El ingreso mínimo vital está a punto de caramelo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está negociando con las comunidades autónomas los flecos pendientes de la medida, que garantizará una renta mínima mensual en una horquilla que va de los 461,5 euros a los 1.015 euros por “unidad de convivencia”, es decir, por hogar o familia.

El borrador de la medida, al que ha tenido acceso Invertia, explica que a la hora de lograr la prestación se tendrán en cuenta tanto los ingresos como el patrimonio neto de la unidad de convivencia. Sin embargo, “quedará excluida del cómputo del patrimonio la vivienda habitual, salvo en los supuestos de valor excepcional” que todavía no están definidos.

Tampoco está decidido todavía cuál será el valor máximo del patrimonio neto que permitirá a un hogar acceder o no al ingreso mínimo. 

Sin embargo, lo que sí está definido es qué ingresos computarán a la hora de decidir si un hogar accede al ingreso mínimo vital. Aunque se excluyen las prestaciones establecidas por las comunidades autónomas en concepto de renta mínima de inserción, sí que se tendrá en cuenta el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas.

También se considerarán ingresos a tener en cuenta las rentas de trabajo, las rentas de capital mobiliario, las rentas por arrendamientos de inmuebles, los rendimientos de actividades económicas, las ganancias patrimoniales y cualquieras otras rentas.

En cualquier caso, a toda regla caben excepciones. Se trata de las ayudas económicas finalistas tales como becas o ayudas para el estudio, por vivienda o de emergencia, que no computará en las rentas del hogar. 

Vulnerabilidad económica

Con estos mimbres se calcula si un hogar está en situación de vulnerabilidad económica, que existirá "cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales del ejercicio anterior a la solicitud sea inferior a la cuantía mensual de la renta garantizada"-es decir, el ingreso mínimo vital- "que corresponda en función de la modalidad y composición de la unidad de convivencia. Y que el patrimonio neto, descontada la vivienda habitual, sea inferior a cierto límite" todavía no concretado.

Es decir, que los potenciales beneficiarios tienen que haber ingresado en los últimos ejercicios una renta inferior a la que les correspondería mediante el ingreso mínimo vital, y "para el año 2020 se podrán aportar las rentas más recientes". 

La cuantía más baja del ingreso mínimo vital, que es la que cobraría un solo adulto, será la de una mensualidad de una pensión no contributiva (PNC) de la Seguridad Social: 461,53 euros. Y se incrementará hasta un máximo de 1.015 euros, que serán para unidades de convivencia que incluyan dos adultos y dos niños.

Como ya comentara el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el foco de la medida está puesto en los hogares monoparentales, que contarán con un complemento de 100 euros al mes. Además, en la medida en que se vayan revalorizando las pensiones no contributivas también lo hará el propio ingreso mínimo vital.

En cualquier caso, habrá situaciones en las que el ingreso mínimo vital se pueda combinar con ingresos salariales para “reforzar el estímulo al empleo”. En estos casos, el prestación se entenderá como un “complemento – incentivo” que se desarrollará reglamentariamente más adelante.

Condiciones

Entre las condiciones para recibir el ingreso mínimo vital, que se define como “una prestación económica en su modalidad no contributiva de la Seguridad Social”, el perceptor o titular de la misa tendrá que ser mayor de 23 años y menor de 65. Además, si no tiene menores al cargo, deberá demostrar haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de haber pedido la solicitud.

Por otro lado, se tendrá que demostrar haber vivido el último año de forma legal y efectiva en España. Esta condición se tendrá que demostrar con el registro central de extranjeros o el respectivo documento que demuestre la condición de residente legal. 

Por otro lado, la existencia de la unidad de convivencia (el hogar o la familia) se acreditará con el libro de familia, el certificado del registro civil, la inscripción en un registro de parejas de hecho y el certificado de empadronamiento en la misma vivienda. Los ingresos que prueban la situación de vulnerabilidad se tendrán que demostrar con los datos fiscales de las administraciones tributarias.

Plazos

La gestión del ingreso mínimo será cosa del Instituto Nacional de la Seguridad Social. A este ente habrán de solicitárselo los beneficiarios. El derecho a cobro “nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud”, que se tendrá que resolver en un plazo máximo de tres meses. Sin embargo, el silencio administrativo a una solicitud significa que ha sido denegada.

El borrador indica que para la difusión y gestión del ingreso mínimo se contará con las propias regiones y municipios, con los que se cuenta para que los colectivos vulnerables puedan pedir la prestación. “Se fomentará la vinculación de la prestación con los itinerarios de inclusión social a través de las comunidades autónomas y con pleno respeto al orden competencial”, reza el documento al que ha tenido acceso este medio.

Para ello, se creará un órgano de coordinación entre el Estado y las autonomías, también para activar itinerarios de inclusión social. La colaboración también se reforzará con las entidades locales y del Tercer Sector de Acción Social, con el fin de facilitar que todos los colectivos vulnerables accedan a la prestación.

Rapidez

Cabe recordar que los mimbres y condiciones expuestos aquí pueden cambiar todavía. Seguridad Social todavía está negociando con las comunidades autónomas varios aspectos, como cuánto patrimonio neto vetará el acceso al ingreso mínimo.

En cualquier caso, el departamento que lidera Escrivá ha gestado el ingreso mínimo en un tiempo récord. Previsto como estaba para activarse en enero de 2021, la idea es que se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes, o en el del día 26 de mayo como tarde.

Se espera que la prestación tenga un coste de unos 3.000 millones de euros y que accedan a ella más de un millón de hogares. Con esta medida, el Gobierno quiere terminar de cerrar el escudo social que ha construido en los dos últimos meses, desde que se iniciara la crisis financiera, y del que ya depende casi un tercio de la población activa de España.