El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy se ha comprometido este miércoles ante la Comisión Europea a reducir el gasto público en lo que queda de año. Para ello, adelantará al mes de julio el cierre de los Presupuestos de 2016. “Se trata de una estrategia de gestión del presupuesto que ayudará a contener el gasto”, asegura el ministerio de Economía en la carta de alegaciones (en pdf) que ha remitido a Bruselas con el objetivo de rebajar de 2.000 millones de euros hasta cero la multa de la Unión Europea por el déficit.

Esta estrategia de ingeniería presupuestaria es la única novedad de la “petición razonada” de Rajoy al Ejecutivo comunitario para frenar las sanciones. Se trata de un documento de 23 páginas que contiene todos los argumentos de España contra la multa. El ministerio de Economía disponía de un plazo de 10 días para enviar sus alegaciones, pero sólo ha tardado algo más de 24 horas desde que el Ecofin desencadenara la cuenta atrás hacia las sanciones.

El resto de ajustes que el Gobierno en funciones compromete ante Bruselas ya habían sido anunciados por el ministro de Economía, Luis de Guindos. En primer lugar, obligar a las grandes empresas a adelantar 6.000 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades. "Podría adoptarse un decreto ley para introducir estas medidas una vez que haya un nuevo Gobierno", señala el documento.

Además, España se ha ahorrado 1.500 millones de euros en concepto de intereses de la deuda, y las medidas de lucha contra el fraude fiscal han generado ingresos adicionales de 1.000 millones. En total, un ajusto de 8.500 millones, similar al que pedía la Comisión. El documento de alegaciones no cifra el impacto económico que tendrá adelantar a julio el cierre del Presupuesto.

Bruselas sopesa reducir la multa a cero

Bruselas dispone ahora de un plazo de 20 días para fijar el importe de la multa a España y Portugal por el desvío del déficit en 2015. Según las normas de la UE, la sanción debe ser de forma predeterminada equivalente al 0,2% del PIB, es decir, alrededor de 2.000 millones de euros en el caso de España. No obstante, el Ejecutivo comunitario puede reducirla o incluso cancelarla si así lo piden los países afectados.

“Es posible que las sanciones sean igual a cero, con la condición de que los Gobiernos español y portugués nos digan cómo van a reducir su déficit”, ha dicho este miércoles el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en una entrevista a la radio francesa Europe 1. 

Ese es precisamente el objetivo de Rajoy con el documento de alegaciones que ha enviado a Bruselas, aunque su margen de maniobra es reducido porque el Gobierno en funciones no puede aprobar nuevos ajustes. Guindos considera que con estos compromisos, España logrará situar el déficit por debajo del 3% del PIB en 2017.

“Existen razones de peso para no imponer una multa a España. Sería paradójico imponer una sanción, en base a la desviación de un solo año, a un país que ha estado siempre plenamente comprometido con las normas de la Unión Económica y Monetaria”, señala el escrito de alegaciones del ministerio de Economía.

“España no es una amenaza para la estabilidad financiera de la zona euro. La decisión de imponer una multa a España no sólo sería incoherente, sino también contraproducente”, concluye el documento. Bruselas tiene previsto decidir sobre la multa el próximo 27 de julio, aunque podría adelantar su dictamen al día 20 por la celeridad en los escritos de alegaciones de Madrid y Lisboa.