Entre las medidas destacadas, la norma permite que las trabajadoras paralicen su actividad en caso de riesgo grave e inminente, sin que ello conlleve consecuencias negativas. Además, las personas empleadoras estarán obligadas a proporcionar equipos de trabajo adecuados y a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en su utilización.

Asimismo, incluye el derecho a la vigilancia de la salud, que podrá incluir un reconocimiento médico voluntario y único para las trabajadoras, incluso si prestan servicios para varios empleadores. Para facilitar la implementación de estos derechos, el Ministerio de Sanidad promoverá la inclusión de reconocimientos médicos gratuitos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) elaborará una herramienta gratuita para ayudar a las personas empleadoras a cumplir con las obligaciones de evaluación de riesgos. También se publicará una guía técnica para la prevención de riesgos laborales en el trabajo doméstico y un protocolo en caso de acoso.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Yolanda Díaz ha destacado que la norma protege a "las invisibles, las que sostienen nuestras vidas, nos cuidan y, hasta hace muy poquito, carecían de derechos".

Por otro lado, el Real Decreto regula los servicios de ayuda a domicilio (SAD), que requieren una evaluación específica debido a sus características particulares. Las evaluaciones de riesgos laborales se realizarán mediante visitas presenciales a los domicilios donde se presta el servicio, y cualquier modificación en el hogar deberá contar con el consentimiento del titular del domicilio y estar alineada con la evaluación de riesgos.