El Gobierno ha descubierto una fórmula infalible para acabar con la credibilidad de las cuentas públicas. Ha decidido consolidar el exceso de gasto que se produjo el año pasado, principalmente en las comunidades autónomas y la Seguridad Social, y emplearlo como base para calcular el impacto en las cuentas públicas de la regla de gasto de 2016. De esta forma, la regla de gasto, en vez de ser un elemento de disciplina fiscal se transforma en un factor de descrédito institucional.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, en vigor desde 2012, no establece cuál es la base a partir de la cual se debe calcular la regla de gasto. No es igual calcularla a partir del gasto público registrado en 2007 (420.680 millones con un superávit del 2% del PIB), en 2009 (488.618 millones con un déficit del 11%) o en 2015 (465.946 millones con un déficit del 5,08%). El sentido común indica que un exceso de gasto no se puede consolidar en las cuentas para estimar el gasto del siguiente ejercicio. Sin embargo, el Gobierno sí lo ha hecho con las cuentas de 2016.
El Consejo de Ministros estudió el viernes 15 de abril el informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto de 2015. Analistas independientes que han accedido al documento aseguran que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha asumido el exceso de gasto de 2015 como punto de partida para calcular los efectos de la regla de gasto en las cuentas de 2016. Aunque el Gobierno mantiene en secreto el método de cálculo, los expertos han podido destripar los números y han constatado que los numerosos gastos one-off (de una sola vez) y otros excesos que se registraron en las comunidades autónomas, a los que el ministro Cristóbal Montoro responsabilizó de la desviación del déficit, han sido incluidos en la base de cálculo para 2016.
La regla de gasto establece que el gasto computable del Estado "no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española". El Ministerio de Economía calculó en julio de 2015 que dicha tasa en 2016 será del 1,8% del PIB. El Gobierno calcula que si las comunidades autónomas se atienen a la regla de gasto y destinan los nuevos recursos a enjugar su déficit, éste bajará al 0,5%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que sería del 0,7%.
La normativa relacionada con la Ley de Estabilidad Presupuestaria no detalla la forma en que debe calcularse la regla de gasto. Esto genera un espacio para la arbitrariedad, como ha ocurrido en este caso. En 2010, cuando el PP estaba en la oposición, a sus expertos les preocupaba que si se definía una golden rule sobre el déficit, ésta se calculara con apego a las normas de Eurostat para evitar que una interpretación vernácula demasiado imaginativa diera al traste con la credibilidad de la regla. Por lo visto, con el paso del tiempo, estas preocupaciones se han olvidado.
En el último lustro España ha dado pasos importantes para mejorar la institucionalidad de sus finanzas públicas. En el verano de 2011, Zapatero pactó la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución. De ahí nació la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LEP) promulgada por Rajoy en abril de 2012. El rescate bancario nos impuso la creación de una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Este proceso ha tenido adversarios en todas las etapas: el PSOE se dividió ante la reforma constitucional y el PP aprobó en solitario la LEP, y el Gobierno popular tragó con desagrado la creación de la AIReF. Pero lo peor no es que la norma tenga detractores, sino que los mismos que dicen defenderla y haberla aprobado se la salten a la torera continuamente.
