Economía

Govern pedirá autorización judicial para recuperar ATLL si Acciona se niega

30 enero, 2019 13:28

Barcelona, 30 ene (EFECOM).- El gobierno catalán ha advertido este miércoles de que si la sociedad concesionaria de la empresa Aigües Ter-Llobregat, liderada por Acciona, no entrega las instalaciones y el Govern no puede asumir el servicio de abastecimiento de agua, "pedirá autorización judicial para recuperar" dicha gestión.

Así lo ha asegurado esta mañana el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, en una comparecencia junto al conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, en el Parlamento catalán sobre el conflicto de ATLL, compañía ahora denominada ATL.

El Govern acordó el año pasado retomar la gestión pública de ATLL, y debía hacerlo ya desde el 1 de enero de 2019, pero Acciona ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para evitar tener que entregar la gestión de esta empresa antes de que se efectúe la liquidación del contrato de gestión del servicio.

Aragonès ha explicado que el 5 de febrero se ha fijado una vista ante el TSJC para resolver la petición de cautelares hecha por la concesionaria, y ha añadido que el Govern "esperará a la resolución del procedimiento judicial antes de continuar con el desahucio administrativo" de Acciona, que se inició el 2 de enero.

Pero a continuación ha lanzado la siguiente advertencia: "En el supuesto de que la concesionaria no entregue las instalaciones y no se pueda asumir el servicio, se pedirá la autorización judicial correspondiente para recuperar las instalaciones y el servicio de abastecimiento de agua".

Por su parte, Calvet ha acusado a Acciona de hacer un "uso abusivo" de la justicia y ha opinado que la indemnización que reclama por la liquidación de este contrato es "absolutamente desproporcionada".

A finales de 2018, la Generalitat calculó en 53,8 millones la compensación a la que tiene derecho la concesionaria -se le reconoció "una compensación del 10 % sobre los costes de explotación", ha dicho Calvet-, una cifra que dista mucho de los 1.036 millones reclamados por Acciona.

Calvet ha comentado que se hará una propuesta definitiva de liquidación del contrato -la tercera- "en los próximos meses", cuando dispongan de datos "aprobados y auditados" de obras hechas por la concesionaria hasta el 31 de diciembre de 2018, y en este punto ha puntualizado que los dos cálculos anteriores eran "provisionales", ya que se habían hecho a partir de estimaciones.

Sin embargo, el conseller ha opinado que la resolución del conflicto "no será un camino fácil" porque Acciona "lo recurrirá todo a los tribunales", ha concluido.

ATLL, ahora denominada ATL, es la empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana.

Tanto Aragonès como Calvet han insistido en varias ocasiones en que el contrato de adjudicación de la gestión de ATLL a un consorcio encabezado por Acciona es "nulo de pleno derecho" porque así lo ha determinado la justicia, por lo que "es falso" que el Govern tenga una "voluntad confiscatoria", han añadido.

"Después de las sentencias, Acciona no dispone de ningún título jurídico válido", ha asegurado Aragonès, que ha afirmado que de los 1.077,7 millones en los que están valorados los activos no corrientes de esta empresa pública, un total de 1.037 son "propiedad" de la Generalitat y el resto corresponde a obras ejecutadas por la concesionaria.

Durante la comparecencia, Calvet ha defendido que la liquidación del contrato de gestión de ATLL se está haciendo "con tranquilidad, prudencia y con frialdad burocrática", y ha afeado a Acciona que haya "cuestionado la objetividad de los miembros de comisión de liquidación" y planteado "de manera velada" que se pueden enfrentar a "acciones penales".

Por su parte, los grupos de la oposición han cuestionado, con diferentes matices, cómo está gestionando el Govern este conflicto, y algunos de ellos, como el PSC, le han preguntado cómo afectará al presupuesto de la Generalitat para 2019, a lo que Aragonès ha respondido que el impacto que pueda tener en las cuentas será "digerible", sin entrar en más detalles.