El Gobierno tiene el optimismo por bandera, también en el ámbito de la vivienda. A pesar de que los expertos del sector evitan hacer previsiones ante una situación nueva para todos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas un plan presupuestario en el que prevé una “fuerte recuperación” en 2021.
“Se espera así mismo, un importante repunte de la recaudación de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados explicada especialmente por la fuerte recuperación del mercado de la vivienda y por la recuperación en 2021 de aplazamientos y suspensiones de pago concedidos este año”, refleja el plan presupuestario del Gobierno.
El Plan Presupuestario para 2021 avanza una previsión de lograr unos ingresos públicos de 493.838 millones de euros. Esto supone unos 33.447 millones de euros más que en 2020, una mejora que se espera alcanzar a través del ciclo económico (se deja atrás el momento más duro de la pandemia) y una subida de impuestos con la que quiere recaudar unos 6.847 millones.
Sin embargo, el documento solo explica la mitad de dicho incremento, como publicó este medio el viernes. El Plan Presupuestario concreta las medidas tributarias con las que se obtendrá una recaudación adicional de 3.477 millones en 2021, pero no el resto.
Tampoco indica en ninguna de las 109 páginas que tiene el documento ni una sola cifra que justifique la curva ascendente que pronostica en el sector inmobiliario nacional. Por ahora, este año acumula seis meses consecutivos de tasas interanuales negativas en la compraventa de viviendas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El sector lo duda
Este optimismo gubernamental contrasta con las dudas que tiene el sector inmobiliario. El mundo se enfrenta a una crisis sanitaria sin la certeza de cuándo acabará ni cuáles serán sus efectos reales, por lo que hacer previsiones y, más aún, optimistas resultan casi imposible.
El CEO de Colliers International Spain, Mikel Echavarren, señala a Invertia que “creemos que en 2021 se venderán menos viviendas de segunda mano y a menor precio que en 2019”. “Entre ambos efectos -afirma- la recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) podría situarse en un 20% menos que antes de la crisis, considerando caídas en unidades vendidas de un 10-15% y caídas en precios de entre un 5% y un 10%”.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Otras fuentes consultadas por este medio prefieren ser más prudentes y no se atreven a realizar pronósticos sobre la evolución del sector mientras la Covid-19 mantenga la actual incidencia en España. “Ojalá se cumpla lo que espera el Gobierno, sería muy bueno para España, pero lo dudamos mucho”, coinciden.
Más impuestos
De momento, lo que sí ha colado el Gobierno a modo de proyecto de ley es un cambio en la valoración de referencia para los impuestos de Patrimonio (IP), Sucesiones y Donaciones (ISD), y Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que llevará a que muchos españoles tengan que pagar más por el simple hecho de tener o heredar una vivienda.
Este cambio repercutirá negativamente en las personas que tengan o hereden una vivienda, aunque positivamente en las arcas públicas. El director del Servicio de Estudios de Reaf, Rubén Gimeno, confirmó en este sentido a Invertia que “este nuevo valor va a subir mucho la valoración de los inmuebles a efectos de los impuestos”.
El propio plan presupuestario presentado por el Gobierno a la Comisión Europea calcula el impacto estimado de las medidas discrecionales adoptadas por las Comunidades Autónomas con efecto presupuestario. En el lado de los ingresos, para este 2020 “se prevén mayores ingresos derivados de modificaciones normativas, que en general consisten en incrementos de tipos por varias comunidades, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con un impacto esperado de 54 millones de euros”.
Además, “en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones las medidas adoptadas son heterogéneas, con un efecto global estimado en 57 millones de euros de menores ingresos” en 2020. Sin embargo, en 2021 el impacto positivo de las decisiones tomadas por la comunidades autónomas sobre este tributo alcanzará los 132 millones de euros.
Cuadro incluido en el plan presupuestario para 2021.