El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ya no podrá presumir durante la campaña electoral de haber logrado una prórroga incondicional de Bruselas para corregir el déficit excesivo. El Ecofin ha frenado el año extra de plazo (hasta 2017) que la Comisión dio a España el pasado 18 de mayo para situar el déficit por debajo del 3% del PIB.

Un dictamen elaborado por los servicios jurídicos del Ecofin sostiene que esta prórroga no se ajusta a las reglas del Pacto de Estabilidad, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes europeas. No es posible flexibilizar el déficit y al mismo tiempo aplazar a julio la multa de hasta 2.000 millones por el desvío del año pasado, como hizo la Comisión. Ambas decisiones deben adoptarse como mínimo de forma simultánea, sostiene el dictamen.

Esta opinión había sido solicitada a petición de Alemania, descontenta por la laxitud de Bruselas con España. Berlín se queja de que el Ejecutivo comunitario de Jean-Claude Juncker es excesivamente político y no aplica de forma estricta el Pacto de Estabilidad, como considera que es su obligación. En una entrevista a EL ESPAÑOL, el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Mosocivici, justificó su decisión por la voluntad de no interferir en la campaña electoral.

La consecuencia inmediata es que tanto la prórroga como la posible multa y congelación de fondos europeos se aplazan a después de las elecciones del 26-J. Estaba previsto que la flexibilización del déficit para España se aprobara en el Ecofin del 17 de junio, lo que podría haber dado munición a Rajoy en plena campaña electoral, además habiéndose librado de la multa.

Finalmente, el Ecofin aprobará en junio las recomendaciones de política económica dirigidas a todos los países miembros, con la excepción de las de España y Portugal, que se retrasan a julio, según han explicado fuentes europeas.

El dictamen del Ecofin desautoriza a la Comisión Juncker. Su equipo económico, liderado por el conservador Valdis Dombrovskis y el socialista Moscovici, era partidario de avanzar ya en mayo hacia la multa a España por el desvío del déficit. Pero Juncker, a quien Rajoy pidió por carta que paralizara el procedimiento, logró imponer su visión en contra de las sanciones. En el último momento, el Ejecutivo comunitario encontró una escapatoria legal para no sancionar a España y Portugal y al mismo tiempo ofrecer una prórroga a los dos países. Una escapatoria que ahora tumba el Ecofin.

La prórroga no está en cuestión

La Comisión ha preferido no darse por aludida. “Para nosotros, la aplicación del Pacto de Estabilidad se basa en los datos y en las reglas y también tiene en cuenta el margen jurídico y político previsto en las propias reglas”, ha dicho su portavoz, Margaritis Schinas.

Para el ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos, la polémica no tendrá ninguna consecuencia práctica. “La prórroga de un año para que España sitúe el déficit por debajo del 3% del PIB no está en cuestión. Lo que se debate es un tema de procedimiento”, sostienen fuentes del ministerio.

Pero Alemania no es la única que se queja de la excesiva politización del equipo de Juncker. El propio presidente del Eurogrupo, el socialista holandés Jeroen Dijsselbloem, también le ha criticado. “La Comisión debería prestar un poco más de atención a su credibilidad”, ha dicho Dijsselbloem en una entrevista a siete diarios europeos.

El presidente del Eurogrupo arremete en particular contra unas recientes palabras del político luxemburgués. Al ser preguntado por qué fue flexible con Francia en la aplicación del Pacto de Estabilidad, Juncker respondió: “Porque es Francia”. Su equipo alega que se trata de una declaración irónica sacada de contexto y que el Ejecutivo comunitario trata igual a los países grandes que a los pequeños.

El dictamen del Ecofin tumba la base jurídica elegida por la Comisión para dar la prórroga a España. El Ejecutivo comunitario incluyó el plazo extra dentro de las recomendaciones de política económica que dirige cada año a todos los países miembros. Los juristas consideran que esta base no es suficiente.

La prórroga debe otorgarse dentro del procedimiento sancionador por déficit excesivo. Eso obligaría a Bruselas a adoptar antes una opinión negativa contra el Gobierno de Rajoy por falta de medidas para corregir el déficit el año pasado y a proponer una multa del 0,2% del PIB. La Comisión ha reiterado que se pronunciará sobre esta cuestión a principios de julio, tras el 26-J. Sólo entonces podrá aprobarse el año extra.