Cuando presentó los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, el Gobierno anunció que uno de los ahorros más importantes sería el de las prestaciones por desempleo. No le faltaba razón. El gasto en todo tipo de pagas a los parados (no confundir con ayudas por emergencia económica u otro tipo de transferencias) se redujo en casi 2.000 millones de euros en el conjunto del año, cayendo hasta 18.640 millones. En concreto, el ahorro fue de 1.972 millones respecto al gasto de 2015, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo, esto es, un 9,6% menos. Lo que no esperaba el Gobierno es que el ahorro iba a ser todavía mayor: el gasto final ha sido de casi 1.200 menos de lo que presupuestó en los PGE.
La factura del desempleo se ha reducido de forma ininterrumpida y acelerada desde 2012 a un ritmo tan alto que desde entonces el Gobierno se ha ahorrado algo más de 13.000 millones de euros. La recuperación del empleo y la consecuente caída del número de parados ha permitido rebajar el coste total de las prestaciones, pero no ha sido el único motivo. De hecho, en 2013 aumentó el número de parados y, sin embargo, el gasto en prestaciones cayó en casi 2.000 millones de euros.
El motivo de este descenso hay que buscarlo en la cantidad de desempleados que no cobran ningún tipo de prestación porque ya las han agotado todas o porque no han tenido derecho a recibirlas. El problema principal es el de los parados de larga duración que, en un porcentaje muy alto, son personas cuya recolocación en el mercado laboral es muy complicada. Los estudios demuestran que las posibilidades de encontrar un trabajo se reducen cuanto más tiempo pasan los parados en el desempleo.
El 48% de los parados no cobró ningún tipo de prestación en diciembre, un porcentaje que se ha mantenido estable durante los últimos dos años a pesar de la recuperación del mercado laboral. En 2010 este porcentaje era notablemente inferior, de un 25%, pero a medida que los trabajadores que se habían quedado en el paro agotaban las prestaciones, el porcentaje iba escalando hasta duplicarse en apenas cuatro años.
El resultado es que, pese a que en 2016 hubo 225.000 parados más que en 2009 (de media anual), el gasto en prestaciones fue de 12.800 millones menos. Hay que remontarse hasta 2007, antes del estallido de la crisis, para encontrar una factura de prestaciones inferior a la de 2016: ese año el Estado se gastó 15.300 millones de euros en el desempleo, por los 18.600 de este ejercicio. Eso sí, con la diferencia de que entonces había un millón y medio menos de desempleados.
El paro juvenil
Estas cifras reflejan otro de los graves problemas de la economía española: el paro juvenil. Muchos de los desempleados que no cobran nada tienen el problema de que no han podido cotizar lo suficiente para acceder a una prestación. Este es el caso de los jóvenes que terminan sus estudios y no tienen una oportunidad para acceder de forma estable al mercado laboral, de modo que, aunque están registrados en los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), no acumulan el tiempo de cotización suficiente para conseguir el derecho a cobrar alguna de las prestaciones existentes.
La presencia de estos jóvenes distorsiona el porcentaje mencionado antes del número de parados que no cobran ningún tipo de prestación. Por definición, las personas que no han trabajado no tienen derecho a ser beneficiarios. Para eliminar este efecto de la estadística, el Ministerio de Empleo calcula la tasa de cobertura como el porcentaje de parados que cobran algún tipo de prestación sobre el total de desempleados con experiencia laboral y los beneficiarios del subsidio de eventuales agrarios.
Con esta definición de la tasa de cobertura, el porcentaje de parados que no cobran nada se reduce hasta el 43%, mientras que el 57% restante sí que reciben algún tipo de paga. El número total de beneficiarios se situó en diciembre en 1,98 millones de personas, un 7% menos que en el mismo mes del año anterior. En el conjunto del año, la media de beneficiarios fue de 2,01 millones, el nivel más bajo desde 2008.
El número máximo de beneficiados se alcanzó en el primer trimestre de 2010. La crisis había estallado dos años antes y, en ese momento, la mayor parte de los desempleados cobraba una prestación, ya que todavía no habían agotado las distintas pagas. En ese momento, el Estado entregaba alguna prestación a más de 3,2 millones de personas. Desde entonces, el número de beneficiarios ha caído en más de 1,2 millones de personas.
Mientras persista el problema del desempleo de larga duración, el problema de los parados sin prestación seguirá existiendo. Actualmente son 1,7 millones de personas apuntadas al SEPE que no reciben ninguna paga. Es cierto que este número se ha reducido en el último año en unas 200.000 personas, pero todavía sigue en niveles muy elevados, superiores a los vistos hasta 2012. El objetivo del Gobierno para esta legislatura es precisamente atajar los dos problemas que provocan que haya tantos parados sin prestación: el paro de larga duración y el juvenil.