Pasan al ataque. De las palabras, las empresas tecnológicas del sector financiero pasan a los hechos. El sector, que suma algo más de 200 compañías en España y una inversión de unos 300 millones de euros, incrementa la presión para lograr una regulación favorable y que les dé carta de naturaleza. Autorizaciones limitadas para segmentos no regulados, gracias a las cuales poder ‘testear’ sus modelos sin riesgos para inversores o clientes, y un supervisor propio al margen de Banco de España y CNMV son dos de las medidas que exigen.

“España no se puede quedar atrás; necesitamos que el Gobierno nos ofrezca un marco regulatorio estable que permita actuar en igualdad de condiciones a los nuevos jugadores”. Son las palabras de Marta Plana, vicepresidenta de la Asociación Española de Fintech. Hasta ahora, sólo había declaraciones. Ahora hay sobre la mesa un Libro Blanco, en el que tratan de plasmar su idea de regulación para España. Y colocan a Reino Unido, Singapur, Alemania o Francia como modelos.

Autorizaciones limitadas

En este contexto, una de las grandes medidas que reclaman es lo que denominan “autorizaciones limitadas” para actividades no reguladas. “El objetivo es que no pase por un proceso extraordinariamente largo hasta que pueda ir al mercado”, ha explicado este jueves el responsable de regulación financiera de la consultora EY en España, Enrique Fernández. En el Libro Blanco, se advierte de que sólo se podrían probar productos y servicios sobre un universo "limitado de destinatarios, durante un periodo de tiempo limitado y no realizar otras actividades distintas".

La duda radica en cómo hacer eso sin que surjan problemas con algunas de las iniciativas empresariales. La salida: “Debe haber un compromiso de las autoridades para que en ese proceso de prueba puedan desactivarse la aplicación de determinadas obligaciones en un sitio limitado y controlado”.

El antecedente es el conocido como ‘sandbox’, impulsado por la CNMV británica (FCA), que se ha llevado a cabo en Reino Unido y que muchos como uno de los pilares del avance regulatorio y legislativo de este mercado en nuevos servicios financieros.

Un supervisor propio

La otra gran reivindicación que pone sobre la mesa este colectivo, que cuenta con un centenar de asociados, es la creación de un supervisor propio. “Se trata de crear supervisores que se dediquen a asesorar a la industria para dar más seguridad jurídica”, ha explicado. En concreto, se trata de que en cada supervisor financiero (banca, servicios de inversión y seguros) se cree una dirección de autorizaciones específica para este sector y un equipo técnico que "ofrece asesoramiento sobre cómo deben interpretarse las normas respecto del producto o servicio".

Ese supervisor tendría también la misión de crear foros y observatorios de fintech pero sobre todo debe llevar a cabo funciones de asesoramiento regulatorio “que faciliten o aceleren los nuevos proyectos fintech”.

Diálogo con los reguladores

Además de estas dos grandes medidas, el ‘lobby’ del sector ha diseñado dentro de ese Libro Blanco propuestas regulatorias para cada uno de los verticales de la industria: asesoramiento patrimonial, finanzas personales, financiación alternativa, crowdfunding, divisas, medios de pago, infraestructura financiera, insurtech, gestión de los datos (big data) y criptomonedas.

“Ahora debemos hablar con todos los reguladores –CNMV, Tesoro del Estado, Dirección de Seguros y Banco de España- y ver si son viables y en caso contrario analizar qué ajuste hacer”, ha apuntado Fernández, quien ha reiterado que el objetivo es conseguir que la fintech’ compita “en las mejores condiciones y facilite la entrada a nuevos actores”. Para el presidente de la asociación, Jesús Pérez, ha defendido que no buscan una “regulación’ad hoc’ para las entidades fintech en España ajena al ordenamiento jurídico”.

¿Y cómo justificar esta regulación? Para el colectivo, contar con unas reglas del juego claras para estas actividades tiene varios beneficios. Pero destaca uno entre el resto: la posibilidad de mejorar la competitividad en la industria financiera española, conformada por grandes corporaciones.

Las cifras de la industria

Todas estas reclamaciones la hace un colectivo mientras mira a países con un desarrollo mucho más amplio del sector. Según las propias cifras de la asociación, en España, hay 215 empresas operando en el sector que, hasta la fecha, han recaudado más de 300 millones de euros de inversión. “Está muy lejos de los datos europeos, pues sólo en 2015 se invirtieron más de 5.000 millones en toda la Unión Europea (UE)”, ha resaltado Rodrigo García de la Cruz, vicepresidente del colectivo.