España todavía no ha superado el impacto negativo de la crisis y sigue siendo "vulnerable" debido al elevado nivel de deuda pública y privada y a la alta tasa de paro. Esa es la principal conclusión de la completa radiografía de la economía española que ha publicado este miércoles la Comisión Europea. El informe, de 77 páginas, vuelve a sugerir al Gobierno de Mariano Rajoy que suba el IVA a los productos a los que actualmente se aplica el tipo reducido (como alimentos, hostelería y transporte) y más reformas en el mercado laboral para reducir la elevada tasa de temporalidad.
"España ha llevado a cabo un ajuste económico sustancial, pero los desequilibrios que todavía quedan sin resolver hacen que la economía siga siendo vulnerable", concluye el informe. El Ejecutivo comunitario lamenta además que España apenas ha avanzado el último año en las reformas necesarias para corregir estos desajustes debido a la falta de un Gobierno con plenos poderes durante buena parte de 2016.
El estudio de Bruselas servirá de base para las nuevas recomendaciones de política económica que la UE dirigirá a España en junio. Antes, la Comisión mantendrá contactos bilaterales con el ministerio de Economía para negociar los ajustes. El mismo proceso se repetirá con los otros 26 países miembros (todos salvo Grecia, cuya economía sigue rescatada), que también han sido radiografiados por el Ejecutivo comunitario.
Subir el IVA
La Comisión avisa de que "los riesgos para la estabilidad presupuestaria (en España) siguen siendo altos a medio plazo". La deuda pública se sitúa en un nivel alto en torno al 100% del PIB y seguirá aumentando. El principal problema, según Bruselas, es que el ajuste fiscal no está suficientemente respaldado por los impuestos al consumo, en particular el IVA y las tasas medioambientales.
España sigue siendo uno de los países de la UE con menos ingresos de IVA. Ello se debe, apunta el informe, al gran número de exenciones y productos a los que se aplican tipos reducidos y súper reducidos. El resultado es una pérdida de ingresos del 59%, muy por encima de la media comunitaria del 44%.
Bruselas sostiene que un aumento del IVA en aquellos productos con tipo reducido aumentaría la recaudación en España entre el 0,2% y el 1,4% del PIB, dependiendo de su alcance. Y señala que cualquier efecto distributivo negativo podría evitarse o paliarse salvando de la subida los artículos más sensibles o compensando el aumento por otros medios, como las ayudas sociales.
Abuso de contratos temporales
La Comisión denuncia que el abuso de los contratos temporales en España "tiene un impacto negativo sobre la situación social y puede dificultar el aumento de la productividad". España es uno de los países con mayor tasa de temporalidad en la UE (26,5%) y además muchos de los contratos tienen una duración muy corta.
"Las recientes reformas en el mercado laboral parecen haber tenido un efecto ligeramente positivo a la hora de reducir la segmentación entre contratos temporales y fijos, pero algunos aspectos de la legislación laboral todavía pueden crear incentivos para la contratación temporal", dice el informe.
En concreto, el Ejecutivo comunitario cree que la mayor indemnización por despido que reciben los trabajadores fijos respecto a los temporales y los mayores costes de litigación para despedir a un empleado con contrato indefinido "podrían limitar los incentivos para que los empresarios hagan contratos fijos".
Ineficacia del gasto social
Bruselas denuncia que la ineficacia de las políticas sociales y la activación laboral en España frenan la reducción de la pobreza. El riesgo de pobreza o exclusión social empezó a disminuir en 2015, pero sigue siendo muy alto, especialmente para los niños. También aumenta el porcentaje de trabajadores pobres.
"La cobertura limitada de las prestaciones sociales distintas de las pensiones, y la falta de coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales, dejan a muchos parados sin apoyo en sus esfuerzos para regresar al mercado laboral", dice el informe.
Las ayudas para las familias son escasas y no se centran como deberían en las que tienen ingresos más bajos, según el Ejecutivo comunitario.
Más controles a los Gobiernos regionales
El Ejecutivo comunitario vuelve a reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy que aumente los controles sobre el gasto autonómico y que aplique de forma automática las sanciones previstas en la Ley de Estabilidad presupuestaria para los Gobiernos regionales incumplidores.
Durante el periodo 2013-2015, las comunidades autónomas fueron responsables de alrededor de un tercio del déficit público anual medio de España. Por ello, la Comisión pide que la reforma del sistema de financiación autonómica prevista para 2017 se utilice para aumentar los incentivos para la disciplina fiscal en los Gobiernos regionales.
Lucha contra la corrupción
El informe dedica un capítulo a las medidas de lucha contra la corrupción adoptadas en los últimos años, que para Bruselas son insuficientes. Denuncia que pese al aumento de casos judiciales que afectan a ayuntamientos y comunidades autónomas, no se ha puesto en marcha una estrategia coordinada para prevenir los riesgos de corrupción.
La Comisión critica además que España no haya adoptado ninguna de las medidas que ya le recomendó el año pasado, como mejorar la protección de los denunciantes, aumentar la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses o crear un registro de grupos de presión.
Al Ejecutivo comunitario le preocupa también el prolongado procedimiento judicial para los casos de corrupción. Pero no le parece correcta la reforma aprobada por Rajoy para reducir los plazos de las investigaciones. "Esta medida podría provocar impunidad en casos complejos de corrupción para los que los límites temporales serán insuficientes para construir una acusación", dice el informe.