Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) piden que el Real Decreto Ley sobre la cesión de los remanentes municipales se convalide en el Congreso y se tramite como proyecto de ley "para que pueda ser enmendado" en las Cortes Generales.

Así, creen que se facilitaría el acuerdo necesario entre los distintos grupos del arco parlamentario, a los que piden que se despolitice el debate y se centre en las medidas esenciales para hacer frente a los efectos de la pandemia y para buscar el bien común para el conjunto de los ciudadanos.

Gestha considera que cualquier decisión relativa a la financiación y sostenibilidad de las entidades locales vascas debería ser adoptada en la Comisión Mixta de Concierto Económico. "Sobre todo, si se tiene que cuenta que en las normas forales de estabilidad presupuestaria de cada uno de estos territorios se regula el uso de los superávits en los ayuntamientos vascos", ha añadido.

Los municipios de Cataluña y Andalucía, los que más recibirían

En esta línea, ha afirmado que si se alcanzara este acuerdo, las entidades locales vascas podrían recibir más de 242 millones de euros del fondo especial para la recuperación económica y social que crea este Real Decreto Ley a cambio de la cesión de los remanentes de tesorería.

Los técnicos calculan que, con la información presupuestaria remitida al Ministerio de Hacienda por el 69,7% de los municipios del país, donde reside el 83% de la población, los municipios que más dinero recibirían serían los de Cataluña y los de Andalucía, a cuyas entidades locales se les transferirían más de 770 millones y 730 millones de euros, respectivamente.

En el otro lado de la balanza de los municipios que cuentan con remanentes positivos se encontraría la ciudad autónoma de Ceuta, que apenas recibiría 5 millones de euros, según Gestha. Por otro lado, defiende esta tramitación como proyecto de Ley para que los municipios dispongan del tiempo necesario para consensuar sus propuestas.

Fondo de recuperación insuficiente

De hecho, dice que el fondo de 5.000 millones para la recuperación económica y social que se distribuirá entre las entidades locales en 2020 y 2021 que garantizará un mínimo de un 35% de los remanentes que presten, "quizás no resulte suficiente para la falta de disponibilidad de los remanentes de determinados ayuntamientos para atender gastos urgentes no presupuestados, asegurar el pago a proveedores dentro de los plazos legales o realizar inversiones financieramente sostenibles, por ejemplo".

Gestha explica que los municipios que no dispongan del remanente de tesorería sufrirán "una limitación importante a la hora de aprobar créditos extraordinarios o suplementos de crédito". Por ello, los técnicos sugieren que en el trámite como proyecto de Ley las entidades locales puedan decidir qué parte prestan de sus remanentes, "en vez de que ceder o no la totalidad de los mismos".

Creación de fondo para entidades locales

Además, cree que la prohibición de ceder los préstamos de los remanentes a terceros, sin el consentimiento previo de la Dirección General del Tesoro, "implica la improbabilidad de obtener liquidez antes de los 10 o 15 años del préstamo". Es por ello que los técnicos proponen la creación de otro fondo especial de liquidez a las entidades locales que lo soliciten con el aval del Tesoro Público sobre capital vivo prestado, que reintegrarían según vayan recibiendo las amortizaciones anuales del préstamo.

"Este dinero permitiría a las entidades locales financiar aquel gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, pagar en plazo a proveedores o financiar la parte restante del gasto comprometido en inversiones financieramente sostenibles acordadas con el superávit de dos años anteriores a partir de 2024", apuntan.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha señalado que la cesión de los remanentes no es "ningún robo" porque la entidad que libremente decide prestarlo a cambio de un interés y de una transferencia del 35% a fondo perdido, "no puede hablar de que se le roba".

Para Mollinedo, los partidos políticos deberían acercar posturas para financiar de la forma más eficaz el "ingente" gasto público que se requiere para apoyar a familias, empresas y sectores económicos.