La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo aprobará "en próximas fechas, un acuerdo de no disponibilidad del crédito" y el consiguiente recorte del gasto en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 por importe de 2.000 millones de euros. El objetivo es recortar el déficit público, que acabó 2015 en el 5%, muy por encima del 4,2% comprometido, y que hace muy difícil cumplir con el objetivo del 2,8% para este año.

Las comunidades autónomas cerraron 2015 con un déficit del 1,66% del PIB, por encima del 0,7% comprometido con Bruselas. Las mayores desviaciones se localizaron en Cataluña (-2,70%), Extremadura (-2,64%), Murcia (-2,52%), Comunidad Valenciana (-2,51%) y Aragón (-2,13%), mientras que otras cumplieron, como Canarias (-0,54%), Galicia (-0,57%) y País Vasco (-0,69%). El objetivo de la Seguridad Social era un 0,6% pero acabaron en el -1,26%.

Reunión con las autonomías

Con este acuerdo de no disponibilidad el Estado va a aplicar la misma medida que ha solicitado el Gobierno a las comunidades autónomas, y que deberá ser refrendada esta tarde en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), reunión a la que asiste el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y las comunidades autónomas.

"Las reducciones de gasto que estamos aplicando no afectan al gasto social o la seguridad, son los dos ámbitos que no se van a ver afectadas. Vamos a ir identificando los capítulos de gasto que impacten en déficit", dijo el ministro. 

En este sentido, sobre la reunión, Montoro avanzó que en el CPFF "todo el mundo estará de acuerdo en la estabilidad presupuestaria para poder financiar los servicios públicos de los que todo el mundo disfruta. Espero que sea un consejo positivo".

El ministro dijo que no tomarán decisiones y que aseguró que habrá un segundo consejo del CPFF en el que ya se tendrán nuevos detalles sobre el déficit de las autonomías y el cumplimiento que estas hacen sobre las finanzas públicas.

En referencia a la situación de Soria y su renuncia, Montoro fue contundente: "Nadie puede estar en el Gobierno habiendo operado desde paraísos fiscales".

Aznar, Soria y papeles de Panamá

Montoro, al ser preguntado sobre la multa al expresidente José María Aznar por declarar ingresos del trabajo como Sociedades, evito responder, aunque detalló que la última vez que se reunió con él fue en 2014.

"El ministro de Hacienda no habla de contribuyentes concretos porque está prohibido por la ley. Esto es lo que quiero decir claramente. Quiero recordar que cualquiera que tenga información tiene la obligación de presentarla a las autoridades porque luego llega la Agencia y se encuentra con situaciones de alzamiento de bienes, etc", dijo.

La reunión de Montoro y Aznar se produjo el mismo año en el que concluyó con acuerdo la inspección fiscal que Hacienda abrió a Famaztella, la sociedad familiar del expresidente, por los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, según confirmaron a Europa Press en fuentes cercanas a Aznar, que añadieron que la inspección se inició en 2013 y acabó un año más tarde, justo cuando se produjo el encuentro entre ambos.

En referencia a la situación de Soria y su renuncia, Montoro fue contundente: "Nadie puede estar en el Gobierno habiendo operado desde paraísos fiscales". Sobre su relevo, la vicepresidenta dijo que todavía no se conoce que fórmula, ni quien asumirá las funciones del ministro.

Santamaría ha explicado que no se realizará una "suplencia" del ministro, que ha renunciado este viernes a su cargo en funciones tras su aparición en los 'papeles de Panamá', como la que se produciría si el Gobierno estuviera a pleno rendimiento.

Al estar en funciones, otro departamento asumirá "el despacho ordinario de asuntos" y se encargará de elevar cuestiones al Consejo de Ministros, si llega el caso. "Al estar en funciones, nuestra tarea está limitada al despacho ordinario de asuntos y cuestiones por razones de urgencia e interés general", explicó.

Ayuda de 426 euros

Por su parte, la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, ha dicho hoy que el Gobierno ha constatado con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales que se podrían cambiar algunos de los requisitos para la ayuda de 426 euros, firmados en diciembre de 2014.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Báñez ha explicado que dado que el Gobierno está en funciones se ha optado por hacer una prórroga entendiendo que "se puede mejorar" porque ha sido un éxito para todos.

Báñez ha insistido en que el Programa de Activación del Empleo es "novedoso" pero sobre todo "ha funcionado", con un 16 % de inserción en el mercado de trabajo. En el caso de los que han compatibilizado la ayuda con el empleo, la ministra ha dicho que ha tenido un nivel de permanencia en el trabajo del 87 %.