Las alarmas de la situación económica se han encendido en Argentina con las últimas cifras de evolución del empleo en las empresas. Más de 107.000 trabajadores han sido despedidos en el sector privado y el Estado desde la llegada del presidente liberal Mauricio Macri a la Casa Rosada en diciembre pasado.

En enero último fueron 41.921 los empleados que perdieron sus trabajos y en febrero otros 65.799 les siguieron, según informaron este martes consultoras privadas. En total han sumado 107.720 personas, un tercio de las cuáles tenían un empleo público a nivel ayuntamiento, provincial o Estado.

En la actividad privada los ceses han impactado más fuerte en la construcción -varias obras públicas en represas y planes de viviendas están paralizadas por falta de fondos-, y luego le siguen la gastronomía y el textil, en coincidencia con el receso productivo por las vacaciones del verano austral.

Se calcula que la ola de despidos podría incrementar en medio punto el índice de paro de 6,9%, según la última medición publicada en 2015 por el oficial Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Aunque las consultoras privadas lo colocaban en un 8% hasta diciembre pasado.

El presidente Mauricio Macri había afirmado, el pasado martes 1 en su informe del estado de la Nación al parlamento, que "alrededor de 1.200.000 personas están desempleadas". En verdad, los estudios no oficiales estiman que hasta diciembre pasado el paro alcanzaba a 1.350.000 personas.

Pero el jefe de Estado alertó que el principal problema es que "hay aproximadamente 3.800.000 argentinos que trabajan en negro" y consideró que se trata de "una deuda muy grande que tiene nuestro país porque el trabajo en negro pone a los trabajadores en una situación muy vulnerable".

Durante los gobiernos de los peronistas Néstor y Cristina Kirchner, disparó Macri, "nos mintieron camuflando el desempleo con empleo público. Entre 2003 y 2015 la cantidad de empleados públicos creció un 64 por ciento. Pasó de aproximadamente 2.200.000 empleos en 2003 a 3.600.000 en 2015".

El nuevo gobierno ha montado un ministerio de Modernización, algo inédito en Argentina. Y desde allí ha empezado a depurar la plantilla del Estado no renovando contratos a los funcionarios 'fantasma', que cobraban salario sin trabajar, y a otros de clara adscripción política al kirchnerismo.

El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha denunciado que en aquella purga, muchas veces, caen justos por pecadores, o sea funcionarios que trabajan todos los días. Y el pasado miércoles 2 ha llevado adelante una huelga nacional en reclamo del freno de los despidos.

El principal sindicalista de Argentina, el peronista Hugo Moyano, titular de la central CGT, ha anunciado que impulsará en el parlamento, a través de los legisladores de origen gremial, una ley de indemnización doble para "evitar que se produzcan despidos como están ocurriendo ahora".

Pero desde el gobierno de Macri han echado paños fríos al asunto. "Me parece que hay que esperar, no es un tema que está en la agenda", ha declarado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Y alegó que "el comienzo de la gestión ha sido muy complejo" porque el gobierno de Cristina Kirchner dejó "sin pagar las obras públicas".

Aunque el gobierno de Macri asegura que predomina el optimismo y la confianza, en un clima de mejoría de negocios, las empresas no prevén que en 2016 mejore la situación. Sólo una de cada diez compañías tiene en agenda la incorporación de personal, informó la consultora ManpowerGroup.