Ángel Calvo

París, 4 dic (EFECOM).- Las pensiones, madre de todas las reformas del presidente francés, Emmanuel Macron, se someten a partir del jueves a la prueba de la calle con una huelga que, en los transportes y otros sectores que ven amenazados sus regímenes especiales, puede convertirse en indefinida y paralizar el país.

Esta reforma, que aparecía destacada en el programa electoral de Macron en 2017, todavía no se conoce en detalle, pero las líneas generales han conseguido movilizar en su contra a buena parte de los sindicatos, salvo el más representativo (CFDT), que aún espera concesiones para descartar sumarse a las protestas.

También apoyan el paro y las manifestaciones las formaciones de izquierdas -desde la Francia Insumisa al Partido Socialista-, así como la extrema derecha de Marine Le Pen.

Para el presidente del Instituto de Políticas Públicas y profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Antoine Bozio, "las dudas y las tergiversaciones" del Gobierno "han alimentado el sentimiento de que hay un lobo" y de que se está proponiendo "un sistema en el que todo el mundo sale perdiendo".

Bozio explica a Efe que, a falta todavía de un proyecto definido, a Macron "le será complicado clarificar lo que quiere" y el principal riesgo es que esta reforma consiga reunir en su contra todos los descontentos del país y el Ejecutivo deba recular.

Pero, ¿cuáles son las líneas maestras de esta reforma tan controvertida?

UN SISTEMA POR PUNTOS PARA EQUIPARAR 42 REGÍMENES

El eje básico es la sustitución de los 42 regímenes diferentes actuales por un sistema por puntos en el que cada euro cotizado daría los mismos derechos en el momento de la jubilación.

Se trata de dar más transparencia y una perspectiva clara de lo que puede esperar cada activo, que durante la vida laboral irá acumulando puntos que luego se convertirán en la pensión.

La idea es facilitar el paso entre el sector público y el privado, o viceversa, pero también tener en cuenta que cada vez es menos frecuente permanecer toda la vida en el mismo puesto y en la misma empresa.

Un primer efecto de ese sistema por puntos sería la desaparición de los regímenes especiales, algunos muy favorables para sus beneficiarios, y que como se podía esperar están en la vanguardia de las protestas.

En particular los trabajadores de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) o de la entidad del transporte metropolitano de París RATP, que pueden jubilarse a partir de los 52 a 57 años, según las categorías, frente a los 62 años del régimen general.

Según los datos del Gobierno, cada año hay que inyectar entre 8.000 y 9.000 millones de euros para equilibrar el déficit que generan esos regímenes especiales.

Por eso no resulta sorprendente que las huelgas que se inician el jueves sean masivas en los trenes y el metro. La cuestión será comprobar cuál será el seguimiento en otros sectores, en particular en la empresa privada y sobre todo si su duración conducirá al Gobierno a dar su brazo a torcer.

UNA CONCERTACIÓN QUE PATINA

El exministro conservador Jean-Paul Delevoye, a quien Macron nombró alto comisario para la reforma de las pensiones para pilotarla, mantiene consultas con los interlocutores sociales y presentará la semana próxima sus conclusiones, que servirán de base para un proyecto de ley que debería llevarse al Parlamento a comienzos del año próximo.

El Ejecutivo inicialmente esperaba el apoyo de la mayoritaria Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), favorable a un sistema por puntos por su carácter equitativo, pero ésta rechaza de plano que en paralelo se retrase la edad de jubilación.

La primera central del país se agarra a la promesa electoral de Macron de no modificar los 62 años para la jubilación voluntaria.

Algo que choca con la voluntad del Gobierno de equilibrar las cuentas para la entrada en vigor del sistema por puntos, que estaba inicialmente prevista para 2025, cuando el agujero estaría entre el 0,3 y el 0,7 % del producto interior bruto (PIB) si no hay cambios.

El Ejecutivo ha descartado absorber el déficit con una rebaja de las pensiones o un incremento de las cotizaciones, de forma que básicamente quedan dos opciones: elevar la edad mínima de jubilación hasta 63 o 64 años para las generaciones de los nacidos a partir de 1963 o aumentar el periodo de cotización que da derecho a una pensión completa de los 42 años actuales a 44 años.

MARGEN DE MANIOBRA Y LA "CLÁUSULA DEL ABUELO"

Más allá de la retirada del proyecto de reforma, que sería una derrota total para Macron al poner en riesgo el resto de su mandato, el presidente dispone de cierto margen de negociación con el periodo de transición para la entrada en vigor del sistema por puntos.

Entre la ambición inicial de aplicarla desde 2025 y la llamada "cláusula del abuelo" por la que únicamente se aplicaría a los que entren en el mercado de trabajo a partir de 2020 -los activos ahora seguirían regidos por los 42 regímenes actuales- el Gobierno ha dejado caer la idea de una transición de 15 años.

Para algunos analistas, la imprecisión en ese y otros puntos es el punto débil de esta reforma que ha generado descontento e incertidumbre.

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