El pasado viernes Cataluña recibió un ultimátum de la agencia de calificación Standard & Poor’s en el que le daba 15 días para reaccionar y así evitar que hunda a la región todavía más en el bono basura. La prioridad para salvar su rating pasaba por refinanciar los vencimientos inminentes y convertir 1.600 millones de euros de un préstamo sindicado con BBVA, CaixaBank y Sabadell que vence en el corto plazo y que lo refinancie a largo plazo, lo que aliviaría la situación financiera inmediata de la región y podría ayudar a convencer a S&P para mantener la nota actual.

Sin embargo, como reconocen fuentes cercanas al Gobierno de la Generalitat, la preocupación por perder su calificación actual responde más a cuestiones de imagen que a la realidad financiera de la comunidad. El motivo es que Cataluña no se financia en el mercado, por lo que el tipo de interés que tiene que pagar a los inversores no depende de su calificación crediticia.

En octubre, S&P ya le bajó la nota hasta bono basura y dos meses después lo hizo Fitch. Sin embargo, para la situación económica de la región, el cambio ha sido limitado. Cataluña sigue ahogada en su deuda, pero con una carga de intereses muy liviana, ya que sus refinanciaciones de deuda las hace al tipo de interés que marca el Ministerio de Economía. En cuanto a la deuda contraída con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), el tipo de interés de este primer trimestre del año está casi en el 0%. Esto es financiarse gratis.

En otras palabras, los intereses que paga la Generalitat dependen del tipo de interés que exija el mercado a España, por lo que, lo que importa de verdad en las cuentas de la región es el rating del Reino de España. La refinanciación que realizó Cataluña de 1.072 millones de euros que vencían a corto plazo se hizo pagando el interés que marca el Ministerio de Economía. La última revisión se hizo el 29 de febrero y marcaba que toda la deuda con un vencimiento de hasta 17 meses tendría un tipo de interés negativo, siempre que este fuese fijo.

Esta decisión la adoptó el Estado para garantizar que el tipo de interés que pagan las Administraciones Públicas se reduzcan al máximo posible (aprovechando el respaldo del Estado), para así limitar la factura financiera que tienen que soportar los españoles. Esta decisión se incorporó dentro del Principio de Prudencia Financiera.

Fuera de los mercados

Las comunidades autónomas que están integradas en el FLA (todas salvo Galicia y Canarias) tienen que recibir la autorización del Consejo de Ministros para endeudarse y el tipo que pagan es el del Estado, por lo que el rating que les importa es el de España. Pero Cataluña no podría financiarse en los mercados ni aunque quisiese, ya que su situación crediticia y el pulso soberanista han provocado que la autonomía lleve muchos meses expulsada de los mercados de deuda.

El problema de Cataluña es que tiene serios problemas para hacer frente a sus vencimientos de deuda, por lo que el vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat solicitó reunirse el martes con el ministro de Economía, Luis de Guindos, y telefoneó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Las conversaciones fueron cordiales y cercanas, nada que ver con las reuniones tirantes de los últimos meses.

Según fuentes de la Generalitat, los dos ministros aceptaron las peticiones de Junqueras. La primera ha tardado poco en conocerse: Cataluña recibirá este año 7.518 millones de euros del FLA este año, un 29% del total y lo que pidió ayer el vicepresidente de la comunidad. Además, Guindos aseguró a Junqueras que emitirá un informe favorable para que el Fondo convierta 1.600 millones de euros de deudas de corto plazo en deudas de largo. Este informe es imprescindible para que el Consejo de Ministros apruebe esta decisión del FLA.