De cara a los festejos del 1 de mayo, Borra recibe a Invertia en su despacho, en la sede que el sindicato tiene en Madrid. Durante la entrevista, aborda la precariedad que existe a día de hoy en el sector público y lamenta los tópicos que hay sobre funcionarios. "Ni somos muchos ni estamos bien pagados". 

¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre los empleados públicos?

Ha sido tremendo. La pandemia ha llevado las costuras del sistema público al límite en muchos aspectos. Si algo se ha demostrado es que todo está tan cogido con los alfileres que cuando algo se sale de la normalidad todo se tensiona.

No podemos olvidar que los empleados públicos hemos estado en primera línea de batalla desde el minuto cero. Los sanitarios se tuvieron que enfrentar a esta terrible pandemia sin los equipos de protección individual (EPI) adecuados y fueron de los colectivos en Europa con mayor índice de contagios. 

Además, en España tenemos un déficit estructural tremendo de trabajadores en la sanidad. Lo mismo podemos decir sobre los docentes o sobre los policías. España tiene una carga laboral en sus empleados públicos que, a pesar de todo, se ha logrado abordar por la gran profesionalidad de sus trabajadores.

Lo estamos viendo en el SEPE. 8.000 funcionarios en toda España tienen que atender no solo las prestaciones habituales, sino también las extraordinarias. Todo esto con una plantilla de la que al 25% de sus integrantes se le acaba el contrato en junio. Y a estas alturas, aún no sabemos si se les va a renovar ese contrato. También tienen unos sistemas informáticos que con más de 30 años de antigüedad.

Bruselas ha alertado en varias ocasiones del problema de la temporalidad en el mercado laboral español. El Gobierno prepara medidas para combatir este fenómeno en el sector privado, pero también es muy relevante en el público.

El tema de la temporalidad es muy preocupante. Nosotros lo ponemos encima de la mesa cada vez que trabajamos con el Ministerio de Administraciones Públicas.

La temporalidad la han generado las propias Administraciones por su incapacidad para abordar el problema y no querer convocar ofertas públicas de empleo para ello.

Los servicios para los que no se sacan ofertas de empleo público se tienen que prestar con trabajadores en precario. Tantos años con tasas de reposición nulas y en los que no ha habido ofertas públicas de empleo han dado lugar a que en estos momentos en la Administración Pública haya en torno a 800.000 personas trabajando en precario.

Dentro de estos 800.000 hay interinos y temporales de muy distinto origen. Hay personas que llevan muchos años concatenando contratos. Médicos, enfermeras o docentes que llevan ocho o diez años o más en esta situación.

Hay personas que llevan ocho o diez años o más concatenando contratos

Y hay personas que se han incorporado a la Administración para abordar la sobrecarga laboral que hemos tenido vinculada a la pandemia. Esto ha ocurrido en sanidad y educación.

El de la temporalidad es un problema que han generado las propias Administraciones Públicas y que está dando lugar a situaciones dramáticas en miles y miles de personas que han estado trabajando, codo con codo, con el funcionario de carrera para sacar adelante los servicios públicos. Antes, durante y después de la pandemia.

Estamos totalmente en contra del uso y abuso que hacen las Administraciones de la temporalidad y el fraude de ley que han cometido muchas en esas contrataciones. Nuestra legislación se tendría que complementar con medidas que castiguen este fraude de ley y tanto para el administrador como para el administrado.

Es decir, si un alcalde o un responsable de recursos humanos por lo que sea no quiere sacar las plazas que tiene que sacar, que haya una responsabilidad personal de este administrador o político. Y, desde luego, que a las personas que hayan sufrido ese fraude en la contratación se les compense como marca la legislación. Y ahí tenemos sentencias de la Unión Europea y directivas al respecto. El ministro Iceta quiere tener este problema enfocado entre mayo y junio.

Nuestra legislación se tendría que complementar con medidas que castiguen este fraude de ley y tanto para el administrador como para el administrado

Usted ha mencionado al personal sanitario. ¿Pero hasta qué punto pueden meter mano los ministerios en cuestiones que, en muchos casos, dependen de las comunidades autónomas?

Efectivamente, sanidad y educación están transferidos. Igual somos de las pocas organizaciones que tenemos la misma postura a nivel estatal y a nivel autonómico. Pero en los ministerios hay mesas sectoriales y desde Función Pública se pueden dar instrucciones y habilitar instrumentos para que se mantengan políticas similares. Pero, indudablemente, la responsabilidad última en los ámbitos de sanidad y educación está en las comunidades autónomas.

Pero cada comunidad es un caso. Por ejemplo, en Andalucía no es una cuestión del gobierno actual, sino que el problema es heredado. Hay abiertas tres oposiciones distintas de enfermería. Es decir, que hay tres procesos selectivos de distintos años que se han ido celebrando para dar estabilidad en enfermería, pero no se ha solucionado ninguno de ellos. Fíjese en la incongruencia: una persona se ha tenido que examinar para lo mismo tres veces seguidas a lo largo de los años porque la administración autonómica no ha sido capaz de resolver ninguno de los tres procesos.

Por sus palabras, los ámbitos más perjudicados por esta situación son los sanitarios y los docentes.

También la administración local, la administración autonómica, la de justicia… Excepto la Administración General del Estado, que tiene de media un 8% de interinidad. Pero sí, el problema se concentra en sanitarios y docentes. Pero también porque suponen más del 50% de los trabajadores públicos de este país.

¿Qué ha pasado con las ofertas públicas de empleo que se pactaron con Cristóbal Montoro en 2017 y 2018 para la Administración General del Estado?

Ahí hablamos de sacar absolutamente todas las plazas que llevaran ocupadas más de tres años por personal en precario. Pero de estos acuerdos se ha ejecutado, en estos momentos, en torno al 20% de las plazas.

¿De cuántas plazas estamos hablando?

Vinculadas a los acuerdos de 2017 y 2018, más de 300.000 plazas de las que se ha ejecutado en torno al 20%. En 2020 acaba el plazo para sacar las plazas correspondientes a 2017, pero con la pandemia se ha prorrogado el plazo un año más. Las ofertas públicas de empleo se están volviendo a mover. En las próximas semanas, según el ministro Iceta, tiene que salir la oferta pública de la Administración General del Estado. Y en las comunidades autónomas se están moviendo también.

¿Esta nueva oferta cumple los mínimos que ustedes exigen, en números?

Depende de los ámbitos. Las que sacaron el año pasado no las firmamos porque nos parecían insuficientes. Y no solo hay que hablar del número de plazas, sino también de las de promoción interna.

Luego, cada comunidad autónoma está siendo un mundo. La Comunidad de Madrid está poniendo sobre la mesa un número importante de plazas. Pero hay otras como País Vasco que no lo están haciendo. De hecho, en este caso, tienen un borrador de función pública que plantea algunas dudas.

¿Cree que el juego político en las regiones, o al menos en determinadas regiones, está restringiendo derechos de acceso a las plazas?

Creemos que la temporalidad y los empleados públicos que son temporales se han convertido en los grandes paganos de esta situación. Aquí en Madrid hemos visto como algún político ha sacado tuits para intentar sacar rédito de esta situación. Concretamente, Ciudadanos, que ha dicho que va a hacer cosas en el caso de los interinos que su propio candidato debe saber que no se pueden hacer.

El envejecimiento de las plantillas es elevado.

Nosotros hicimos un estudio no solo de las plazas que se van a perder o de las necesidades que nuestro país tiene. En diez años, la Administración General del Estado ha pasado de 241.000 empleados a 197.000. En el intervalo de edad de 50 a 59 años en donde está el gran núcleo de personal. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque la tasa de reposición ha sido de cero o del 10%.

La Administración General del Estado ha pasado de 241.000 empleados a 197.000. De cada diez personas que se jubilan solo se ha repuesto una

Es decir, que de cada diez personas que se jubilan solo se ha repuesto una. Esto explica la gran pérdida de trabajadores que ha tenido la Administración General del Estado y que su pirámide de edad sea muy preocupante. Si quisiéramos atender realmente las necesidades que va a tener que atender el sistema en los próximos años, se tendrían que crear 43.700 nuevas plazas a mayores. Nos falta gente en la Agencia Tributaria, en el SEPE, en Instituciones Penitenciarias, en Seguridad Social.

Ni somos muchos ni estamos bien pagados. Ese es un tópico de funcionarios. En todo caso, sobran asesores, altos cargos, organismos de ministerios y direcciones generales multiplicados… No podemos olvidar que lo que antes era una dirección general es un ministerio.

¿Cree que el teletrabajo en las Administraciones Públicas se cumplirá?

Nosotros lo hemos apoyado y firmado por eso. El teletrabajo ha venido para quedarse. La pandemia ha acelerado una necesidad que ya había, y es que las administraciones tienen que prestar servicios a través de las nuevas tecnologías. El acuerdo que hemos firmado garantiza que el ciudadano que quiera recibir la prestación o servicio de manera presencial la siga recibiendo, por supuesto. Pero también que la Administración dote al trabajador de las herramientas para poder teletrabajar, incluidas las herramientas para poder teletrabajar, incluido formación en aspectos de seguridad y el equipo informático.

Ahora, hará falta ver cómo las distintas administraciones lo implementan. Van a tener que hacer un desembolso y modernizar sus sistemas informáticos. Alguien me puede decir que esto no se está cumpliendo en el caso del SEPE. Efectivamente. Pero es que estos trabajadores han tenido que trabajar con sus propios ordenadores, que teletrabajan contra sistemas informáticos que tienen 30 ó 40 años de edad…

Se podría decir que el SEPE es un organismo anticíclico, que se utiliza muy poco cuando la economía va bien y mucho cuando la economía va mal. Pero la Administración Pública tendría que estar al margen de ciclos. Ni un empleado público más de lo de necesario, pero tampoco uno menos de los imprescindible para dar el servicio.

¿Cómo describiría lo ocurrido en el SEPE el último año, con una palabra?

Caótico. En el SEPE, si no hubiera sido por la profesionalidad de los trabajadores, la situación hubiera sido muchísimo peor. Es lamentable que ciudadanos en situación de necesidad económica hayan tenido que esperar tanto tiempo para poder recibir su prestación. Se han perdido más de 3.000 puestos de trabajo en el SEPE en los últimos 10 años sobre 8.000 que hay ahora. Y de estos 8.000, 2.000 son temporales a los que se les acaba el contrato el 30 de junio y no saben si seguirán. Nosotros hemos pedido a la ministra de Trabajo que les prorrogue ya los contratos. Además, le hemos pedido al SEPE algo muy sencillo: que permita hacer tardes. Todavía estamos esperando la contestación.

¿Cuántos empleados necesita el SEPE para volverse un servicio eficiente?

Hemos estimado que unas 3.200 plazas más. Hay que tener en cuenta que es un servicio que se presta en toda España y que muchos ciudadanos lo demandan al menos una vez en su vida.

Hemos estimado que el SEPE necesita unas 3.200 plazas más

Ustedes han protestado porque las pensiones de las clases pasivas hayan pasado al dominio de Seguridad Social. ¿Por qué?

Aprovechando la pandemia, el Gobierno pasó la gestión de la pensión de las clases pasivas a la Seguridad Social. Ya hemos vivido con anteriores gobiernos socialistas, con Rodríguez Zapatero, ataques al modelo de clases pasivas de los funcionarios tanto en la asistencia sanitaria como en la jubilación.

No entendemos por qué este cambio se ha hecho sin diálogo con los agentes sociales. Es verdad que solo se ha cambiado para la gestión de las prestaciones, pero no entendemos por qué un modelo que estaba funcionando y que no generaba tensiones tiene que sufrir cambios. El ministro Escrivá ha dicho que no hay intención de tocar nada. Pero, si es así, no tiene sentido que se haya cambiado de un ámbito a otro. No es un cambio gratuito.

Ustedes piden una reforma del sistema de sindicatos.

La única ley orgánica que en este país no se ha tocado nunca es la de libertad sindical, que es de 1985. Es una ley en la que se apuesta por dos grandes sindicatos, que son los dos grandes de clase. Creemos que no responde a la pluralidad sindical que hay en estos momentos y consagra una serie de ventajas para estas organizaciones con las que no podemos estar de acuerdo.

Entiendo que usted no estará muy satisfecho con que CCOO y UGT sean los únicos sindicatos presentes en la negociación con el Gobierno de los fondos europeos.

Enviamos una carta a la ministra de Trabajo pidiéndole que se nos diera también audiencia en este tema. Por lo menos en el ámbito en el que somos más representativos, que es Administraciones Públicas, se nos tendría que haber escuchado. Este Gobierno solo quiere hablar con dos sindicatos y ya está. Le tengo que decir que el PP, con mayoría absoluta, tampoco quiso tocar la ley de libertad sindical.

A finales de año se aprobó un importante real decreto-ley para transformar la Administración Publica y facilitar la gestión de los fondos europeos. ¿No se les consultó tampoco en ese momento?

No. Solo se nos informó que se iban a formar nuevos equipos para la gestión y control de esos fondos y que eso iba a significar el traslado de algunos funcionarios. Pero solo se nos informó de movilidad administrativa, no de cómo se van a manejar los millones.