la historia, aunque los movimientos se suceden en todos los ámbitos: político y financiero. La Junta de Andalucía lidera los contactos políticos en el frente institucional debido al impacto regional que tendría la caída de Abengoa sobre el empleo directo y el de los proveedores, que ya han sufrido los impagos.

De los 7.000 empleados que tiene la empresa en España, 4.000 están en la región. Actualmente, la empresa está al día en los pagos de los salarios, pero puede faltar si entre esta y la semana que viene no consigue la dosis extra de liquidez que necesita para atender a los compromisos con sus empleados.

“Todavía no se ha producido el pago de la paga extra, pero la empresa todavía estaría en plazo para realizar ese abono a los empleados”, dijeron fuentes financieras. No obstante, si finalmente la empresa entra en concurso, los 25.000 empleados del grupo pueden verse abocados a recurrir al Fogasa.

Para la agencia de calificación de riesgo crediticio S&P, Abengoa ha caído en categoría de “impago selectivo” desde “CCC-” (el peor de los ratings posibles), que señala a los emisores públicos o privados que han dejado de pagar a algunos de sus acreedores (como Abengoa ha hecho ya en Irlanda y México) o se encuentran en proceso de reestructuración de sus deuda con quitas (descuentos) en la mesa de negociación.

Los impagos selectivos del grupo sevillano se han realizado sobre sus emisiones de pagarés a corto plazo. “Abengoa nos ha confirmado que ninguna de las cantidades pendientes de pago supera el umbral de los 30 millones de euros. Por lo que sabemos, el grupo no ha incumplido ninguna obligación de pago de cupón de sus bonos senior garantizados”, señalan desde S&P.

¿Nuevos inversores?

El dinero público tiene una amplia exposición a la deuda de Abengoa. Entre el ICO, Cofides y Cesce, los tres organismos de posición mayoritariamente pública, suman más de 400 millones. Sin embargo, la posibilidad de que los entes públicos adquieran un mayor peso en la reestructuración de la empresa gana peso en el escenario ante la ausencia, de momento, de nuevos socios que aporten más capital a la empresa y faciliten una negociación con la banca. Es la pescadilla que se muerde la cola en la negociación: sin los unos, no darán el visto bueno los otros... Y viceversa. 

En este extremo, la referencia vuelve a ser la operación planteada por Abengoa junto a Gestamp (Gonvarri) en semanas recientes y que suponía una inyección de capital de 650 millones (400 aportados por el nuevo socio), además de una refinanciación global de la empresa por parte de los bancos acreedores que lidera Santander, con más de 1.500 millones; junto con Caixabank, entre otros.

El banco de inversión Lazard tiene el mandato para la búsqueda de nuevos socios, tanto industriales como financieros. Entre los grupos potencialmente capaces -y con solvencia- de convertirse en socios industriales se encuentran constructoras como Ferrovial o Acciona, con experiencia en el negocio de las concesiones y, sobre todo, en la financiación de proyectos (project finance) como los que tiene Abengoa en energías renovables.

Por su parte, JPMorgan es la entidad encargada de buscar un nuevo socio para la filial Abengoa Yield, que cotiza en la bolsa estadounidense y tiene un 43% de sus acciones en manos de la matriz. Fuentes financieras apuntan a este diario que la posibilidad de vender esta participación -que garantiza parte de la deuda- se enfrenta a “obstáculos legales y puede ser anulada” más adelante por la vía judicial si se declara el concurso. No obstante, la predisposición de la actual dirección de Yieldco -encabezada por Santiago Seage- es desvincularse de la matriz e, incluso, cambiar de nombre y socio.

Pendientes del mapa de la deuda

KPMG no da una fecha concreta sobre cuándo tendrá la radiografía de la deuda, la liquidez y la posición de tesorería de todas las filiales que integran el Grupo Abengoa. No se trata de una tarea fácil, ni que pueda resolverse en dos días: el perímetro de sociedades de la empresa sevillana en todo el mundo asciende a 887 empresas, según sus cuentas. Su deuda ronda los 9.000 millones de euros, si bien, si se suman los proyectos independientes alrededor de la empresa la financiación alrededor de Abengoa llega a los 20.000 millones.

Como informó EL ESPAÑOL, el análisis de Abengoa se está realizando “país por país” y “filial por filial” para que la banca puede determinar qué empresas y proyectos salva, y cuáles no. Ese análisis aboca a un proceso para “trocear” la empresa, que, de salvarse, poco tendrá que ver con su actual forma, aspecto y que tendrá nuevos dueños. De momento, junto a la matriz, otras 30 empresas han presentado el preconcurso ante el juzgado de Sevilla. Hasta que no se conozcan lo posibles apoyos a la empresa y las necesidades reales ante sus vencimientos (esos 100 millones de euros extra al mes), la banca no volverá a abrir el grifo.

Proceso judicial contra los administradores

El último coletazo de la crisis de Abengoa se ha producido en otras instancias judiciales y tiene que ver con los anteriores gestores de la empresa, encabezados por la familia Benjumea. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha llamado a declarar como investigados Felipe Benjumea y Manuel Sánchez, expresidente y exconsejero delegado de Abengoa, respectivamente, por uso de información privilegiada y administración desleal.

El documento señala otro escándalo. Los dos ejecutivos se llevaron 20 millones de euros en "indemnizaciones por objetivos cumplidos", como avanzó el 28 de noviembre este diario. Los bonistas señalan que Benjumea y Sánchez Ortega eran “conocedores de la auténtica realidad económica-financiera” de la empresa y que buscaron su enriquecimiento en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad".