Los expedientes de regularización de empleo temporal (ERTE) van a ser la principal herramienta del Gobierno para flexibilizar el retorno a la actividad de las empresas durante los próximos meses. Una estrategia en la que no entrarán los catalogados como ERTE por fuerza mayor. El Ejecutivo de Sánchez tiene sobre la mesa la decisión de no prorrogar esta modalidad más allá del 30 de junio. 

Cabe recordar que los ERTE por fuerza mayor son los que permiten a los trabajadores recibir una prestación de desempleo sin ‘perder’ paro y a las empresas exonerarse del pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Se trata de una medida que ha resultado muy beneficiosa para salvar puestos de trabajo y dotar de liquidez a las compañías durante los momentos más duros de la pandemia pero que ha ocasionado un importante impacto en las arcas de las Administraciones Públicas.

Trabajadores acogidos

Más de tres millones de trabajadores llegaron a ser incluidos en esta medida de flexibilidad. Un salvavidas que ha supuesto un coste superior a los 20.026 millones de euros. 

Esta es una de las razones por las que el Gobierno se está cuestionando su continuidad más allá de junio. A ella se suma que, paulatinamente, se está recuperando la actividad en diversos sectores. Por ello, el plan del ejecutivo es sostener los ERTE por fuerza mayor parcial hasta septiembre. Una modalidad que permite a las empresas incorporar trabajadores poco a poco pero, al mismo tiempo, mantener una exoneración parcial del pago de las cuotas sociales. 

De esta manera, la idea que tiene el Ejecutivo es acabar con el ERTE por fuerza mayor generalizado, siempre previo pacto con los agentes sociales. Así, lo que también se pone sobre la mesa, es un rediseño de estas herramientas, que pasarán a estar pensadas para cada sector particular, con sus condiciones y particularidades específicas. 

La incógnita de la automoción

Las principales preocupaciones del Ejecutivo se centran, sobre todo, en dos sectores: la automoción y el turismo. Ambos ejemplifican la necesidad de aplicar planes de rescate sectoriales específicos en vez de soluciones generalizadas.

Por un lado está la industria del automóvil, que está siendo una de las que más rápido está recuperando su actividad. Las empresas dedicadas a la fabricación de vehículos sacaron en mayo a más del 40% de sus plantillas que estaban en ERTE, según los datos de la Seguridad Social. Una decisión tomada por las plantas sin que se haya despejado la incógnita de cómo responderán las ventas de coches en el actual contexto de crisis. 

A esta circunstancia se suman los retos que el sector, en plena redefinición, viene afrontando desde hace años, como demuestra el cierre de la planta de Nissan en Barcelona. Una decisión tomada hace tiempo, que el impacto del coronavirus aceleró. Por ello, el Gobierno considera fundamental poner en marcha lo antes posible el plan sectorial para la automoción que está desarrollando el Ministerio de Industria.

El drama del turismo

El turismo es el otro sector que vive instalado en el drama desde la aparición del coronavirus. La buena evolución de los datos epidemiológicos ha permitido al Gobierno acelerar los plazos de la desescalada. Una decisión que puede ser clave para la supervivencia de esta industria de la que depende más de un 12% del PIB español. El verano que ahora empieza será fundamental para el futuro de estas empresas. 

Sin embargo, salvo en el caso de Canarias, las compañías especializadas en el ‘sol y playa’ en España se enfrentan a una larga hibernación una vez termine la temporada estival. Para aguantar el próximo periodo de menor actividad, la recuperación de los ERTE excepcionales y específicos, incluso por zonas geográficas, se antoja clave. 

De nuevo, el plan sectorial es el eje cardinal sobre el que el Ejecutivo quiere hacer pivotar su estrategia. Una táctica similar a la que se espera en otro de los ámbitos más afectados por la crisis del Covid-19, el del comercio. 

Sin límite temporal

En este sentido, el límite temporal a los ERTE no será un problema, tal y como ya ha indicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Una visión que también comparte la ‘jefa’ del área económica del Gobierno, la vicepresidenta Nadia Calviño. 

De hecho, en sus últimas declaraciones, Calviño ya apuntaba a que los ERTE tendrán que evolucionar a partir del 30 de junio y ser más específicos por sectores, para darles un tratamiento más adecuado. 

En estas variaciones, además, su apuesta pasa por que los ajustes que se hagan con los ERTE sean en “horas, no en trabajadores”, al tiempo que se tiene que impulsar la reorientación profesional de los afectados. 

En cualquier caso, todo esto se ha de negociar en el Diálogo Social, concretamente en la mesa tripartita creada a tal efecto. En ella, la patronal aspira a lograr, además, una flexibilización futura para los despidos, que según lo regulado hasta el momento no tienen permitidos las empresas que se hayan acogido a un ERTE por fuerza mayor hasta seis meses después del expediente. Una medida que la patronal empresarial aspira a modificar en futuras negociaciones y que seguro protagonizará muchos de los debates que se han de celebrar en esa mesa de negociación.