Infografía de cómo quedará el puente.
El nuevo puente de Sevilla relanza la batalla de las patronales por el abuso de los contratos a empresas públicas
- Varias asociaciones se unen en un frente que contesta el encargo otorgado a Ineco. Competencia observa de cerca la situación de los contratos públicos.
- Más información: El puente de la SE-40 avanza: Transportes encarga la redacción del proyecto por 11 millones
La batalla que desde hace años mantienen diferentes sectores por los encargos de las administraciones a las empresas públicas, que tachan de abusivos y constitutivos de competencia desleal, se recrudece desde Sevilla. Aquí se enmarca el último proyecto que enciende los ánimos en el sector privado, que asegura incluso que, por sus características, es el ejemplo perfecto de las disonancias que se multiplican en las licitaciones.
Se trata del futuro puente que se levantará sobre el Guadalquivir para cerrar parte de la SE-40 en Sevilla, una obra que lleva décadas pendiente. En agosto, el Gobierno encargó por 11 millones a la empresa pública Ineco la redacción del proyecto de construcción del puente, que contará con una inversión estimada de 620 millones de euros. Es la gota que ha colmado el vaso.
Las patronales del sector de la ingeniería CÍES, CEACOP y ASECI son las que plantan cara. Las asociaciones, que representan a 200 compañías españolas de ingeniería, se unieron para recurrir la decisión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En noviembre, ésta frenó el encargo, aunque por una cuestión formal.
Europa Press
El Tribunal apuntó que el contrato no incluía la tecnología BIM, pero respondía a las patronales que el encargo "no es un régimen excepcional, sino una alternativa a la contratación pública" y que además "es una manifestación de la potestad de autoorganización" de la Administración.
Ahora llega el segundo capítulo. Transportes ha corregido el encargo para agregar la tecnología BIM y el Consejo de Ministros de este martes ha autorizado otorgárselo de nuevo a Ineco por una cuantía algo superior, 13,12 millones de euros. Las patronales se preparan ya para el siguiente movimiento, sin descartar nada.
"Vamos a ver qué hacer, a estudiar las posibilidades, porque esto supone un abuso. Esta semana se publicará el encargo y partir de ahí nos asesoraremos", señala a este periódico Ignacio Sánchez de Mora, presidente de ASICA y portavoz de este frente.
La única línea roja que se plantearían es retrasar sustancialmente la obra. "No queremos perjudicar en modo alguno un desarrollo pendiente desde hace tantos años", subraya, antes de señalar a este puente como gran ejemplo de lo que se juega el sector privado por las adjudicaciones a empresas públicas.
Adjudicaciones disparadas
"Este tema tiene muchísimo recorrido, porque el puente es una pieza de un puzzle bastante mayor", señala Sánchez de Mora. Están dispuestos a llegar a la Justicia europea por lo que califica de un abuso de mercado, viendo cómo se han disparado los encargos de todas administraciones -tanto estatal como autonómica y local- a medios propios.
Según recoge un informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), dependiente de Hacienda, en 2023 estos encargos se incrementaron en un 8%, hasta sumar casi 4.200 contratos.
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Son contratos valorados en 4.093 millones de euros, casi un 10% más que los formalizados un año antes. En la lista de beneficiados, Ineco es la tercera, recibiendo el 7,3% de todos los contratos a empresas públicas, por valor de 238 millones. Lideran Tragsa (21% de los contratos) y su filial Tragsatec (17,5%).
La situación, denuncia la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), está amenazando la competencia empresarial y constituye uno de los principales problemas del sector.
Competencia, atenta
La CNC remarca que durante el año pasado la proporción de competidores para lograr un contrato público se desplomó por primera vez por debajo de las tres empresas. En 2019, se presentaban de media cuatro empresas para competir por cada contrato.
Es una situación especialmente llamativa en un momento de incremento de contratos procedentes de las Administraciones públicas, en ascenso al calor de la ejecución de los fondos europeos. Al respecto, la patronal denuncia que de 2021 a 2022 el uso de medios propios por parte de las administraciones para ejecutar contratos públicos creció un 77%, pasando de 1.888 a 3.346 encargos.
“Desde CNC llevamos tiempo avisando de que la contratación pública en España está enferma por la amenaza que supone para la competencia empresarial el abuso de estas prácticas, que no sólo afectan al sector de la construcción sino que pueden terminar impactando en el conjunto de la economía. Hay que permitir a las empresas competir libremente y en igualdad de condiciones”, remarca el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén.
Las quejas del sector han llegado a la atención de la CNMC. Según varias fuentes, Competencia se reunirá próximamente con el sector para abordar en detalle el funcionamiento de este sistema de contratación pública.
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