La reducción a cero de la multa a España por incumplir el objetivo de déficit en 2015 no va a salir gratis al futuro Gobierno. Tampoco la prórroga de dos años, hasta 2018, que ha ofrecido Bruselas para corregir el desfase presupuestario. La Comisión reclama a cambio una subida del IVA en aquellos productos a los que se aplica el tipo reducido, como alimentos, transporte, hostelería o reparación de edificios. También pide controles más estrictos sobre las comunidades autónomas y los contratos públicos (en pdf).

Además, la sanción a España y Portugal por el desvío del déficit todavía podría tener consecuencias financieras. Aunque la multa se haya rebajado de 2.000 millones a cero, Bruselas congelará en septiembre parte de las ayudas europeas previstas para 2017 (un total de 1.300 millones de euros en el caso de España, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL). Si Madrid y Lisboa no presentan los ajustes exigidos antes del 15 de octubre, la suspensión no se levantará. A continuación explicamos las claves del por qué de la multa cero y de cuáles son sus consecuencias.

Los pragmáticos se imponen a la línea dura 

Hasta el último minuto, el ala dura de la Comisión ha reclamado una multa simbólica a España y Portugal por el desvío del déficit, con cifras que oscilaban entre 200 y 300 millones de euros en el caso español. Alegaban que una sanción cero socava la credibilidad de las reglas presupuestarias de la UE. Y su postura ha ganado puntos los últimos días, sobre todo después de conocerse el descontrol presupuestario en España este año. La multa reducida ha sido defendida este miércoles por los comisarios de Alemania, Austria, Finlandia y Suecia, según fuentes europeas.

Pero finalmente se han impuesto las tesis esgrimidas por el comisario de Asuntos Económicos, el socialista francés Pierre Moscovici, que siempre ha apostado por la multa cero para no poner en riesgo la recuperación económica. El que ha decantado la decisión ha sido el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, según ha dicho el comisario portugués, Carlos Moedas. De acuerdo con el diario Handelsblatt, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha telefoneado a varios comisarios para paralizar la sanción. La multa cero "se ha adoptado por consenso tras un debate en profundidad", ha afirmado Moscovici.

Por primera vez triunfan los criterios políticos

El colegio de comisarios ya discutió la semana pasada los factores económicos de la multa a España y Portugal y ha dedicado este miércoles a debatir la complicada situación política que atraviesa la UE tras el brexit y el auge de los partidos euroescépticos y populistas, según las fuentes consultadas. Y han sido los argumentos políticos los que se han impuesto a la hora de rebajar a cero la sanción.

"Hemos considerado que un enfoque punitivo no sería lo mejor en un momento en el que los ciudadanos dudan de Europa", ha alegado Moscovici. A su juicio, una multa reducida tampoco habría sido considerada creíble por los países más duros y al mismo tiempo habría sido percibida como un castigo injusto en Madrid y Lisboa.

Bruselas ha tenido en cuenta también que los dos países han realizado ya "esfuerzos presupuestarios gigantes", aunque insuficientes, y todavía se enfrentan a graves problemas económicos, como el alto nivel de paro. Además, Moscovici cree que el Gobierno en funciones de Rajoy ha ofrecido medidas convincentes, como adelantar el cobro de 6.000 millones de euros a las grandes empresas a cuenta del impuesto de sociedades.

Aunque la multa sea cero, persiste la amenaza de los fondos

La propuesta de la Comisión de cancelar la multa a España y Portugal quedará adoptada de forma definitiva salvo si el Ecofin presenta alegaciones en el plazo de 10 días. Algo muy improbable, ya que se necesita una supermayoría para tumbar la decisión de Bruselas. Y además, incluso los países más duros como Alemania están en contra de las sanciones. Pero el Ejecutivo comunitario todavía puede suspender hasta 1.300 millones de euros de fondos comunitarios para España el año que viene si no adopta en plazo los ajustes exigidos.

"Suspender los fondos estructurales supondrá un golpe financiero más duro para España y Portugal que lo que habrían sido las multas", ha dicho Juncker en una entrevista a Handelsblatt. El vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, máximo exponente del ala dura, ha dicho que la amenaza de congelar las ayudas es el incentivo con el que cuenta Bruselas para obligar a Madrid y Lisboa a aprobar más recortes para 2017. La suspensión se ha retrasado hasta septiembre porque la Eurocámara, que no tiene poder de veto, ha pedido ser consultada.

La Comisión cuenta con una segunda arma para presionar a España y Portugal. En caso de un nuevo incumplimiento, la multa subiría hasta el 0,5% del PIB (5.000 millones en el caso español).

Un respiro para 2016: no se necesitarán más ajustes

Según la Comisión, dar a España sólo un año extra, hasta 2017, para corregir el déficit excesivo -tal y como pedía el ministro de Economía, Luis de Guindos- habría supuesto un "ajuste masivo" con un gran impacto negativo en el crecimiento. Además, era una apuesta arriesgada por la falta de Gobierno. "Hemos preferido la prudencia, el respeto de los plazos democráticos y la consolidación del crecimiento", ha dicho Moscovici para justificar la ampliación de la prórroga a dos años.

Los nuevos objetivos de déficit que ha fijado Bruselas para España son del 4,6% este año, el 3,1% el año que viene y el 2,2% en 2018. Eso significa que el Gobierno en funciones no deberá adoptar ningún ajuste adicional en 2016. Para los dos años siguientes la Comisión reclama un esfuerzo estructural de 5.000 millones anuales, es decir, 10.000 millones en total. "Si España no quiere ser el último país de la eurozona en salir del procedimiento por déficit excesivo, puede acelerar sus esfuerzos", ha dicho Moscovici.

Para elaborar la nueva senda fiscal, el Ejecutivo comunitario ha revisado sus previsiones económicas sobre España. Para este año, calcula un crecimiento del 2,9%, tres décimas más de lo que había pronosticado en primavera. Sin embargo, la economía española se desacelerará hasta el 2,3% en 2017 y el 2,1% en 2018. Un escenario que todavía podría empeorar si se materializan los riesgos del brexit, avisa Bruselas.

Subida del IVA desde 2017

La Comisión no se limita a indicar la nueva senda fiscal que debe seguir España, sino que detalla algunas de las medidas que espera del nuevo Gobierno para cumplir los objetivos de déficit. La más importante es la subida del IVA al tipo general del 21% en algunos de los productos a los que actualmente se les aplica el tipo reducido del 10%, aunque Bruselas no especifica cuáles. En el pasado, el Gobierno de Mariano Rajoy ha rechazado este incremento, pero ahora tiene menos margen para negarse por la congelación de los fondos europeos y la amenaza de nuevas multas.

"Los ajustes para 2017 y 2018 podrían incluir entre otros la reducción del número y el alcance de las exenciones tributarias, en particular los tipos reducidos de IVA, con el fin de alcanzar el esfuerzo estructural requerido", afirma la recomendación del Ejecutivo comunitario. Bruselas alega que el nivel de impuestos indirectos y de tributación sobre el consumo en España están entre los más bajos de la UE (el 11,6% del PIB y el 15,2% en 2014, respectivamente). Y España es también el país que más ingresos de IVA pierde por fraude y elusión fiscal.

Más controles sobre el gasto regional

Además de la subida del IVA, la Comisión reclama a España que aplique de forma más estricta la ley de estabilidad presupuestaria y que exija a las comunidades autónomas recortes inmediatos cuando se desvíen de las metas de déficit asignadas. "Un mayor automatismo en la aplicación de los mecanismos preventivos y correctivos previstos en la ley para todos los niveles gubernamentales podría conducir a una corrección sostenible y en plazo del déficit excesivo español", dice Bruselas.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario solicita más controles en la adjudicación de contratos públicos. España es uno de los países de la UE con una menor tasa de publicación de licitaciones y con mayor uso del procedimiento negociado sin publicación previa. Ello se traduce, según Bruselas, en una menor competencia entre empresas, más coste para las administraciones públicas, y más irregularidades.

Próxima cita en octubre

Bruselas da de plazo a España hasta el 15 de octubre para presentar el Presupuesto de 2017 con los recortes requeridos, así como las medidas previstas para el año siguiente. "La democracia española tiene capacidad para formar Gobierno rápidamente", ha dicho Moscovici al ser preguntado por el actual bloqueo político español. Pero si los ajustes no llegan a tiempo, la Comisión mantendrá congelados los fondos europeos en 2017. Y aumentará el riesgo de una nueva multa de hasta 5.000 millones.