El ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra ha admitido hoy en la Audiencia Nacional los hechos que le atribuyen las acusaciones por haber abusado de sus funciones en la gestión de préstamos a una sociedad que le era afín, después de abonar 330.000 euros para reparar parcialmente el daño.

Durante la última sesión del juicio por presunta administración desleal, Parra ha intervenido brevemente para ratificar su escrito de reconocimiento ante el juzgado central de lo Penal, tras lo cual la Fiscalía y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han discrepado sobre la cuantía a desembolsar como responsabilidad civil en la exposición de sus informes finales.

Para el fiscal Alejandro Cabaleiro, que ha rebajado su petición de condena para el exconsejero desde los tres años y medio hasta el año y siete meses de cárcel, los 1,1 millones que solicita el fondo son desproporcionados porque el proceso "no se basa" en la concesión del préstamo promotor de 4,9 millones, el cual no fue íntegramente abonado, sino en las "sobredisposiciones" que Parra autorizó.

Versión a la que se ha opuesto el FROB al valorar que tuvo que asumir el quebranto que ocasionó al Banco de Valencia el impago tanto del préstamo inicial como de la línea de crédito posterior.

En su escrito, el Ministerio Público mantiene que Parra "realizó unilateralmente y en perjuicio de los intereses de la entidad, disposiciones de fondo por encima de lo estipulado y en contra del Departamento de Riesgos" a la sociedad Pegoliva, a la que estaba "vinculado económicamente".

A finales de 2010, Parra habría utilizado "los poderes de los que disponía", beneficiando a la empresa "a la que le unían intereses económicos y de amistad"; de igual modo, "autorizó personalmente un préstamo ICO" por importe de 360.000 euros, de los cuales 330.000 euros fueron a parar a una compañía en la que tenían suscrito capital tanto su mujer como, hasta finales de 2011, él mismo.

Conducta por la cual reclama que indemnice al FROB, que inyectó 4.500 millones a la entidad levantina antes de su venta, o a CaixaBank, como sucesora, con 509.525 euros de forma conjunta y solidaria.

De esta cantidad se restarían los 330.000 euros ya consignados por Parra esta semana ante su "voluntad inesperada de retractación de su inicial declaración", en la que se negó a responder a las cuestiones de Anticorrupción.

La Fiscalía ha confirmado además su acusación contra la familia propietaria de estas compañías como partícipes a título lucrativo, y ha apuntado directamente a uno de sus integrantes, Salvador Pons, quien "mintió" al banco para obtener el préstamo.

A su parecer, aunque finalmente este dinero no sirvió para reflotar la situación patrimonial de las sociedades, "si a Salvador le hubiera salido bien la jugada, habrían obtenido beneficios, se habrían repartido dividendos y los socios (la familia) habrían obtenido el dinero en metálico".

Una explicación que ha sido rechazada por la defensa de Pons, que ha afeado que Anticorrupción y Parra hayan llegado a un "acuerdo encubierto" por el que sus clientes van a ser condenados.