La regularización catastral extraordinaria iniciada por el Ministerio de Hacienda en 2013 comienza a dar sus frutos. El Catastro, organismo que registra las características de los inmuebles, ha detectado un total de 1,7 millones de inmuebles con su valor catastral falseado, lo que permitía a sus propietarios reducir la tasa de determinados tributos como el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI).
Según datos del Ministerio de Hacienda, en total, 6.331 ayuntamientos, es decir, ocho de cada diez municipios de toda España, a excepción de los ubicados en el País Vasco y Navarra, pidieron al organismo competente que iniciara las pesquisas en el análisis y valoración de los diferentes terrenos.
La investigación ha concluido en 4.340 localidades, alcanzando el 82% de los inmuebles de todo el territorio nacional. El procedimiento se basa en el cotejo de la información reflejada en el catastro con la procedente de imágenes recogidas a través del satélite y aviones y la labor sobre el terreno de inspectores. No obstante, la investigación se mantiene en curso en 456 localidades y ha sido iniciada recientemente en 1.721, por lo que se prolongará hasta entrado 2017.
La detección de estas propiedades, con el consiguiente aumento de su valor catastral, no conlleva sanciones para los propietarios. Sin embargo, todos ellos han tenido que abonar una tasa de 60 euros además de pagar el IBI con el incremento del valor del inmueble, y los atrasos en los pagos del gravamen de un máximo de cuatro años.
Este plan de regularización ha permitido recaudar unos ingresos extraordinarios en los dos últimos años que ascienden a 1.254 millones de euros, lo que supone un resultado superior en un 24% a las previsiones establecidas inicialmente.
De los 4.154 municipios que han culminado el programa de inspección, cerca del 70% de la notificaciones se corresponden con nuevas construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones y piscinas sin declarar. Otro 29% adicional se debe a reformas y cambios de uso sin declarar.
Andalucía, la mas defraudadora
La Comunidad Autónoma donde más fraude se ha descubierto es Andalucía, con 373.224 inmuebles regularizados, seguida de Galicia con 213.017 y Castilla y León, con 164.141. Por porcentajes, Aragón (16,9%), Galicia 15,4%, Extremadura 13,4% encabezan la clasificación. Por provincias, Ceuta, Málaga, Vigo, Huelva, son las regiones donde se ha registrado un mayor porcentaje de edificaciones verificadas, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda.
La afloración de estos inmuebles ha permitido que el registro en cada municipio se haya incrementado un 3% de media tras finalizar el proceso, lo que ha permitido a los Ayuntamientos recaudar 1.254 millones de euros más en el IBI, según cálculos de Hacienda, impuesto más importante para las entidades locales.
El plan abierto por el Ministerio en 2013 tiene por objetivo la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles en construcción, así como de las alteraciones de sus características, en supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma correcta. El plazo para acogerse a este plan de regularización catastral termina el 31 de diciembre de 2016.