Esto le convertiría en el país europeo más afectado desde el punto de vista fiscal por el cambio climático, según se desprende de un informe sobre impactos fiscales de sucesos meteorológicos extremos realizado por la Comisión Europea el pasado abril.

La institución calcula la diferencia entre la evolución prevista de la deuda y la que se podría dar teniendo en cuenta la exposición al cambio climático de cada región de la Unión Europea. A efectos del estudio, se engloba a España dentro de la categoría “mediterráneo”, que también incluye a países como Portugal, Italia o Grecia.

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El informe señala que el total de pérdidas acumuladas por España entre 1980 y 2020 debido a distintos eventos meteorológicos (inundaciones, lluvias torrenciales, sequías, incendios…) ascienden al 7,7% del PIB.

Este dato le convierte en el país de la UE, excluyendo a Malta y Chipre, que más pérdidas económicas relacionadas con el clima ha sufrido en estos cuarenta años.

Inundaciones en Castelnou de julio de 2022. Europa Press

El evento de mayor envergadura recogido por el informe son las inundaciones de agosto de 1983 en el País Vasco, que produjeron daños por valor del 2,3% del PIB. 

Según defienden los autores del estudio, la estimación de los efectos del cambio climático en la sostenibilidad fiscal es complicada por varios motivos, como la dificultad de predecir cómo se manifestará este fenómeno en los próximos años.

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En su cálculo, el indicador de riesgo económico utilizado para modelar el aumento de la deuda es la cantidad máxima de pérdidas económicas no aseguradas que se haya registrado en cada país en el período de 1980 a 2020.

Para España, este dato coincide con las inundaciones, ya mencionadas, de 1983 en el País Vasco. Concretamente, las pérdidas ascendieron a 200.000 millones de las antiguas pesetas (1.200 millones de euros).

Seguros climáticos

La ausencia de seguros que cubran adecuadamente las consecuencias adversas de eventos catastróficos tiene efectos en la sostenibilidad fiscal de forma tanto directa como indirecta.

Por un lado, el gasto público aumenta, ya sea para la rehabilitación de infraestructuras dañadas, la ayuda directa a empresas o las transferencias a individuos afectados.

Incendio de Santa Cruz del Valle, en Ávila. Junta de Castilla y León Europa Press

Por otro lado, los ingresos se ven reducidos por las pérdidas económicas, que merman la recaudación, al tiempo que el presupuesto puede sufrir ajustes para dedicar recursos a la financiación de proyectos de reconstrucción, y pueden experimentarse dificultades para afrontar los pagos de la deuda.

Si bien la presencia de seguros no hace desaparecer por completo estos problemas de las cuentas públicas cuando hay eventos meteorológicos extremos, sí ayudan a repartir los gastos entre el sector público y privado, además de fomentar una mayor concienciación general respecto a los riesgos del cambio climático.

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En general, los datos recogidos por la Comisión Europea muestran que la mayoría de pérdidas relacionadas con fenómenos meteorológicos adversos no estaban aseguradas en los cuarenta años de estudio en España: solo el 4% de las pérdidas pudo recuperarse a través de seguros según datos de la Agencia Europea del Medioambiente.

Este dato contrasta con el que registran países como Alemania o Francia, con un 37% y un 41% respectivamente, o con el de Dinamarca, que se coloca a la cabeza de la lista con un 56% de cobertura en las pérdidas económicas generadas en el periodo mencionado.

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No obstante, los propios autores de estos estudios señalan que es muy posible que hayan subestimado el porcentaje de capital asegurado en cada país.

Actualmente, el sistema español de cobertura de riesgos de catástrofe es mixto. Los daños personales, de pérdida de beneficios y de la mayoría de bienes que se deriven de “riesgos extraordinarios” (como inundaciones, terremotos, tsunamis o incluso atentados terroristas) son responsabilidad del Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo público fundado en 1928.

Edificio del Consorcio de Compensación de Seguros, en Madrid (España) Eduardo Parra Europa Press

Por el contrario, si estos daños se dan por otros peligros (vientos de menos de 120 kilómetros por hora, granizo, etc.), son las empresas aseguradoras quienes las cubren mediante sus pólizas de seguros.

Respecto a estas pólizas, el Ministerio de Transición Ecológica señalaba en 2020 que, pese a un aumento en la preocupación por el cambio climático por parte de las empresas aseguradoras, estas no habían diseñado todavía planes concretos que tuvieran en cuenta posibles aumentos de riesgos derivados del calentamiento global.

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No obstante, Francisco Espejo, subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales del Consorcio de Compensación de Seguros, explica a EL ESPAÑOL-Invertia que el actual sistema, con su cooperación entre el sector público y privado, ofrece seguros flexibles capaces de adaptarse al cambiante escenario propiciado por el cambio climático.

En esta línea, Espejo calcula que, actualmente, el 55% de los posibles daños en bienes o personas producidos por eventos extraordinarios (donde entrarían aquellos derivados del cambio climático) están cubiertos por el sistema de seguros.

Seguros agrarios

El sector agrícola sigue el sistema de Seguros Agrarios Combinados, que involucra tanto a las aseguradoras privadas como a las administraciones públicas.

Esto se debe a su especial sensibilidad a fenómenos climáticos. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solo en el primer semestre de 2022, las pérdidas registradas debidos a eventos climáticos extremos ascienden a 514 millones de euros.

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Por ello, el pasado 19 de julio el Consejo de Ministros reformó el 43º Plan de Seguros Agrarios Combinados con el objetivo de aumentar la subvención a la prima de seguros agrarios hasta el 40% de media, y hasta un 65% en el caso de agricultores jóvenes a partir del próximo 1 de septiembre.

En cuanto al porcentaje de producción asegurado, Espejo señala que la media es del 30%. No obstante, esta cifra varía entre tipos de cultivo dependiendo de la fragilidad de cada uno de ellos, de forma que, por ejemplo, las explotaciones frutales tienen una cobertura entre el 80 y el 90%.

Otros riesgos

Pero el coste fiscal no es la única consecuencia adversa del cambio climático que conviene tener en cuenta. Moody’s señala que, además de impactos crediticios negativos a largo plazo, que dificultará la financiación pública, y el aumento de gastos para paliar las consecuencias de sequías e incendios, otros sectores como el turismo, la producción de energía o la distribución pueden verse afectados.

Así, la agencia calificadora advierte de que, en el corto plazo, las sequías debilitarán la producción agrícola, a pesar de los esfuerzos para aumentar la oferta interna. A su vez, esto se traducirá en una mayor presión sobre los precios de los alimentos.

Foto de archivo de terrenos áridos. Europa Press

La sequía tiene también un importante impacto en la producción energética: no sólo ralentizan la operativa de las plantas nucleares, que utilizan agua para sus sistemas de refrigeración, sino que reduce la producción de las plantas hidroeléctricas.

Así, la aseguradora señala que los altos precios en energía y alimentos "ejercerán más presión sobre la inflación y erosionarán el gasto discrecional, lo que a su vez ralentizará el crecimiento económico".

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En el caso del turismo, Moody’s recuerda que este sector representaba antes del Covid-19 el 14% del PIB en España, y que podría verse fuertemente afectado por temperaturas extremas, incendios o sequías que hicieran que el país fuera menos atractivo para los viajeros internacionales.

Estos avisos van en línea con las conclusiones de los informes del proyecto de Proyección Económica del Cambio Climático en las Regiones Europeas (PESETA, por sus siglas en inglés) de la UE.

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Una de las conclusiones más significativas de la última versión de este estudio señala que el efecto será mayor en el sur de Europa frente al norte. Por ejemplo, la exposición humana a olas de calor severas se multiplicaría en la zona sur hasta 50 veces, mientras que esta cifra estaría entre el 30 y el 40 en el centro y norte.

Por ello, la Comisión Europea calcula que las pérdidas en bienestar material del sur de Europa superarán con creces las que se sufrirán en el norte del continente.

Imagen de la ola de calor en Málaga, el 26 de julio de 2022. Álex Zea Europa Press

De hecho, el organismo no descarta que el cambio climático tenga efectos económicos positivos en zonas de Centroeuropa. Fundamentalmente, se trataría de una mejora en el rendimiento agrícola y un aumento del turismo en otoño e invierno derivados de un ligero aumento en las temperaturas en esas latitudes.

No obstante, la Comisión también incide en que las pérdidas económicas acumuladas serían superiores para la zona Atlántica, donde incluye a países de Centroeuropa como Países Bajos, Francia o Bélgica.

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La razón sería que el cambio climático las expondría más a fenómenos como las lluvias torrenciales o las inundaciones, que estadísticamente son los eventos meteorológicos extremos que mayores costes económicos generan.

Cabe recordar que todos estos cálculos se basan en lo que la literatura sobre el cambio climático llama “riesgos físicos”. Estos serían aquellos derivados directamente del calentamiento global, como la mayor incidencia de fenómenos adversos puntuales (por ejemplo, lluvias torrenciales o incendios), o los cambios meteorológicos graduales y crónicos, como un aumento generalizado de las temperaturas estivales normales.

Instalación de placas solares en un edificio de Granada. Europa Press

Es importante señalar, por tanto, que estas estimaciones no contemplan otro tipo de riesgos relacionados con el calentamiento global, tales como los de transición.

Estos riesgos son aquellos que supondrán las políticas de cambio hacia una economía descarbonizada, como la imposición de límites estrictos en las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por todo ello, los propios autores del informe avisan de que lo más probable es que sus predicciones estén subestimando el efecto real que el cambio climático acabará teniendo en las economías europeas.