El ministro de Transportes, Movilidad de Agenda Urbana, anunció la semana pasada que la Gobierno estaba analizando las diferentes vías para ayudar a las personas más vulnerables en el ámbito del alquiler.

Fuentes consultadas por Invertia apuntan que el texto definitivo será aprobado casi con seguridad en el próximo Consejo de Ministros que se celebra este martes. Según ha podido saber este medio, la propuesta que se presentará a debate pasa por cuatro grandes bloques que suman una partida de 700 millones de euros.

En primer lugar, el Gobierno quiere ofrecen una línea de créditos con el aval del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para los inquilinos en problemas coyunturales. Estos tendrán entre tres y seis años para devolver el dinero y en caso de no poder, el Estado haría frente a este pago a través de los avales concedidos.

El borrador de decreto que debatirá el Consejo de Ministros establece que son inquilinos "vulnerables" los que tienen que destinar más del 40 % de sus ingresos al pago del alquiler y distingue entre vulnerables "coyunturales" y "estructurales".

Para las familias con problemas estructurales, el Gobierno pretende movilizar recursos procedentes del Plan Estatal de Vivienda para buscarles una solución. A través de las comunidades autónomas, ofrecerán una opción viable con el fin de no dejar a nadie atrás.

El debate está en los grandes tenedores

El debate interno en el Gobierno reside principalmente en qué hacer en el caso de los grandes tenedores. Estos ya han mostrado su predisposición a colaborar, su intención de ser flexibles, e incluso algunos de ellos incluso han anunciado moratorias a sus inquilinos.

La propuesta inicial del Ministerio de Agenda Urbana pasa por pedir a los grandes tenedores de vivienda, entre un 5% y un 10% de los propietarios de viviendas en alquiler, un "esfuerzo" para soportar una moratoria de cuatro meses a sus inquilinos en situación de vulnerabilidad debido a la pandemia sanitaria actual.

El problema radica en qué pasa con esa deuda que contraen los inquilinos con los arrendadores. El Ministerio aboga por que sea devuelta poco a poco en un periodo máximo de diez años. Sin embargo, según las fuentes consultadas por Invertia, la idea de Podemos es que no se pague y lo haga con una quita.

Desahucios y contratos

De la misma manera, el borrador planteado por el Ministerio que dirige José Luis Ábalos paraliza los desahucios durante seis meses. Entran dentro de esta medida tanto los actuales como los que devengan a corto plazo.

En cuanto a los contratos de alquiler, la propuesta establece una prórroga automática de seis meses para todos. Su vigencia concluirá cuando finalice el periodo de estado de alarma. Esta medida está en línea con lo diversos bufetes de abogados ya habían explicado a Invertia recientemente.